Esta semana, el Tribunal Electoral se enfrenta una vez más a la difícil tarea de decidir sobre un acuerdo del Consejo General del INE, un acuerdo que se fundamenta en lo establecido por la Ley, pero que, como ha ocurrido en ocasiones previas, ha sido impugnado por aquellos mismos actores que impulsaron y aprobaron la Reforma al Poder Judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral, pese a la cátedra dada por el Magistrado Reyes Mondragón sobre la acertada decisión del INE, acerca de ser la institución facultada para promover la participación ciudadana en el proceso electoral, decidió por 3 votos a favor y 2 en contra, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial si pueden realizar dicha promoción.
La situación no es nueva, pero tampoco por eso menos relevante: se pone en cuestión, una vez más, la certeza, la legalidad, la transparencia y objetividad de los procedimientos, principios que, por su propia naturaleza, requieren tiempo suficiente para ser comprendidos, analizados y debatidos.
Al final, lo que está en juego, lo hemos venido diciendo, es la confianza pública en un sistema que debería garantizar la objetividad, la imparcialidad y la competencia en sus decisiones.
Lamentablemente, semana tras semana, se sigue alimentando la desconfianza creciente hacia las instituciones electorales. El INE, con tres décadas de experiencia, sigue tropezando con piedras de otros paisajes, como si el mapa electoral fuera un laberinto diseñado por un improvisado. Cada elección trae su dosis de desconfianza, alimentada por errores que algunos funcionarios —en vez de corregir— los disfrazan con explicaciones técnicas dudosas. No todos caminan con el traje de luces prestado; los hay simplemente distraídos, o tan encariñados con el caos que lo venden como eficiencia. Mientras, los ciudadanos asistimos al espectáculo. Y así, entre impericias y sonrisas de dudosa sinceridad, la credibilidad electoral se deconstruye. Lamentablemente, esto no es el final. Solo otro capítulo de la misma comedia.
En otro tema, el pasado lunes 7 se llevó a cabo la denominada segunda insaculación, que no es otra cosa que sortear a los ciudadanos que estarán al frente de las casillas seccionales electorales y asignarles un cargo como presidente, secretario o escrutador, según su escolaridad. En Guanajuato para las 3 mil 938 casillas seccionales se designaron a 34,245 personas quienes serán visitadas para ser capacitadas a partir el 9 de abril y hasta el 31 de mayo. El reto para los capacitadores es grande, no únicamente capacitar en un tema farragoso aún para los entendidos en la materia, sino convencerlos para que asistan el 1 de junio a cumplir con su responsabilidad cívica, en tanto los políticos siguen en su afán de no cooperar.
Mientras tanto en Guanajuato… Las campañas para la elección judicial han comenzado con el entusiasmo de un lunes sin café. Ninguna destaca por creatividad o propuestas; más bien, parece un desfile de sombras. Por su parte, la expresidente del Tribunal Electoral de por acá, con su natural modestia, parece haberse dado cuenta de que en la política todo es cuestión de aceptar las reglas del juego. Así que se someterá a lo que las mayorías decidan para obtener una plaza en la Sala Monterrey del Tribunal Electoral. Nada de buscar protagonismo, solo una postura ejemplar: "Que decidan los demás".
Lo que realmente resalta, es la elección de dos magistrados para el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y la polvareda que ha levantado la inclusión de perfiles que no acreditan la experiencia electoral y el revuelo causado por 2 senadores de Guanajuato, artífices, dicen, del desaguisado. Además de que, a pesar de la "avanzada" cultura política que el Instituto Electoral del Estado ha venido cultivando y promoviendo con tanto ahínco, el “chapulineo” de los candidatos está tan a la vista que uno no puede dejar de preguntarse si no estarán confundiendo el Tribunal Electoral con una especie de club social para exfuncionarios del IEEG.
