Firewall ciudadano: claves y controles. La Elección Judicial y el Juego de Responsabilidades

El INE ha dejado claro que no será el árbitro de la probidad en la elección judicial del 1 de junio. Guadalupe Taddei, su presidenta, fue contundente: el Instituto aplica la norma, no interpreta sospechas. Si un candidato huele a rancio, será el Senado —que ya revisó sus perfiles— y el Tribunal Electoral quienes decidan si lo retiran después de la votación. Un sistema que parece diseñado para que la ciudadanía vote primero y pregunte después.

Fernández Noroña, presidente del Senado, admitió que entre los candidatos hay abogados de narcos y jueces con historiales turbios. Exigió al INE actuar, pero la ley no lo permite. Taddei, Consejera Presidente del INE, le recordó que los tres poderes del Estado ya filtraron esas candidaturas. Aquí no hay error: es el sistema funcionando como está planeado. En tanto, la Corte y organismos internacionales han advertido que someter a los jueces al voto popular los expone al crimen y a la politiquería. La presidente Sheinbaum, por su parte, confía en que el Tribunal Electoral actuará… si llegan pruebas. Pero en México, las pruebas suelen llegar tarde, cuando el daño ya está hecho.

Este proceso, una vez más, revela otra grieta peligrosa en nuestro sistema. Por un lado, se exige transparencia, pero por otro, los mecanismos para garantizarla llegan a destiempo. Imagine usted comprar un billete de lotería sin saber si está premiado o vencido: eso es lo que ocurrirá el 1 de junio. Los votantes elegirán jueces cuyos expedientes podrían anularse después, cuando ya estén en funciones. ¿Quién responde entonces? Nadie. El Senado dirá que cumplió, el INE que solo siguió órdenes, y el Tribunal Electoral actuará cuando el escándalo estalle (y seguramente seguirá con su votación de 3-2 a favor de quienes mandan). Mientras, los únicos perjudicados serán la justicia y los ciudadanos. La lección es clara: sin filtros previos, rigurosos, la elección judicial por voto popular puede convertirse en un tiro al aire... La democracia como farsa tragicómica.

Lo que estamos presenciando revela un vacío peligroso. Por un lado, el INE argumenta que corresponde al Senado y al Tribunal Electoral realizar las revisiones de integridad. Por otro, esos mismos órganos ya avalaron las listas de candidatos que hoy se cuestionan. Es un sistema circular donde nadie asume la responsabilidad completa, y donde la ciudadanía está llamada a votar por perfiles que podrían ser invalidados después de la elección.

Expertos han señalado que esta omisión, la de las revisiones serias de integridad de los candidatos, viola principios básicos de ética pública. La falta de auditorías patrimoniales, revisiones de antecedentes o declaraciones públicas de conflicto de interés abre la puerta a que intereses ajenos a la justicia capturen el poder judicial.

Lo grave es que el debate se ha extraviado en la arena de la polarización, mientras la raíz del mal –ese sistema opaco de selección– sigue intacta y sin atender.

El llamado es claro: si México quiere una justicia creíble, los órganos responsables deben ir más allá del cumplimiento técnico de la ley. La elección popular de jueces no puede ser una fachada para legitimar candidaturas cuestionables. Si el experimento, ya constitucionalmente establecido, de la elección judicial continúa, se debe reformar para el 2027, será urgente establecer mecanismos de transparencia previos a la votación, donde la incorporación de la sociedad civil sea un factor determinante para retomar la confianza ciudadana. De lo contrario, el mensaje será que, en materia judicial, la impunidad sigue siendo la norma.

Finalmente, sería deseable que, así como ha sido implacable con la aplicación de su política de género en las diversas elecciones, el INE priorice la ética, tanto al interior como al exterior, y asuma su responsabilidad como garantes de la integridad pública.

Mientras tanto en Guanajuato… El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, Jaime Juárez Jasso, sigue envuelto en su aura de guarismos, ahora responsabilizando a las oficinas centrales del INE del bajo número de casillas que se instalarán en la entidad: 3 mil 929 contra las 8 mil 144 que se ubicaron en la elección del 2024. Y que esta cifra previene que cada casilla podría recibir hasta 2,250 votantes a lo largo de las 12 horas que estarán abiertas. Hagamos matemáticas de primaria: si acude el 50% (generoso para un estado con histórica abstención), serían 93 ciudadanos por hora. Ahora sume: 6 boletas llenas de nombres para decidir.

El Delegado Juárez, como Poncio Pilatos, se lava las manos y es enfático al decir que es por falta de presupuesto, que la responsabilidad es del centro, pero omite explicar cómo evitarán el caos en ciernes, tampoco menciona que esta reducción de casillas inhibe la participación de la ciudadanía, que esta reducción de casillas aumentará el tiempo de votación que requiere cada ciudadano para ejercer su derecho. El funcionario, con la diligencia de quien cree que reunirse mucho es sinónimo de hacer algo, no cesa en su afán de juntas tan largas como inútiles. Fiel a la escuela de la evasiva elegante, opta por no hacerse responsable de nada, como si la omisión fuera una virtud cívica. Reducir parece ser la palabra clave. ¿Existirá alguna estrategia en Guanajuato para que el pueblo acuda a las casillas a 1 mes del día de la elección? ¿O ahora dirá que eso depende ya de Shenlong y Goku de Dragon Ball Z?