Miguel Allende Foulques

En virtud de la inédita complejidad del sufragio, las mentes pensantes del INE con mas de 30 años de experiencia en organizar elecciones optaron por un modelo de votación en la cual los votos no van a ser contados por ciudadanos insaculados y capacitados para tal efecto, transgrediendo el fundamento principal de la ciudadanización de las elecciones.

A dieciocho días de una elección distinta, los mexicanos nos enfrentamos a una pregunta incómoda: ¿sabemos realmente lo que estamos eligiendo? No se trata de un simple acto administrativo, sino de un giro radical en nuestra democracia.

Junio está cerca, como los huracanes que la Dirección de Meteorología de la Secretaría de Marina anticipa y nuestro México vivirá un episodio inédito: los ciudadanos podremos votar por jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esta elección, fruto de la reforma constitucional de 2024, ha sido presentada como un avance democratizador. Pero, como suele ocurrir a veces con las grandes palabras, la realidad va por otra parte.

Si usted es de los que piensan que la democracia se reduce a depositar su voto en una urna cada tres años, es posible que no haya comprendido el verdadero alcance de lo que está en juego en la elección judicial.

El INE ha dejado claro que no será el árbitro de la probidad en la elección judicial del 1 de junio. Guadalupe Taddei, su presidenta, fue contundente: el Instituto aplica la norma, no interpreta sospechas.

Es crucial que cada uno de nosotros entendamos cómo funcionan estos tribunales y cómo elegir a quienes los ocuparán. De lo contrario, corremos el riesgo de dejar decisiones relevantes en manos de personas que no estén comprometidas con la Constitución y el Estado de Derecho.

Imagine un partido de fútbol sin árbitro. O peor: con árbitros que cambian las reglas mientras juegan. Hay quien asegura que, en algunos casos, así funcionaba (o dejaba de funcionar), la justicia en México hasta ahora.

En el actual proceso de elección judicial, ante las decisiones del Consejo General del INE y la actuación del TEPJF, se pone en cuestión, una vez más, la certeza, la legalidad, la transparencia y objetividad de los procedimientos, principios que, por su propia naturaleza, requieren tiempo suficiente para ser comprendidos, analizados y debatidos.

A estas alturas ya es urgente cuestionarnos si el hecho de elegir a quienes ocuparán los puestos judiciales realmente nos convierte en una sociedad más democrática. Porque, en realidad, hay teóricos que advierten que unas elecciones no garantizan en absoluto la democracia. Ejemplos sobran: el Vaticano, Cuba, Venezuela.

A partir del 30 de marzo de 2025, los más de 3,400 aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros comenzaron 60 días de campaña para convencer al electorado, que en su mayoría no sabe, mucho menos conoce de que va la elección del próximo 1 de junio, de su idoneidad para impartir justicia. La ciudadanía simplemente saldrá a votar por el más popular, como si se tratara de un concurso de TikTok, ni siquiera cuenta con información del nivel de las enajenantes realitys shows tan en boga los domingos por la noche.

La elección judicial, que ha puesto a prueba la paciencia y la credibilidad de todos los involucrados, se ha convertido en una de esas comedias de enredos que tanto le gustan al público amante del absurdo.

En Guanajuato… seguimos formando parte de los quince estados que, con una elegancia digna de su historia, no han logrado armonizar su Ley estatal con la federal en materia judicial. Esto, claro, significa que nos conformaremos con votar por quienes se postulan a nivel federal, ya luego vendrá el 2027 y que lo atienda el Instituto Electoral Local (IEEG).