Firewall ciudadano: claves y controles. Temporada de huracanes y depresiones tropicales

Junio está cerca, como los huracanes que la Dirección de Meteorología de la Secretaría de Marina anticipa y nuestro México vivirá un episodio inédito: los ciudadanos podremos votar por jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esta elección, fruto de la reforma constitucional de 2024, ha sido presentada como un avance democratizador. Pero, como suele ocurrir a veces con las grandes palabras, la realidad va por otra parte.

No son pocos los analistas políticos y jurídicos que han expuesto algunos con sobriedad y otros con pasión, las grietas profundas de este proceso. Lo que debiera ser un ejercicio cívico ejemplar está marcado, desde su origen, por la prisa legislativa, la ausencia de ética política y el desdén por las condiciones mínimas de equidad electoral. La promesa de una justicia ciudadanizada se enfrenta, en los hechos, a los riesgos de una captura política del Poder Judicial.

Uno de los puntos más preocupantes fue la reducción presupuestal impuesta por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados al Instituto Nacional Electoral (INE). Le han restado recursos en un momento crucial, justo cuando debía garantizarse un proceso sólido, imparcial, con reglas claras y mecanismos de fiscalización robustos. Sin dinero, no hay fiscalización efectiva, ni capacidad técnica suficiente para un proceso de esta magnitud. Es una contradicción lépera: se convoca al pueblo a elegir, pero se le priva de las garantías básicas para que esa elección sea limpia.

A esto se suma la ausencia de filtros eficaces para impedir la participación de aspirantes con posibles vínculos al crimen organizado. Un fenómeno que, como ha quedado demostrado en otros procesos, no es anecdótico. En estados donde el crimen tiene una fuerte presencia territorial, la posibilidad de que influya en candidaturas judiciales no es una paranoia: es una probabilidad.

El panorama se agrava con la previsión de una baja participación ciudadana. ¿A quién le interesa, realmente, votar por un magistrado? ¿Cuántos conocen los perfiles, las trayectorias, los intereses detrás de cada nombre? La falta de pedagogía institucional y de cobertura informativa de calidad contribuye a un desinterés que puede tornarse en abstención masiva.

Si la mayoría se ausenta, el voto corporativo —estructurado desde sindicatos, partidos o grupos de poder— será quien decida la composición del nuevo Poder Judicial. Una elección ciudadana que, paradójicamente, puede alejar aún más la justicia del ciudadano común.

Para los jóvenes, esta elección representa un campo de acción vital. No por entusiasmo, sino por necesidad. Lo que se está definiendo no es solo el modo de seleccionar jueces, sino el tipo de justicia que tendrán durante las próximas décadas. El ideal de una generación que exige transparencia, ética pública y participación puede encontrar aquí un terreno fértil para la crítica, el activismo y la exigencia informada.

En suma, lo que se nos quiere vender como una conquista democrática puede esconder una trampa de cálculo político. Al no estarse enfrentando con inteligencia, vigilancia ciudadana seria (no la de los observadores inscritos por sindicatos y asociaciones cuestionables), y participación activa, las elecciones judiciales de 2025 pueden convertirse en una simulación más. Una puesta en escena que sirve para legitimar decisiones tomadas desde arriba, sin control ni contrapesos reales.

En un arrebato de optimismo me da por pensar que aún hay margen: Este proceso puede ser una escuela cívica para las nuevas generaciones si logra despertar el sentido crítico. La juventud mexicana ha demostrado, en otros momentos, que no es indiferente. Esta vez, su tarea no es solo votar, sino exigir reglas claras, transparencia, perfiles honorables y mecanismos que aseguren que los tribunales no se conviertan en botines.

El problema no son los objetivos que persigue la reforma, sino la manera en que se ha echado a andar: sin responsabilidad política, sin planificación, y sin respeto al principio más elemental de toda democracia que se diga serlo: que la forma es tan importante como el fondo. Cuando se quiere construir algo nuevo, el método importa tanto como el objetivo.

En un tema paralelo y con el más puro espíritu de la lógica administrativa mexicana, el INE —ese titán de la democracia— decidió que las 26 candidaturas judiciales con señalamientos diversos (y no precisamente de virtudes), seguirán adelante como si nada. Eso sí, con una pequeña salvedad: como el Instituto no llevó el registro, pues tampoco puede meterse a revisar si los candidatos son elegibles... todavía. Esa minuciosa tarea la dejarán para cuando ya estén electos, no vaya uno a desconfiar antes de tiempo. Y si algo sale mal, siempre queda la esperanza de que la fiscalización, ese unicornio institucional, descubra alguna cosilla turbia entre ingresos y egresos, y —con un poco de suerte— se cancele algún registro de alguien no probo. Pero solo si es grave, claro, porque para pequeñeces ya tenemos la realidad diaria.

Mientras tanto en Guanajuato… Las quince juntas distritales, heroicas, exhaustas, ceremoniosas como viejas órdenes monásticas, aguardan en silencio el día señalado —el 15 de mayo— en espera de la llegada de las boletas de la elección judicial, a partir de la recepción iniciará con una coreografía precisa: el conteo y sellado de estas y el armado de paquetes que habrán de entregarse a los funcionarios de casilla; todo esto, por supuesto, bajo la sombra avasallante de la junta local, que podría —en cualquier momento, sin previo aviso— convocarlos otra vez para el mismo vals de siempre: una reunión interminable donde se discute sin decidir y se decide sin discutir.