La diputada morenista Hades Berenice Aguilar Castillo, pidió que el Congreso del Estado exhorte a la  Secretaría de la Honestidad para que inicie, de oficio, una investigación integral sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés relacionados con Juan Antonio Reus Montaño como titular del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato, y de encontrarse indicios o hallazgos que lo confirmen, presente las denuncias penales correspondientes.

Sesionó la Diputación Permanente y dio cuenta con la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, formulada por la gobernadora del estado, con el propósito de modernizar la función notarial, hacer más eficiente su operación y armonizar la legislación con criterios constitucionales y judiciales recientes.

También inició análisis de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de reconocer y garantizar la atención psicológica permanente, preventiva, periódica, especializada y confidencial para las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública. Dicha propuesta se enviará a la Secretaría de Seguridad y Paz, a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.

Durante la presentación de la propuesta, la diputada Yesenia Rojas Cervantes destacó que Guanajuato dio un paso histórico al modificar la Constitución para reconocer a la comunidad migrante y su unidad familiar, pero subrayó que ese avance debe traducirse en acciones concretas para garantizar sus derechos.

La diputada Carolina León Medina presentó un punto de acuerdo para exhortar gobernadora para que la Secretaría de Salud estatal garantice la aplicación universal, gratuita, oportuna y efectiva del tamiz oftalmológico neonatal (tamiz visual) en las instituciones públicas de salud de la entidad, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y el derecho humano a la protección de la salud.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que la propuesta plantea reconocer de manera más adecuada el esfuerzo económico que realizan las familias para cubrir servicios educativos, mediante la actualización de los límites establecidos para las deducciones por colegiaturas, así como la incorporación de otros gastos vinculados con la formación escolar.