La base trabajadora exigió llevar a otro nivel las expresiones de inconformidad por la extinción de 13 fideicomisos. La medida fue tomada durante la Asamblea Plenaria Extraordinaria Urgente celebrada con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de los 67 secretarios generales de los Comités Ejecutivos Locales del interior de la República.
Política19 de octubre de 2023 Redacción
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) anunció que acordó ir a paro nacional a partir de este jueves 19 hasta el próximo 24 de octubre de 2023, esto como parte de las protestas por la extinción de 13 fideicomisos y la reducción de presupuesto para el 2024.
Con esta decisión, se pretenden ahorrar 15 mil millones de pesos destinados a fondos del PJF que, según morenistas y aliados, ahora serán destinados a los “más necesitados”.
A través de un comunicado emitido por la institución, se anunció que en la Asamblea Plenaria Extraordinaria Urgente celebrada este miércoles con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de los 67 secretarios generales de los Comités Ejecutivos Locales del interior de la República se llegó a dicho acuerdo.
El paro será aplicable en todas las secciones sindicales “en virtud del clima generalizado en el que la base trabajadora está exigiendo llevar a otro nivel las expresiones de inconformidad por la extinción de los fideicomisos y la inminente reducción al presupuesto”, se lee en el comunicado.
Cabe precisar que se contempla el fin del paro justo el día que culmina la participación del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados.
Este miércoles, por segundo día consecutivo, empleados del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en diversos estados del país luego de que el dictamen que elimina los 13 fideicomisos fuera aprobado en lo general y lo particular por la Cámara de Diputados y que ya se encuentra en manos del Senado.
El máximo tribunal ha argumentado que esta decisión suprime fideicomisos con los que se atienden obligaciones laborales y de seguridad social, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que el objetivo es eliminar los privilegios de magistrados y altos funcionarios del PJF.
Con la iniciativa aprobada por el Congreso, el PJF no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente (Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia).
Para lograr la eliminación de los fideicomisos se busca adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos. El Pleno aceptó adicionar un artículo quinto transitorio para señalar que los recursos a que se refiere el transitorio anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que a permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.
Presentan amparo
Este miércoles el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, promovió un juicio de amparo para frenar la extinción de estos fondos, bajo el argumento de que se tienen que defender los derechos humanos de los trabajadores.
“Preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del PJF al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, junto con mis colaboradores se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales”, señaló a través de su cuenta de X (antes Twitter).
El exministro también anunció que no participará en la marcha nacional que se ha convocado para el próximo domingo 22 de octubre, misma que saldrá del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Con base en la prevención y la atención de emergencias, el Gobierno Municipal de San Miguel de Allende encabezado por Mauricio Trejo, puso en marcha acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC con la Federación, el Estado, los cuerpos de emergencia locales y principalmente con la ciudadanía.