El reciente enfrentamiento entre dos grupos de manifestantes aquí en la capital motivó un posicionamiento de la diputada Ruth Tiscareño en sesión de la Diputación Permanente, un análisis estrictamente jurídico y constitucional de Juan Manuel Álvarez, penalista y asesor del GPPRI, y una declaración del diputado Alejandro Arias para sentenciar que en casos de esa naturaleza “lo legal debe estar por encima de lo político”.
La congresista cuestionó la inmovilidad de la Policía Preventiva durante la confrontación, y subrayó que había la obligación, de la autoridad, de que los actores de ambas manifestaciones no se encontraran frente a frente.
Arias Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria priista en el Congreso local, resaltó por su parte que, en la toma de decisiones ante situaciones de esa naturaleza y de esas circunstancias, debe privilegiarse lo legal por encima de lo político.
Juan Manuel Álvarez, con base en su análisis, habló del derecho de reunión si éste es con fines pacíficos, sin armas y con un fin lícito, y de la existencia de un Reglamento Municipal que lo garantiza.
Manifestó que desde el momento en que la autoridad tiene conocimiento de que va a realizarse una manifestación, automáticamente, por normas internacionales y por la propia Constitución, está obligada a desplegar los protocolos correspondientes para que se tomen las medidas necesarias.
Al respecto, dijo que, “si se sabe que va a haber dos reuniones, y que son antagónicas, activar los protocolos para que los manifestantes no se revuelvan”, a partir definir espacios de seguridad, porque, añadió, “la autoridad tiene que resguardar a ambos grupos, aunque sean antagónicos, y la seguridad del resto de los ciudadanos”.
Sostuvo que durante las manifestaciones que tuvieron lugar el día 13 de este mes, no se activaron protocolos, “omisiones que, desde mi punto de vista y jurídicamente, son graves, porque no se puede volver a permitir que la autoridad se quede pasiva ante un enfrentamiento porque existe el riesgo de que desencadene en daños de mayor magnitud.
En alusión al enfrentamiento a golpes que protagonizaron actores de ambas manifestaciones, el asesor del GPPRI sostuvo que “lo acontecido se pudo haber evitado” y, en ese sentido, afirmó que desde el ámbito jurídico hay una responsabilidad de autoridades y que éstas deben asumirla en el ámbito que se considere pertinente por parte de las autoridades competentes, dependiendo de las denuncias, dónde se hagan, en el campo penal o el de derechos humanos.
