“El 80% de las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones en los cargos nacionales de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral y el 85% en Salas Regionales”. Consejero Arturo Castillo en la sesión del Consejo General del INE del 15 de junio de 2025.
Opinión20 de junio de 2025 Miguel Allende Foulques
“Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones, 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de terceros y por lo tanto prohibidos, fueron al menos 37 modelos distintos de acordeones distribuidos en 15 entidades de la República y algunos a nivel nacional”.
“El 80% de las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones en los cargos nacionales de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral y el 85% en Salas Regionales”. Consejero Arturo Castillo en la sesión del Consejo General del INE del 15 de junio de 2025.
Desde el pasado 15 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), ha venido validando los resultados de la elección judicial: ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y consejerías de la Judicatura. Una decisión legalmente formal, sí, pero políticamente perforada por dudas, irregularidades y una abstención histórica.
El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, publicado el 6 de junio, advirtió sobre la “baja participación ciudadana”, apenas 13% del padrón, lo cual deja al proceso en un frágil estado de legitimidad. Esa fotografía no cambia simplemente por el hecho de que ya se imprimieron los resultados.
Lo que ese estudio y los reportes de diversos medios de comunicación confirmaron fue más grave: el uso de acordeones fue omnipresente. Estos folletos con nombres preseleccionados circularon libremente en plazas públicas, oficinas gubernamentales e incluso escuelas, sin transparencia sobre su origen ni financiamiento. El INE, reconoció su distribución y ordenó detenerlo, pero muchos siguieron su marcha mientras Tadei y su mayoría miraban para otro lado.
También hubo voces internas que levantaron la mano. Algunos consejeros declararon que las irregularidades eran suficientes para cuestionar la legalidad del proceso. No buscaron protagonismo, sino claridad: ¿cómo asumir la validez de un proceso contaminado por recursos opacos y presión marcada?
Y todo esto en un contexto de advertencias previas. Durante mayo, el TEPJF avaló restricciones —más declarativas que coercitivas— para frenar el reparto de “acordeones”, pero permitió que los ciudadanos llevaran sus propias notas a la casilla. Una medida que mezcla lógica libre y permisividad estructural, dejando abierta la puerta a la “recomendación” dirigida. (Digámoslo claramente: ¿es totalmente normal que miles de personas, sin ponerse de acuerdo, mágicamente elijan exactamente las mismas combinaciones entre más de 7 mil millones de posibilidades? Pura coincidencia cósmica, seguro). La tragedia no fue la reforma en sí, sino cómo se implementó: sin pedagogía, sin condiciones, sin respaldo ciudadano. En esto ni el Tribunal ni el INE pueden lavarse las manos, mucho menos desgarrarse las vestiduras.
Al menos existen cuatro razones a la vista por las que considero que validar la elección judicial es un error:
1. Abstención histórica. Solo el 13% participó. Validar con tan baja representación equivale a legitimar una farsa con etiqueta democrática.
2. Acordeones y opacidad. La existencia de material proselitista no transparente corroe la equidad electoral.
3. Falta de control institucional. El INE actuó demasiado tarde y demasiado terso. Reaccionó a medias, sin sanciones contundentes. Su tendencia al oficialismo lo hizo endeble, sin coherencia con sus principios rectores.
4. Dudas internas. La división interna tanto en las decisiones del INE, como en las determinaciones del Tribunal Electoral amplifican las dudas, consejeros y magistrados que discrepan no buscan teatro; buscan el Estado de Derecho.
Si validar este proceso deja contento al oficialismo, legalmente válido, políticamente deslegitimado y vacuo, ¿qué mensaje mandamos? Que la democracia puede sostenerse con total legalidad, aunque sin convocatoria, sin información y sin independencia judicial real.
Peor aún, se abre la posibilidad de que esta elección se normalice y se replique, con “ajustecitos” legales y mensajes publicitarios. Un modelo que hace del voto popular un cliché de control institucional en lugar de un ejercicio de libertad.
Esto no significa que la elección judicial sea inviable per se. Pero para convertirse en una herramienta válida, requiere, al menos: Transparencia total en financiamiento y recursos. Educación ciudadana. Supervisión firme y sanciones reales. Control efectivo de los materiales electorales.
Ahora bien, esta elección judicial no es un asunto que se cierre de un portazo; aún falta un buen trecho por delante. El INE inicio el reparto de constancias el domingo 15 de junio, claro, siempre y cuando los afortunados cumplan con los “requisitos” y no estén en la lista negra del famoso protocolo “8 de 8 Contra la Violencia”. Luego vienen las revisiones, las fiscalizaciones y, cómo no, las impugnaciones que pasarán a manos de los tribunales. Al final, el Tribunal Electoral tendrá la última palabra… y nosotros, a esperar lo que ya está decidido en la Sala Superior del TEPJF: los tres de siempre: la presidente magistrada Mónica Soto, junto con los dos “Felipes”, Fuentes y De la Mata, mayoriteando a dos que luchan sensata y jurídicamente por mantener la independencia judicial: Janine Otalora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.
“Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas, que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen”, Consejera Dania Ravel, en la sesión del Consejo General del INE del 15 de junio de 2025.
Mientras tanto en el limbo… “Yo sí voy a defender con todo el trabajo que sí se hace bien en todas las áreas (…) No admito que por 818 casillas, contra más de 80 mil, se ponga en duda ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto; aceptémoslo, colegas, tuvimos un proceso electoral excelente. El INE cumplió y cumplió bien”. Guadalupe Tadei, Consejera presidente del INE, mientras proclamaba a youtube como un mantra de transparencia, en la sesión del Consejo General del INE del 15 de junio de 2025.
Algo no entiende Guadalupe Tadei, lo que se puso en la mesa no fue la actuación de los integrantes de las juntas distritales, ni su profesionalismo, sino toda la sedimentación turbia que se acumuló alrededor de la elección judicial y, por consecuencia impactó al voto de la ciudadanía. Alguien tendrá que decírselo.
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