A partir del 30 de marzo de 2025, los más de 3,400 aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros comenzaron 60 días de campaña para convencer al electorado, que en su mayoría no sabe, mucho menos conoce de que va la elección del próximo 1 de junio, de su idoneidad para impartir justicia. La ciudadanía simplemente saldrá a votar por el más popular, como si se tratara de un concurso de TikTok, ni siquiera cuenta con información del nivel de las enajenantes realitys shows tan en boga los domingos por la noche.
Opinión31 de marzo de 2025 Miguel Allende Foulques
A partir del 30 de marzo de 2025, los más de 3,400 aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros comenzaron 60 días de campaña para convencer al electorado, que en su mayoría no sabe, mucho menos conoce de que va la elección del próximo 1 de junio, de su idoneidad para impartir justicia. La ciudadanía simplemente saldrá a votar por el más popular, como si se tratara de un concurso de TikTok, ni siquiera cuenta con información del nivel de las enajenantes realitys shows tan en boga los domingos por la noche.
El proceso de esta “histórica” elección (a todo lo nuevo nos da por endilgarle lo histórico), ha arrancado y se ha venido desarrollando entre la confusión y las carencias. Los candidatos deberán navegar con recursos limitados: nada de dinero público, ningún espacio en los medios de comunicación, y solo las redes sociales y la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE) para difundir sus propuestas.
El INE, se ha visto forzado a sacar un micrositio llamado Conóceles, donde los candidatos deben (¿pueden? ¿les conviene?), registrar su información. Sin embargo, hasta el 29 de marzo, el portal seguía incompleto, faltar a esta obligación se traduce en dificultar aún más la posibilidad de que los ciudadanos nos informemos y tomemos una decisión. Y si alguien piensa que los electores se interesarían por los detalles de las campañas judiciales, debe reconsiderarlo: los grandes temas del momento, como los aranceles de Donald Trump o el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, y por supuesto las series de Netflix, siguen acaparando la atención y en estas semanas que faltan esperemos algunas cortinas de humo del legislativo…
El hecho de que no haya un interés masivo y que, en algunos estados, los candidatos sean pocos, hace que la contienda carezca del dinamismo de una elección como a las que estamos acostumbrados. Además, el límite de gastos de campaña es estricto. Aunque las campañas se realizarán en medios institucionales y redes sociales, no deja de ser curioso que, en un proceso en el que se elige a los futuros impartidores de la justicia en el país, la política tradicional de no hacer campaña con dinero público permanezca inmaculada.
Aunque el INE es el encargado de organizar todo el proceso además de la difusión y promoción del ejercicio electoral, en teoría, los poderes Ejecutivo y Legislativo podrán difundir la elección y convocar a la ciudadanía a participar. Sin embargo, no podrán respaldar públicamente a ningún candidato, lo cual deja en el aire la cuestión de cómo se logrará movilizar a una población que no está interesada en esta particular elección. El “entusiasmo” por este proceso no parece ir en aumento, y los pronósticos de participación no son halagüeños, algunos consejeros del INE han declarado que no se espera mas de un 15% de participación ciudadana, algunas voces de MORENA hablan de hasta un 17%, y hay quienes prefieren ser historiadores antes que profetas.
En el fondo, este proceso electoral, que busca acercar la justicia a la ciudadanía, es un ensayo cuyo desenlace es incierto. El problema es que no basta con elegir a los jueces para que el sistema de justicia mexicano se transforme. Difícilmente este ejercicio solucionará los problemas sistémicos que enfrenta el país: desde la corrupción, hasta la falta de transparencia y la ineficacia de las instituciones de seguridad.
El próximo 1 de junio, los mexicanos, nos dicen, tendremos en nuestras manos la “maravillosa” oportunidad de influir en el futuro del poder judicial del país. Las campañas inician y seguirán adelante, nosotros nos quedaremos con la duda de siempre: ¿realmente elegiremos a los más capacitados, o simplemente estamos siendo parte de un espectáculo en el que las fuerzas ocultas (esas que nos quieren tanto), mueven los hilos mientras nosotros, tan inocentes, nos creemos que estamos decidiendo algo?
Mientras tanto en Guanajuato… dos noticias dominan el panorama de la elección judicial: la idoneidad de una candidata y un candidato propuestos por el poder legislativo federal: Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza y Oscar Aguayo Arredondo, la primera cuestionada por ejercer la presidencia del municipio de Villagrán y su cercanía con el grupo religioso La Luz del Mundo, ambas consideraciones le dan ventaja ya que le ha servido para posicionarse con un electorado que parece más dispuesto a discutir su popularidad que a analizar sus credenciales profesionales y éticas. Al segundo, Aguayo Arredondo. A este caballero se le cuestiona su idoneidad, estuvo involucrado en un delito cuando trabajó como asesor de Morena en la LXIII Legislatura, esa historia la conocimos por los medios de comunicación en su momento, y concluyó con un acuerdo para la reparación del daño. Habría que preguntarse si alguien que tropezó con la justicia debería estar contemplado para tan alto cargo.
Morena lo logró. Afianzó la quiebra billonaria, sí, billonaria de la nación entera. Se desgarran las vestiduras señalando que Felipe Calderón (quien dejó el cargo en 2012) y Enrique Peña Nieto (en diciembre de 2018) fueron los gobernantes neoliberales que sobreendeudaron a la nación.
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