La oposición no pudo frenar la aprobación del dictamen que extingue fondos de apoyo para 55 mil 800 trabajadores de tribunales y juzgados.
Política18 de octubre de 2023 Redacción
En medio de protestas, un plantón afuera de la Cámara de Diputados y la amenaza de un paro nacional de trabajadores de juzgados y de tribunales, Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista de México cumplieron con "dar la pena de muerte" a 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, se aprobó el dictamen por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que extingue los 13 fondos de ahorro de 15 mil millones de pesos para pago de prestaciones y apoyos a un universo de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador representan privilegios y gastos suntuosos en beneficio de ministros y magistrados.
El debate inició a las 7:00 horas y tras dos horas y media de debate que incluyó la presentación de seis mociones suspensivas, el dictamen fue presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo.
"El objetivo primordial de este dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano. Una adecuada gestión administrativa implica que el uso de los fideicomisos públicos sea una excepción y no la regla; de lo contrario, se afectaría la rendición de cuentas, y se imposibilitaría la facultad de control presupuestal de esta Cámara de Diputados", expuso el legislador de Morena.
El coordinador de la bancada del partido en el poder, Ignacio Mier Velazco, reprobó que "en México, para el pueblo no hay justicia. No hay justicia para el obrero que lucha por sus derechos, ni para el campesino. No hay justicia para las niñas ni mujeres violentadas. No hay justicia para quienes pierden su patrimonio o son víctimas de la delincuencia. No hay justicia en nuestro país, porque los responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del lado del poder y del dinero".
Aseguró que Morena y la alianza Juntos Hacemos Historia defienden la justicia, no los privilegios ni el derroche a costa de 55 mil 800 trabajadores.
Y el autor del dictamen a discusión dijo que el documento está creado en la legalidad y en los procesos formales legislativos
"Esta reforma es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores. Que no les mientan, que no los usen de escudo humano".
Ignacio Mier Velazco enfatizó que 10 mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. "Esa es la realidad. Apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10 mil millones de pesos, esa es la realidad. Ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos".
Acusó a la ministra presidenta de la SCJN y del CJF de intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano.
Al cierre de esta edición, el debate continuaba con la presentación de 69 reservas o propuestas de modificación al dictamen, las cuales serían desechadas por Morena y aliados.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Con base en la prevención y la atención de emergencias, el Gobierno Municipal de San Miguel de Allende encabezado por Mauricio Trejo, puso en marcha acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC con la Federación, el Estado, los cuerpos de emergencia locales y principalmente con la ciudadanía.