Firewall ciudadano: claves y controles. El guion y los ensayos

La elección judicial, que ha puesto a prueba la paciencia y la credibilidad de todos los involucrados, se ha convertido en una de esas comedias de enredos que tanto le gustan al público amante del absurdo. En este caso, nos referimos al protagonismo de dos actores que, como en las mejores tradiciones del teatro político mexicano, se han lanzado reproches y justificaciones con un toque de ironía que no deja de sorprender. El Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han protagonizado una serie de desencuentros que bien podrían haber sido escritos por un guionista de telenovelas, si no fuera porque los personajes están jugando con la credibilidad y el futuro de las instituciones. Aunque parece que el INE intenta controlar la situación, no puedo evitar preguntarme si realmente tienen un plan o simplemente estamos ante un experimento improvisado.

Recordemos que hace solo algunos días, la Sala Superior del TEPJF, bajo la conducción de la Magistrada Mónica Soto, modificó el acuerdo aprobado previamente por el INE sobre los topes de campaña para los aspirantes a cargos en el Poder Judicial.

Luego, le ha tocado a los Lineamientos de Fiscalización, esos tan conocidos documentos que cualquiera podría leer “de forma sistemática y congruente” si se le diera la gana. Por supuesto, el INE se limitó a considerar dos tipos de infracciones posibles, cuando en realidad, como señala el TEPJF, todo un catálogo de sanciones debía estar a disposición para adaptarse a las “particularidades del caso”. Nada como darle más espacio a la creatividad jurídica, porque, ¿quién necesita reglas claras cuando se puede improvisar? La Sala Superior del TEPJF determinó que los candidatos de la elección judicial perderán el registro si incurren en hechos graves de todo tipo estipulados en la Constitución y las leyes.

Este episodio de "ajustes legales" no es el único en el que se ven envueltos. No perdamos de vista el hecho mencionado líneas arriba, el Tribunal Electoral ha decidido, en su sabiduría infinita, ordenar al INE que suba los topes de campaña. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien la lógica básica diría que las campañas deberían ser lo más accesibles posible para todos los candidatos, la realidad es muy diferente. Algunos de los consejeros del INE aceptaron la orden, pero no sin antes señalar que, con estos nuevos topes diferenciados, lo que se logrará es una clara división entre ricos y pobres en la contienda, faltaba más, ahora con el discurso polarizante tan de moda. Los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ejemplo, podrán gastar hasta un millón 468 mil 841 pesos, mientras que aquellos que se atrevan a competir por un cargo más modesto, como los jueces, verán limitados sus gastos a unos “humildes” 220 mil 326 pesos.

Aquí es donde el sarcasmo se hace inevitable. El INE, en su intento por “ajustarse” a la orden del TEPJF, ha aprobado los nuevos topes, que ya habían sido presentados en sesión anterior y que no pasaron la criba de las mayorías, pero con el mismo sentido de incomodidad que experimenta el actor que sabe que está participando en una escena que no tiene mucho sentido, pero que, por razones de guion, no puede salirse. Las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, junto con los consejeros Arturo Castillo y Jaime Rivera, justificaron su voto afirmando que estaban “acatando” la orden, pero que no estaban del todo felices con la idea de ver multiplicados y diferenciados los montos de los gastos de campaña. Por su parte, los consejeros Uuc-Kib Espadas y Arturo Castillo coincidieron en que los magistrados debieron establecer la inaplicabilidad de la ley antes de obligarlos a violarla. Es increíble cómo las cosas siguen sucediendo, como si todo estuviera predestinado a la confusión.

Después de todo, uno se pregunta: ¿es realmente equitativo que un candidato con menos recursos, que probablemente no alcanzará los 1.4 millones de pesos, deba competir en una campaña donde el dinero puede ser tan determinante como el discurso? La respuesta parece ser un claro “no”.

Como era de esperarse, la situación no pasó desapercibida para los observadores políticos, quienes no han dudado en llamar a este proceso electoral judicial como una prueba de la falta de coordinación y planeación. En lugar de realizar un ejercicio bien pensado desde el principio, todos los involucrados parecen estar experimentando una serie de “prueba y error”, como si este fuera un ensayo general que continua cuando las campañas ya han comenzado, aunque no formalmente, al menos para las altas magistraturas.

Lo cierto es que esta elección judicial, con sus topes de gastos de campaña elevados y las decisiones judiciales que le componen la plana al INE, pone en riesgo no solo la credibilidad del INE y el TEPJF, sino también la integridad del proceso electoral. Si la política y la justicia en México siguen funcionando bajo este esquema de ajustes improvisados, la próxima vez que se nos hable de “equidad” y “transparencia”, más de uno se preguntará si todo esto estaba en el guion cuando el Consejo General del INE aceptó la tarea. En este contexto, lo que vemos en el manejo de los topes de campaña en el ámbito judicial no solo pone en riesgo la equidad de la contienda, sino también la confianza en el sistema político que tanto necesita fortalecer su legitimidad.

Mientras tanto en Guanajuato…  El creciente rechazo de los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla, se suma a la tendencia nacional; se veía venir y la Junta Local de Guanajuato ha decidido redirigir sus “esfuerzos” hacia eventos que, por supuesto, poco o nada tienen que ver con la importancia de los tiempos de la elección judicial.