Miguel Allende Foulques

El IEEG empezó su proceso electoral 2026-2027 con ceremonia cívica, banderazo, discursos sobre certeza y objetividad... y, en paralelo, una bomba de tiempo llamada "Propuesta de Acción Afirmativa Reforzada". Bonito nombre para algo que, en corto, significa: en 13 municipios donde nunca ha gobernado una mujer ningún hombre podrá ni siquiera asomarse a la boleta.

 

En una democracia, las reglas electorales no son meros trámites; son la garantía que aseguran que la competencia por el poder sea justa e institucional. Sin embargo, cuando la violación a estas normas se vuelve cotidiana, y los organismos responsables de que se cumplan voltean hacia otro lado, el sistema democrático corre el riesgo de vaciarse de contenido. Es urgente el llamado a la responsabilidad ciudadana.

 

El INE se apresura a encogerse de hombros, con un discurso deshumanizante que minimiza la sangría, bajo el pretexto de que sólo se trata de empleos temporales, contratos por honorarios que expiran con las fases del ciclo electoral, así piensan, como si la lealtad y el pan de la tropa tuvieran fecha de caducidad.

Desde la llegada del nuevo siglo, 26 años van desde entonces, ha proliferado una costumbre mexicana, casi ritual, de anunciar cada proceso electoral como "el más importante de la historia reciente". Guanajuato capital, sin embargo, tiene esta vez un argumento menos declamatorio y más incómodo: por primera vez en dos décadas, ningún partido puede dar por sentada la victoria. 

Leíamos en la edición de “Paralelo X”, que el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona, candidato a integrar la Comisión de Verificación de Integridad en las Candidaturas del Consejo General del INE, puso sobre la mesa una idea que, aunque todavía no la detalla ni mucho menos llega al pleno de dicho “órgano colegiado”, merece que la entendamos bien antes de que se convierta en debate de pasillo: que los ciudadanos puedan votar dos veces distinto en la misma elección. Una boleta para elegir al diputado de su distrito. Otra, separada, para decidir qué partidos prevalecerán por la representación proporcional en el Congreso.

El INE acaba de repartir dos gafetes nuevos en la herradura de la política nacional. Somos México y PAZ ya pueden sentarse a competir por votos, presupuesto y minutos de radio y televisión. Otros dos aspirantes —México Tiene Vida y Que Siga la Democracia— se quedaron parados en la puerta, con la carpeta de documentos bajo el brazo y una tibia promesa de que "lo intentarán en el tribunal".

Un ejercicio de pedagogía cívica para lectores que aún se resisten a confundir la política con el circo.
Hay imágenes que deberían venir con manual de instrucciones y advertencia sanitaria. 

 

Resulta que aquella famosa reforma judicial de 2024, presentada como obra maestra de la democracia directa, ahora resulta que venía con “detalles”. ¿Detalles? Como aquellos que devinieron en la ausencia en Italia 90 por el escándalo de los cachirules, donde nos descubrieron trampa y nos dejaron fuera del mundial.

 

En el fascinante mundo de los tiempos electorales, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato ha descubierto una fórmula revolucionaria: la retrospectiva como presente. Acaba de presentar el libro "Memorias de la Red de Género de Consejeras", un documento que reconstruye con lujo de detalle y desde la perspectiva de varias exconsejeras distritales el proceso... de 2020-2021. Cinco años después.

 

Hay políticos que creen que gobernar consiste en pavimentar calles, administrar recursos públicos y resolver problemas colectivos. Y luego están quienes parecen convencidos de que la verdadera esencia del servicio público radica en convertir la vulgaridad en marca personal. 

 

El INE propone aplazar la elección judicial de 2027 a 2028. Detrás del número hay una pregunta que la ciudadanía merece comprender: ¿es esto sensatez institucional o simplemente el reconocimiento tardío de un diseño inoperante?

Vaya espectáculo. Tres consejeros del INE designados en tiempo récord, sin voces incómodas y con la precisión de un reloj de pared que ya todos sabemos a qué hora da las campanadas. No hubo sorpresa, claro. La farsa fue tan burda que ni siquiera entretiene: aburre, como aburre ver al mismo mago sacar el mismo conejo del mismo desgastado sombrero. 

 

El INE, aquel monstruo de mil cabezas ciudadanas que tanto espanto daba a los dinosaurios priistas, agoniza por encargo. Miren el proceso de selección de consejerías: opaco como un voto en los ochentas, con un Comité Técnico de esos que llaman “de bajo perfil” cuando en realidad quieren decir “de nulo perfil”. 

 

En política, como en el fútbol, hay derrotas que enseñan… y otras que exhiben. Esta parece pertenecer, sin mucha discusión, a la segunda categoría.

 

Hay una máxima en el oficio electoral que no debería sorprender a nadie, y es de esas verdades que no deberían olvidarse, pero que en estos días parece haberse extraviado en los pasillos del poder: las urnas no entienden de plazos políticos. 

 

En política, como en la navegación, hay decisiones que no cambian el rumbo del barco… pero sí alteran quién da las órdenes en el puente de mando. El llamado plan B de la reforma electoral entra en esa categoría: no toca el artículo 41 Constitucional, columna vertebral del sistema electoral mexicano, pero introduce ajustes que, sin ruido excesivo, pueden modificar los equilibrios construidos durante las últimas 3 décadas.

 

A la famosa “derrota calculada” —que en el argot político mexicano viene siendo como ese revés que se negocia en corto para evitar males mayores— le siguió el anuncio matutino de la presidente Sheinbaum: el 16 de marzo presentarán la nueva reforma electoral. Y ojo, porque lo que viene no es coser y cantar, sino cirugía mayor con el cuchillo del chef como bisturí.

 

La reforma electoral que propone Claudia Sheinbaum nace —si atendemos al contexto político— como una criatura que llegan al mundo con acta de defunción bajo el brazo. No porque carezca de ambición, sino porque su viabilidad depende de una aritmética legislativa que hoy no existe. 

 

En resumen: lo que conocemos hasta el momento es una reforma a la representación popular sofisticada sobre el papel, pero que orienta hacía la concentración de poder. Lo que debería ser un mecanismo para corregir distorsiones puede terminar premiando al partido grande. 

Uno podría pensar, con cierta ingenuidad provinciana, que cuando el hacha de las reformas se cierne sobre el pescuezo de una institución, sus guardianes al menos simularían algún espasmo defensivo. Pues no, al parecer no es el caso. Los días y las semanas han pasado y en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato —ese microclima burocrático donde el tiempo parece transcurrir a la velocidad de una siesta en la campiña cervantina— han optado por una postura filosófica de altos vuelos (aunque nomás corra), como modelo de gestión pública.