Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Política12 de diciembre de 2025 Redacción
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos.
El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor comentó que el gobierno del estado estaba insistiendo en un camino que ya demostró ser costoso e ineficiente, la deuda. Agregó que lo más grave es que quieren hacerlo cuando no hay una necesidad real de adquirir otra vez deuda cuando se contaba con el recurso suficiente; remarcó que no existían datos concretos de en qué se van a gastar los recursos, no se señalan municipios ni acciones específicas.
Precisó que, a excepción del acueducto, no se especifica el destino del dinero y que se iba a comprometer 20 años el futuro financiero de la entidad; mientras que, el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta comentó que Guanajuato tiene un nivel de deuda sostenible, que se encuentran por debajo del techo establecido por el gobierno federal, que se destinarán a seguridad, infraestructura, salud, el campo y que se contaba con los elementos suficientes para la contratación.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
De igual manera, se avalaron los dictámenes de las iniciativas presentadas por el Ayuntamiento de Abasolo para la contratación de uno o varios financiamientos. El primero hasta por la cantidad de 22 millones 508 mil 589 pesos 81/100 M.N para destinarlo a la construcción de pavimento con concreto en las calles: Benito Juárez, colonia San Juan; Hermosillo, colonia Ampliación Tamazula; Loma Bonita, colonia Ampliación Tamazula; José Vasconcelos, colonia Tamazula y a la rehabilitación de pavimentos y adecuaciones en Glorieta Boulevard Insurgentes, entronque con Echegaray Norte.
El segundo hasta por la cantidad de 29 millones 422 mil 106 mil pesos 39/100 M.N. para destinarlos a los siguientes proyectos de inversión pública productiva: la construcción de pavimiento con concreto en las calles Laurel, colonia Las Margaritas; Circuito Palma-Aeropuerto-Buenos Aires, colonia Loma Bonita; Hortencia, colonia Las Margaritas; Potrero del Encanto, colonia Potrero de los Martínez; Potrero Alto, colonia Potrero de los Martínez; Guanajuato número 3, colonia Guadalupe; Guanajuato, colonia Guadalupe; Circuito Malecón-Gabriel García Márquez, colonia Morelos; así como para la construcción del parque público en la localidad El Novillero y la rehabilitación de calle con concreto en la calle Miguel Hidalgo Poniente, entre calle Mina Sur y Matamoros Sur, colonia centro.
La diputada Rocío Cervantes Barba se refirió a comentarios del alcalde de Abasolo y a sus declaraciones sobre otras administraciones, y subrayó que no coincidían con lo que estaba llevando a cabo. En ese sentido, argumentó que la solicitud de deuda supera los 50 millones de pesos, lo que implica hipotecar, durante 10 años, el futuro de sus habitantes y condicionar la capacidad de acción de quienes vendrán a administrar después.
Recalcó que ningún presidente municipal de Abasolo, en los últimos 20 años, ha solicitado deuda para el citado municipio, por lo que pidió que la vigilancia en el ejercicio de recursos se haga de manera profunda, porque no veía acciones como perforación de pozos, plantas tratadoras de agua y acciones que de verdad requiere la población.
Finalmente, añadió que autorizar que un municipio se endeude por un periodo largo compromete otras administraciones e hipoteca el futuro de sus ciudadanos.
El dictamen se aprobó por mayoría de votos.
Además, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo de las siguientes propuestas:
Iniciativas de Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado; de reforma a la Ley para Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado en temas como regular el uso de los recursos destinados a comunicación social y publicidad, reducir el porcentaje establecido para los traspasos presupuestales y reducir el monto de las remuneraciones por estímulos a servidores públicos; y de Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
El congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que se perdía una gran oportunidad de contar con un marco jurídico propio en materia de comunicación social, que establezca reglas claras, topes de contratación estrictos y mecanismos claros de transparencia. También condenó el sentido del dictamen para la iniciativa que buscaba eliminar el presupuesto discrecional del uso en materia de publicidad de gobierno del estado, el cual, subrayó, debe destinarse en favor de las necesidades más apremiantes de la población.
Puntos de acuerdos para exhortar: al secretario de Finanzas estatal, a la directora general del Servicio de Administración Tributaria del Estado a efecto de que evalúen la reapertura de la Oficina de Servicio al Contribuyente en Santa Ana Pacueco; a la Cámara de Diputados, que en uso de sus facultades exclusivas en materia presupuestal, en el proceso de discusión y aprobación de la ley de egresos de la federación 2026, se realicen las modificaciones necesarias que permitan la extinción total de la deuda pública derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; a la gobernadora del estado para que, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, lleve a cabo las acciones necesarias para integrar partidas presupuestales en el proyecto de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026.
De igual manera, para que los municipios establezcan facilidades administrativas que incluyan y/o garanticen tarifas o descuentos especiales para personas con discapacidad de al menos un 50% sobre el pago del servicio de agua potable en este ejercicio; a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que instruya la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, ante este Congreso, para que rinda un informe financiero; a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que informe de manera detallada y justifique plenamente el motivo del retraso en la conclusión de los trabajos de rehabilitación del Macrocentro Deportivo 1 de Valenciana; a la titular del Poder Ejecutivo Estatal para que informara con precisión y detalle los acuerdos establecidos con las Organizaciones de la Sociedad Civil, particularmente aquellos que derivaron en los desistimientos de los amparos interpuestos contra el decreto de extinción del FIDESSEG, así como los compromisos asumidos por cada una de las partes y el marco jurídico operativo y presupuestal que regirá el nuevo esquema de colaboración anunciado bajo el programa Tocando Corazones.
Finalmente, el que pretendía exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal para que instruyera a la Coordinación General Jurídica a formular y presentar el juicio de lesividad en contra del acto administrativo por el que se concesionó por treinta años la autopista Guanajuato-Silao al consorcio VISE, S.A de C.V.-Construcciones Rubau, S.A., a través de la empresa Concesionaria Valle de la Independencia S.A. de C.V; así como otros cinco que buscaban auditorías integrales al programa MujerEs Grandez, a los contratos de la empresa Seguritech, a Guanjuato Puerto Interior, posible conflicto interés de bienes de la gobernadora del estado y a la compra del terrero de la Feria de Silao.
En el punto de archivar la comparecencia del secretario de Finanzas, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que se les decía que debían confiar en los plazos de las auditorías, pero que el pueblo no podía esperar a que la burocracia en esos asuntos actúe.
En el apartado de asuntos generales, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo externó que no estaban a favor de la deuda, que está demostrado que no es el mejor camino, que no se especifica el destino de los recursos y que era un cheque en blanco que su grupo parlamentario no iba a respaldar.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Karol Jared González Márquez y María del Pilar Gómez Enríquez, así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor. Además, asistieron las legisladoras Rocío Cervantes Barba y Hades Berenice Aguilar Castillo.
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Como autor del dictamen, hizo uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, quien mencionó que se presentaban las 46 leyes de ingresos municipales que tienen un profundo impacto en la vida de las familias de Guanajuato, porque cada municipio cuando ordena sus finanzas no está pensando en números, sino prepara las condiciones para que la comunidad viva mejor.
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