El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió dejar de pagar el sueldo a los trabajadores públicos que secunden el paro de labores contra la reforma judicial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el que se ordena suspender el sueldo de los trabajadores que se unan a la huelga.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) iniciará un paro de labores indefinido el primer minuto del próximo miércoles 21 de agosto, en todos los juzgados y tribunales federales del país. Los jueces y magistrados se unirán a la suspensión de actividades que iniciaron la madrugada de hoy trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en más de 20 entidades del país.
Los jueces y ministros decidirán en una votación si también se unen al paro de labores del Poder Judicial a nivel nacional. En redes sociales circularon videos del momento en el que se cierran las puertas de la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mientras los asistentes portan pancartas con leyendas como: “Todos somos Poder Judicial”, “Los jueces no hacemos las leyes, las aplicamos”, “No somos corruptos”, “Basta de ataques políticos al Poder Judicial”, entre otras.
Los actores políticos que están involucrados en esta discusión sobre la reforma al Poder Judicial también han contribuido a “enredar el asunto”, alertó el ministro en retiro.
Expresó todo su respaldo al ministro y dijo que “no hay nada más autoritario que perseguir a jueces honestos”. Consideró que desde la Corte “hay una politización a favor del grupo conservador”. Les afectó que “ganáramos el debate… Hay un esquema de buscar a toda costa que triunfe alguien que ya está derrotado”.
Mediante una denuncia anónima se le señala de presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial por intereses personales y de terceros cuando fue impartidor de justicia.
Desde el piso 14 de la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), según la denuncia anónima, se operaba un centro para influir en las decisiones de jueces y magistrados federales. De acuerdo con la denuncia anónima que se presentó ante el CJF contra el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y sus excolaboradores cercanos, Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, se puso a las órdenes del exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra y citaba en el piso 14 a magistrados, jueces, incluso a secretarios en funciones de juez, para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido.
Tras la aprobación de la renuncia de Arturo Zaldívar, el presidente apostó por tres mujeres para suplir el lugar que quedó vacante en la Sala Superior del máximo tribunal
A tres días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial que acumulan más de 15 mil millones de pesos, 761 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) promovieron el primer amparo colectivo contra la extinción de dichos fondos.
La movilización se realizó de manera simultánea en las diversas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el país.
“No son privilegios, son nuestros derechos”, gritaron los inconformes por la decisión de la Cámara de Diputados de desaparecer los fideicomisos. La próxima semana el tema será votado en el Senado.
Este jueves por la mañana en las instalaciones de los juzgados de la capital, poco más de 100 trabajadores salieron a manifestarse de manera pacífica en el bulevar Santa Fe
La base trabajadora exigió llevar a otro nivel las expresiones de inconformidad por la extinción de 13 fideicomisos. La medida fue tomada durante la Asamblea Plenaria Extraordinaria Urgente celebrada con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de los 67 secretarios generales de los Comités Ejecutivos Locales del interior de la República.
La jueza Celia Quintero Rico determinó también que la Jucopo tiene 48 horas para acreditar que cumplió con lo que ella misma le ordenó en marzo, el cubrir las otras dos vacantes de comisionados en el INAI.
El ministro Alberto Pérez Dayán presentará al Pleno de la SCJN un proyecto de sentencia en el que propone invalidar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas por violar procedimiento legislativo
Con la ilusión de dar el siguiente paso en su proyecto que desde hace tiempo construyen con mucho esfuerzo, así llegaron las personas de lo municipios de Pénjamo y Cuerámaro que se registraron en el Taller Inicial del Emprendedor de la Financiera y Apoyos tú Puedes Guanajuato.