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Si usted es de los que piensan que la democracia se reduce a depositar su voto en una urna cada tres años, es posible que no haya comprendido el verdadero alcance de lo que está en juego en la elección judicial.
Opinión10 de mayo de 2025 Miguel Allende FoulquesSi usted es de los que piensan que la democracia se reduce a depositar su voto en una urna cada tres años, es posible que no haya comprendido el verdadero alcance de lo que está en juego en la elección judicial. Este ejercicio nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿realmente sabemos cómo votar por los futuros jueces que decidirán sobre nuestro destino? Los legisladores y el INE se han encargado de diseñar procedimientos que, a simple vista, parecen hechos para confundir más que para esclarecer. Y aquí surge la gran paradoja: Un pueblo con altos índices de marginalidad y de apatía política, ¿cómo ejercer un derecho si no sabemos ni por quién, ni cómo votar?
Los responsables de la reforma electoral, que intentaron hacer de la justicia un asunto más “popular”, probablemente nunca imaginaron lo difícil que sería entender el proceso. Desde el diseño de las boletas hasta la distribución de los candidatos, todo parece un laberinto que solo unos pocos con habilidades digitales y acceso constante a internet pueden navegar sin perderse. En zonas rurales, donde el acceso a la tecnología es limitado, el reto se hace aún mayor. Los servicios de internet son costosos, y la mayoría de los habitantes de estas áreas ni siquiera saben cómo buscar información en línea. Entonces, ¿cómo se supone que votarán informados?
Las boletas de la elección judicial son un enigma. No importa cuántos micrositios se abran o cuánta información se publique en internet; si el ciudadano promedio no sabe cómo leer esa boleta, el voto se convierte en un acto azaroso. Y es que, más allá de los esfuerzos del INE por ofrecer información online, la realidad es que muchos votantes, sobre todo los de mayor edad, ni siquiera tienen acceso al ciberespacio o carecen de las habilidades necesarias para navegarlo. Es aquí donde se nos presenta el verdadero problema: la participación ciudadana no puede depender de lo que esté o no disponible en internet. Los esfuerzos para promover la participación informada siguen pasando por alto a un sector fundamental de la población.
A pesar de que el INE presume que el pueblo tiene más opciones para informarse que nunca, el costo de acceso a la información sigue siendo una barrera insuperable. En un país donde la brecha digital es como una grieta interminable, capaz de dividir generaciones y voces, insistir en un modelo de promoción de la participación a partir de medios digitales no solo es ingenuo, sino que revela un desconcierto total respecto a las condiciones reales de la mayoría de los ciudadanos. Y no estamos hablando de un sector marginal: más de la mitad de los mexicanos en zonas rurales carecen de acceso constante a internet. Si a eso le sumamos tanto la falta de alfabetización digital, como la escasa en temas judiciales, la posibilidad de un voto informado parece más un sueño que una realidad.
Aquí es donde entramos en una cuestión delicada: si el proceso está mal diseñado, la reforma, que debería haber abierto las puertas a una mayor transparencia y participación, podría terminar siendo un fracaso rotundo. El sistema de boletas es tan complicado que podría haber tantas interpretaciones como votos emitidos. Y lo peor es que el INE y el Congreso, lejos de haberlo entendido, siguen empecinados en un enfoque que, por más esfuerzos tecnológicos que hagan, no logra abarcar las verdaderas necesidades de la población.
Lo cierto es que el proceso judicial ha sido conceptualizado como un avance hacia una justicia más cercana al pueblo. Pero, si carecemos de una educación cívica profunda y democrática y aunado a ello, tampoco se dan las herramientas pertinentes y necesarias para que el ciudadano común vote de manera informada, todo esto puede convertirse en un ejercicio de humo. Es más, el riesgo de que este ejercicio quede como un experimento fallido es latente; ya vendrá luego la feroz narrativa triunfal a la que se han hecho adictos en la clase gobernante. Los ciudadanos podrán llegar a la urna con un acordeón en la mano o, simplemente, decidir no votar. En cualquier caso, lo que está claro es que a 3 semanas del día de la jornada electoral los actuales esfuerzos no son suficientes.
El reto de la elección judicial es grande. Aún hay mucho por hacer para garantizar que la ciudadanía no solo sepa cómo votar, sino que lo haga con pleno conocimiento de lo que está en juego. Como sociedad, necesitamos repensar la participación ciudadana y replantear las estrategias que permitan realmente a los ciudadanos ejercer un voto libre, informado y responsable. Y si no lo hacemos, el futuro de la justicia en nuestro país podría quedar perdido en la oscuridad.
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