Es crucial que cada uno de nosotros entendamos cómo funcionan estos tribunales y cómo elegir a quienes los ocuparán. De lo contrario, corremos el riesgo de dejar decisiones relevantes en manos de personas que no estén comprometidas con la Constitución y el Estado de Derecho.
Opinión24 de abril de 2025 Miguel Allende Foulques
En México, el proceso electoral judicial está en marcha y con él la posibilidad de que los ciudadanos voten por quienes ocuparán importantes cargos dentro del Poder Judicial, elegir a las personas encargadas de impartir justicia en diferentes niveles pues. ¿Pero cómo afecta esto realmente a nuestra vida cotidiana? Vamos a desglosarlo de la manera más simple posible de menos a más importante.
Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
Las Salas Regionales del TEPJF resuelven los problemas electorales que ocurren en los estados. Cuando los tribunales locales no logran solucionar una disputa sobre las elecciones a nivel estatal, las Salas Regionales tienen la autoridad para intervenir, confirmar, invalidar o cambiar las decisiones tomadas, excepto en el caso de las gubernaturas.
¿Por qué es importante? A nivel local, las Salas Regionales revisan las elecciones de gobernadores, presidentes municipales y otros cargos. Por ejemplo, recordemos que en 2021 la Sala Regional Xalapa del TEPJF anuló las elecciones en varios municipios de Veracruz debido a irregularidades graves, como la compra de votos, violencia política y otros delitos electorales. Esta decisión incluyó 17 ayuntamientos, lo que obligó a convocar nuevas elecciones en esos municipios.
La Sala Regional Xalapa determinó que las pruebas presentadas por los impugnantes (en su mayoría partidos políticos), demostraban que las elecciones en esos municipios habían sido contaminadas por prácticas ilegales, lo que violaba el principio de libre sufragio. Como resultado, se ordenó la repetición de las elecciones en esos municipios, un proceso que, aunque fue largo y costoso, demostró la capacidad del sistema judicial para corregir abusos electorales. Sin ellos, no habría un contrapeso contra los fraudes o errores en elecciones locales. Su trabajo garantiza que los votos se cuenten con justicia, aunque no siempre sean infalibles.
Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
Este tribunal tiene una función clave en el proceso electoral: resolver los conflictos que surgen durante las elecciones. Cuando hay disputas entre partidos políticos, candidatos o ciudadanos sobre los resultados, la Sala Superior del TEPJF es el último lugar donde se resuelven esas controversias de manera definitiva e inatacable.
¿Por qué es importante? Es el tribunal encargado de declarar la validez de las elecciones presidenciales. En 2006, tras la polarizada elección entre Felipe Calderón y López Obrador, la Sala Superior del TEPJF revisó miles de casillas y confirmó el triunfo de Calderón por un margen mínimo. Su fallo evitó una crisis política mayor, pero también dejó en evidencia los límites del sistema para calmar descontentos sociales.
Pero no todo en este tribunal parece tan glorioso. Últimamente, su desempeño ha estado bajo la lupa, especialmente en lo que respecta a la elección judicial. Los cuestionamientos son de cada día. Si bien hace falta ese respaldo legal que nos permita creer que aún hay justicia en este país, algunos han comenzado a preguntarse si las decisiones del TEPJF no están, de alguna forma, adornadas con filtros de colores un tanto dudosos. Y no hablo de metáforas: basta con mirar a su presidente, Mónica Soto, quien ha decidido literalmente poner lentes de color para hacerle frente a la realidad de la justicia que supuestamente imparte. En este país, parece que ya ni la justicia se atreve a verse con ojos desnudos.
Ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país. Su función principal es asegurar que todas las leyes y actos de autoridad estén alineados con la Constitución, y que no violen los derechos humanos de los mexicanos.
¿Por qué es importante? Cada vez que una ley es aprobada en el Congreso, puede ser impugnada si se considera que viola la Constitución. La SCJN tiene la última palabra sobre esos temas. Las decisiones que toma afectan desde la forma en que vivimos hasta cómo se distribuyen los recursos públicos. Por ejemplo, en 2021, la SCJN votó para despenalizar el aborto en ciertas circunstancias, una decisión histórica que cambió la vida de miles de mujeres en México.
Unos años antes, en 2014, el gobierno mexicano aprobó una serie de impuestos en un esfuerzo por mejorar la salud pública, en particular un impuesto sobre bebidas azucaradas y ciertos productos considerados como comida chatarra. Aunque estos impuestos tenían la intención de disminuir el consumo de productos que contribuyen a enfermedades como la obesidad y la diabetes, en un inicio, hubo incertidumbre sobre cómo se aplicarían estos cobros y cómo afectarían a los consumidores de clase media y baja, especialmente en términos de precios y accesibilidad a productos.
En este caso específico, la SCJN dictó que los consumidores de productos no etiquetados adecuadamente no podían ser castigados por el mismo gravamen, lo que condujo a un cambio significativo en la manera en que los productos se etiquetaban y cómo se aplicaban los impuestos.
El poder judicial en México no debería ser algo distante ni abstracto. Las decisiones tomadas por estos tribunales, desde la Suprema Corte hasta las Salas Regionales del TEPJF, tienen un impacto directo en la vida de cada mexicano. No solo se trata de resolver disputas legales, sino de garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con equidad y justicia, sin importar su lugar de residencia, su partido político o sus creencias personales.
Por eso, es crucial que cada uno de nosotros entendamos cómo funcionan estos tribunales y cómo elegir a quienes los ocuparán. De lo contrario, corremos el riesgo de dejar decisiones relevantes en manos de personas que no estén comprometidas con la Constitución y el Estado de Derecho.
Mientras tanto en Guanajuato… La Junta Local del INE y su delegado Jaime Juárez, insisten en sus grandilocuentes “reuniones de trabajo”, donde los encargados de la elección judicial en los distritos son arrastrados a la pista. Allí, su “maestro” marca el compás y ellos, obedientes, bailan. Así, entre piruetas burocráticas y la santa inquisición atenta, la seriedad electoral se quiebra, como huevo de Pascua bajo la bota del primer cacique que pasa.
La gentrificación es el nuevo rostro del despojo urbano, donde las grandes ciudades han convertido barrios populares en zonas de moda, con el desplazamiento silencioso de quienes los habitan.
La instrumentación de la Ley Espía en el país dentro de los próximos meses, no solamente pretende el control totalitario de la masa social de aproximadamente 130 millones de habitantes; a todos nos será impuesta mediante la CURP biométrica y no será posible eludir la realización de cualquier tipo de trámite administrativo, público y privado donde no sea un requisito sine qua non.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la presidencia por lo que pudiera decir Ovidio Guzmán, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos.
He abierto este texto a propósito de unas declaraciones públicas -poco reflexivas y menos democráticas- ofrecidas por Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo del INE en el estado, en estas afirma 3 de los grandes mitos de la no participación ciudadana en los procesos electorales.
Salvador Camarena cuestiona cómo creer al gobierno que datos en su poder no serán utilizados (again) contra adversarios políticos o activistas, y qué prometen a cambio del fin de la privacidad.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la presidencia por lo que pudiera decir Ovidio Guzmán, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos.
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El nuevo decomiso sigue al operativo de hace una semana contra una de las mayores redes de robo de combustible del centro del país, y las redadas en puertos contra el huachicol fiscal.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que fue el propio gobierno estatal quien denunció el hallazgo ante la FGR. “En cuanto se tuvo conocimiento, se dio parte a la autoridad federal, que es competente en estos casos”, declaró. Añadió que aún se investiga cuánto tiempo llevaba operando la toma clandestina. El director del parque, Paulo Bañuelos Rosales, acudió al Ministerio Público Federal el 26 de junio para presentar la documentación que acredita la propiedad estatal del predio, con el fin de deslindar responsabilidades.
Los diputados mencionaron la concesión de la autopista Silao-Guanajuato, la dilación en la ampliación de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende debido a deudas pendientes, contratos con SEGURITECH, el FIDESSEG y la creación de Gto Leasing Services como puntos críticos que requieren investigación.
