Héctor Andrade Chacón
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en pleno evento público por el Día de Muertos, no es solo una tragedia más en el calendario negro de la violencia mexicana: es el retrato de un Estado que se niega a reconocer que ha perdido el control territorial y moral de la República.
Fue ver a la muerte lejos de la estructuración social que nos hemos hecho para soportarla en México. Nos mostró su rostro descarnado, tras el mal que anida y crece y se pavonea, cuando el bien se esconde en la irresponsabilidad de cobardes que dirigen este país.
Algo tan evidente que se los restriega a la clase política mexicana, aunque se enoje, cada vez que puede Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a quien esta incompetencia y cinismo en México le sirven para sentar las bases del más grotesco intervencionismo. Es de donde puede asirse al renovado garrote.
El país entero vive sometido a una guerra no declarada, donde el enemigo no viste uniforme, pero domina territorios, impone “impuestos”, secuestra, tortura y asesina sin freno. Y, lo más grave, es que lo hace a la vista de todos, mientras en el Palacio Nacional se sigue predicando la farsa de los “abrazos, no balazos”, como si la bondad o la retórica fueran política pública.
La política de seguridad de los últimos siete años ha sido una capitulación. Las regiones que antes eran campo de batalla —Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas— hoy son dominios consolidados del crimen organizado, donde alcaldes gobiernan con permiso o bajo amenaza (si, ellos dicen aunque no quieren que se repita públicamente), donde empresarios pagan “cuotas” para sobrevivir y donde la vida cotidiana está mediada por la extorsión o el miedo. En Guanajuato, por cierto, donde las estadísticas hablan de menos muertes violentas, sigue sin saberse qué ha pasado la investigación sobre al menos 8 presidentes municipales o candidatos a presidentes municipales, que en su momento anunció el exfiscal Carlos Zamarripa, uno de los grandes responsables de la sangrienta etapa donde Guanajuato es líder nacional en homicidios.
Inclusive la Iglesia Católica, que va lenta y suave en esto, sale a despotricar contra lo que se vive. El vocero de la Diócesis de Celaya, José de Jesús Palacios Torres, señala que la descomposición social ya es inaudita, mientras la Conferencia del Episcopado Mexicano indica que el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, se suma a una serie de asesinatos contra personas que se han atrevido a levantar la voz, lo cual refleja un grave debilitamiento del orden constitucional por parte de los tres niveles de Gobierno.
Lo que más indigna es el empeño del oficialismo en todos los órdenes de gobierno por negar la realidad. Desde la tribuna presidencial y los altavoces del régimen, se descalifica cualquier crítica como parte de una “campaña de la derecha”, mientras los muertos se acumulan y los ciudadanos siguen desamparados. Y entre esos voceros destaca un personaje como Epigmenio Ibarra, convertido en cronista adulador de un poder que se hunde en su propio cinismo. Su comentario tras el asesinato del alcalde de Uruapan —acusando a la derecha de “medrar con la tragedia” y advirtiendo que no se debe “caer en la guerra impuesta por Washington y Calderón”— no solo es ofensivo: es una muestra de la ceguera moral de quienes defienden un proyecto fracasado.
Porque el país ya vive una guerra: una guerra del crimen organizado contra el Estado mexicano y contra los ciudadanos. No es un conflicto impuesto desde fuera, ni una conspiración extranjera: es la consecuencia directa de haber sustituido la justicia por la propaganda, la ley por la consigna, y la estrategia por la fe ciega en un liderazgo mesiánico.
Resulta grotesco que después de siete años de gobierno sigan hablando de Felipe Calderón, como si la sombra del pasado, ese petate del muerto con que piensan que siguen asustando cuando ellos ya huelen a podrido, justificara su propia incompetencia. La historia no se detuvo en 2012, aunque en Palacio Nacional parezcan no haberse enterado. En el país real, el del campo, las carreteras, los pueblos, las víctimas se multiplican, los municipios caen en manos del crimen, y el miedo se normaliza como parte de la vida cotidiana.
Carlos Manzo, se opuso al papel de sometimiento al que se ha colocado al Estado Mexicano ante el crimen y lo consignó, que en su municipio no habría negociación ni claudicación ante los criminales. Habìa dejado de ser morenista, pues fue electo como candidato independiente. En Palacio Nacional, la presidenta de México se burló de sus palabras o al menos lo desdeñó. Carlos Manzo cumplió al enfrentar a los criminales, tal vez con inocencia, porque su capacidad de enfrentamiento era somera ante el crimen y por ello pedía apoyo, negado, a la Federación y al Gobierno del Estado, ambos petrificados ante las ideas del lopezobradorismo, que no querían "guerra" sino seguir con la estupidez de los abrazos. Manzo fue asesinado a la vista de todos. Si, dice el gobierno federal que le puso protección. Fue tan deficiente que lo mataron en sus propias barbas.
Los abrazos no detienen balas, ni los discursos sustituyen la autoridad. Y si el gobierno no lo entiende, terminará siendo —si no lo es ya— el cómplice pasivo de una narcodictadura territorial que se extiende con cada silencio y con cada excusa.
México está en guerra. Pero el gobierno, en su burbuja de impunidad, sigue mirando hacia otro lado. ¿Hasta cuándo?
