Los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) cumplieron su amenaza. Este jueves, unos 55.000 empleados iniciaron un paro nacional de seis días, ante la posible aprobación en el Congreso de la extinción de 13 fideicomisos con recursos por 15.000 millones de pesos. Este paro significa la suspensión de términos procesales para jueces, ministerios públicos, litigantes y ciudadanos. Algunos impartidores de justicia han salido en defensa de los fideicomisos. El ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío ha presentado un juicio de amparo para frenar la reforma que está en la cancha del Senado, mientras que el ministro en funciones Javier Laynez ha entablado comunicación con diputados y senadores para exponerles las razones por las que los empleados del Poder Judicial rechazan el proyecto.
Las protestas y movilizaciones de trabajadores se vieron este jueves, por cuarto día consecutivo, en las sedes del PJF de las 32 entidades del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo respetuoso del derecho de manifestación y retó a los ministros La Suprema Corte a que participen en la gran marcha convocada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) para el próximo domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México.
La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo incrementa con el paso de los días y con las declaraciones de ambas partes. Los ministros en retiro y en activo rompieron el silencio sobre el tema y se pronunciaron en defensa de los derechos de los trabajadores. El ministro en retiro José Ramón Cossío manifestó en sus redes sociales su preocupación por “la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del PJF al ejercer su legítimo derecho a la manifestación” y anunció que interpuso un recurso amparo para defender a los trabajadores.
El exministro dio respuesta inmediata al mandatario mexicano, quien desacreditó el recurso que interpuso, calificándolo en su conferencia matutina de este jueves de “protector de corruptos”, “defensor de las privatizaciones, de Salinas de Gortari” y “protector de violadores de derechos humanos”. Además, lo acusó de otorgar amparos para defender a empresas extranjeras de generación de energía eléctrica.
Por su parte, el ministro Javier Laynez entró también al debate y, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, rechazó que el máximo tribunal esté detrás de las protestas. Señaló que la Suprema Corte está dispuesta al diálogo con los legisladores, principalmente en el Senado, donde se realizará un parlamento abierto sobre la extinción de los fideicomisos y se discutirá la reforma que recorta los fondos de los órganos judiciales. “Queremos estar presentes en la discusión en el Senado”, mencionó.
Laynez recordó la autonomía presupuestal que constitucionalmente tiene el Poder Judicial y dijo que a los ministros les corresponde explicar tanto la afectación en materia laboral que implica la desaparición de los fideicomisos, como el posible recorte presupuestal para 2024.
El enfrentamiento entre el Gobierno federal y el máximo tribunal no cesa. El paro nacional significa la suspensión de todas las decisiones de los organismos judiciales y la atención virtual, únicamente, de casos urgentes hasta que se regularicen las actividades. Mediante un oficio dirigido a servidores públicos, litigantes, ministerio público adscrito y público en general, los trabajadores anunciaron el cierre total de sus sedes “por causa de fuerza mayor” y declararon días inhábiles del 19 al 24 de octubre.
La secretaria general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, María Cristina Martín, señaló que el órgano administrativo es respetuoso del derecho de los servidores públicos a manifestarse, pero que para preservar el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, se mantendrán en operaciones los tribunales para la atención exclusiva de casos urgentes vía remota, con el personal mínimo necesario para ello y con guardias que garanticen el trámite de estos asuntos.
En el caso de los Centros de Justicia Penal, se suspenden los términos procesales que no son constitucionales como lo son las audiencias de trámite. La calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición, se tratarán como asuntos impostergables.
En tanto, las audiencias se desarrollarán por videoconferencia, garantizando el acceso a las partes que intervienen en ellas. La ejecución de penas se atenderá de manera remota, y las decisiones que no requieran audiencias se celebrarán únicamente en casos que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas. Los traslados a los juzgados se harán hasta que se regularicen las actividades. En los juzgados especializados en materia de ejecución de todo el país, se considerarán urgentes las gestiones previas a la impugnación de una pena, las preliberaciones pendientes de ejecución, y los acuerdos de internamiento especial por atención médica.
