Estrictamente Personal. Los amparos, ¿de parte de quién?

¿A quién le pidió la presidenta Claudia Sheinbaum investigar quién presentó los amparos promovidos presuntamente a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán para que se suspendieran, en caso de existir, acciones penales en su contra? Su pregunta fue retórica, porque el gobierno no puede actuar en defensa de ciudadanos sin representación oficial, salvo que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentaran una denuncia ante el Ministerio Público Federal –que no han hecho–. No obstante, la presidenta insistió: “Tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué”.

Los amparos presentados en nombre de los hijos del presidente emérito generaron una encendida discusión pública, donde la presidenta, por su misma investidura, ocupó el centro del debate. “Es parte de la campaña de calumnias”, agregó la presidenta, que tiene como objetivo, subrayó, desacreditar a López Obrador. La difusión de los amparos no fue calumnia, porque son verdaderos; lo que no se sabe es quiénes realmente los promovieron. Decir que buscaban desacreditar a su mentor es ignorar deliberadamente la realidad sobre la corrupción y relaciones con el crimen organizado en su administración, que, al estar siendo documentada por el actual gobierno, es lo que está arrancando a pedazos la credibilidad y honestidad de su antecesor.

Lo que es cierto es que, en el contexto de las investigaciones sobre actividades criminales de personas que estuvieron muy cerca de los principales colaboradores de López Obrador, la revelación de la existencia de tres amparos en donde figuran sus tres hijos mayores, Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo, navega en el imaginario colectivo y, como solía decir su padre, quizás no los manche, pero sí los tizna. El impacto negativo que tuvo la difusión de los amparos en los López Beltrán tiene que ver con la verosimilitud sobre sus actividades empresariales durante el sexenio de su gobierno, algunas de ellas, como revelaron investigaciones periodísticas, ilegítimas y bordeando en la ilegalidad.

Los amparos, que fueron presentados de manera coordinada el 16 de septiembre, un día inhábil en los juzgados, cuando las guardias sólo reciben casos delicados que requieren atención inmediata sin necesidad de la firma de los involucrados, revelan una acción sofisticada, sin fallas, realizada o asesorada por personas con amplio conocimiento de cómo funciona el Poder Judicial y cómo los juzgadores, ante el reclamo de actos de incomunicación, desaparición forzada y tortura, como dicen los presentados en la Ciudad de México y Zacatecas a favor de Andrés Manuel y Gonzalo, tenían que actuar de inmediato y otorgar un plazo de tres días para que quienes lo hubieran solicitado, incluso a través de terceras personas, los ratificaran.

Quienes los promovieron –los hijos de López Obrador y el abogado Francisco Rodríguez Smith MacDonald, cuyo nombre aparece como el promovente en los juzgados de la Ciudad de México y Zacatecas, desmintieron haberlos presentado–, escogieron juzgados federales y locales –como en el caso de Villahermosa, donde se presentó el amparo en nombre de José Ramón–, para darle una mayor competencia, subrayando de esa forma el caso en cuestión: la investigación sobre el huachicol fiscal en donde aparecen imputados dos de los hijos del expresidente.

Al menos uno de los amparos, el presentado en Zacatecas, que fue difundido públicamente, incluye los nombres de 14 personas implicadas en la investigación sobre el huachicol fiscal, además de los hijos del expresidente, pero con un elemento totalmente atípico: los nombres de Roberto Blanco Cantú, señalado como dueño de Mefra Fletes, la empresa donde presuntamente se almacenaron los millones de litros de diésel que ingresaron de contrabando por el puerto industrial de Altamira, y Diana Heleyn Foullon Gómez, hija del exsubsecretario de la Defensa y director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el general André Georges Foullon van Lissum, fueron acompañados de sus apodos, El Señor de los Buques y Lady D.

De acuerdo con dos experimentados penalistas, la incorporación de sus apodos revela que quien promovió los amparos no los tenía como clientes, porque haberlos puesto equivale a criminalizarlos en automático. Adicionalmente, los nombres de Andrés Manuel y Gonzalo quedaron asociados en dos amparos con el del abogado Rodríguez Smith MacDonald –que negó conocerlos–, quien defendió a una de las figuras de la vieja aristocracia criminal, Rafael Caro Quintero, con lo cual se remachaba subliminalmente en la cabeza de la gente la relación López Obrador-narcotráfico.

El amparo promovido en Zacatecas mostró a toda una presunta célula criminal, como podría englobarse a las 16 personas incluidas en ese recurso, cuyos nombres han sido mencionados en los medios, que han citado expedientes oficiales de la investigación sobre el huachicol. El mensaje que se envió con este agrupamiento sería incriminatorio: sí son conocidos, sí actuaron en coordinación, sí están buscando protección como grupo, porque formaban parte de una misma organización.

En la prensa se sugirió que había sido un amparo “buscador”, un recurso que se utiliza para que una persona sepa si existe una investigación en su contra, que fue la hipótesis que se alimentó por la tardanza con la que Andrés Manuel López Beltrán desmintió haber pedido un amparo, siete horas entre la revelación de su existencia y su carta en Instagram.

¿Quién promovió los amparos? Hay varias hipótesis. Una retoma las afirmaciones de Sheinbaum: es el interés por fijar en la conciencia nacional que López Obrador, a través de sus hijos, participó de actividades criminales. Otra es que se trata de un mensaje para exigirles, con una amenaza pública, la omertá. La última, por la forma conocedora de los vericuetos judiciales que se libraron sin problema para que se aceptaran los amparos y generaran un escándalo político, es el de un cobro de facturas dentro del Poder Judicial contra el expresidente que impuso la reforma judicial.

Ciertamente, como dijo Sheinbaum, se tiene que investigar el origen de los amparos, porque el impacto político sobre el obradorismo radical es profundo y, al combinarse con las investigaciones del gobierno, han desestabilizado al núcleo duro del expresidente. La presidenta se maneja en un frágil equilibrio: le conviene que se siga debilitando el ala pura de la cuatroté, pero sin llegar a que la consideren una traidora, como algunos lo han comenzado a hacer, y busquen la revocación de su mandato.