Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Pozos de siete municipios en Guanajuato, suministran agua contaminada para uso humano. Una parte de la población padece fluorosis dental y esquelética, entre otros problemas de salud.

Política25 de agosto de 2025 Alejandra Crail/El Universal
Agua San Miguel copia

Los tambos con agua están por agotarse. Es el segundo sábado de julio y la pipa que habitualmente manda el municipio de San Miguel de Allende llegará hasta el lunes. En este terreno árido y poblado de mezquites viven cinco familias que dependen del servicio gratuito que reparte agua subterránea cargada de arsénico y fluoruro, dos elementos que en altas cantidades son nocivos para la salud.

En el hogar de Graciela Hernández ese impacto es desconocido. Su esposo, sus hijos y nietos beben el agua, la usan para cocinar y para quitarle la sed a borregas, marranos y vacas. Los habitantes de esta comunidad llamada Guerrero tienen derecho a llenar tres tambos por hogar cuando llega la pipa. No hay otra fuente de abastecimiento.

El agua saturada de arsénico y fluoruro ha dejado una huella visible en la sonrisa de Graciela. Unas manchas color marrón han poblado su dentadura y, con el tiempo, algunos de sus dientes se han adelgazado y fracturado. Tiene fluorosis dental, un trastorno del desarrollo del esmalte de los dientes que en etapas tempranas se muestra con manchas blancas, pero que con el paso del tiempo produce pigmentaciones oscuras, daños estructurales y facilita la aparición de caries. Es el síntoma más visible que la contaminación del agua ha dejado en la gente de siete municipios del norte de Guanajuato, en la región de la Cuenca Alta del Río Laja.

“Oímos que viene la pipa y bien gustosos la recibimos: ‘¡ahí viene la pipa, ahí viene la pipa!’. Porque a los ocho días ya no me queda agua. Así como llega, uno se la bebe”, dice Graciela, de 52 años, que pasa los días cuidando a sus animales en una comunidad rodeada de campos agrícolas que siembran frutas y verduras con fines de exportación.

Para este reportaje se solicitaron los estudios realizados a los pozos de agua de los siete gobiernos municipales que conforman la Cuenca Alta del Río Laja. Aunque no todos entregaron la información, o la que ofrecieron tiene una década de antigüedad, fue posible determinar que hay 81 pozos, de 117 analizados, que han superado los niveles considerados seguros de arsénico y fluoruro al menos una vez en la última década.

El agua que se distribuye en los municipios San Miguel de Allende (SMA), Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, San Felipe y San Diego de la Unión, estado de Guanajuato, proviene de una cuenca sobreexplotada de la que se extrae más agua de la que es capaz de recargar de forma natural.

En este territorio el agua superficial es escasa, así que lo que se reparte surge de pozos cada vez más profundos. Muchos de ellos ofrecen agua que puede llegar a tener miles de años de antigüedad, según estudios de investigadores como el doctor en ciencias Marcos Adrián Ortega, académico del Instituto de Geociencias de la UNAM, especialista en el comportamiento de contaminantes en el agua subterránea.

Todos los municipios que han estudiado sus pozos saben que varios de ellos duplican —por lo menos— los niveles seguros de fluoruro y arsénico. Hay casos donde el riesgo es superior. En San Diego de la Unión, un municipio donde el 94% de los habitantes tiene acceso al agua entubada, reciben el líquido de pozos como el Tampiquito, que tiene seis veces más arsénico de lo considerado seguro. Mientras que en la comunidad rural de Ex-Hacienda de Jesús, el pozo que lleva el mismo nombre tiene niveles de fluoruro de 12.4 miligramos por litro, cuando lo máximo debe ser 1.5, establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Evidencia ignorada

El arsénico es un elemento natural que suele encontrarse en aguas subterráneas y es una de las 10 sustancias que la OMS considera más preocupantes para la salud pública. Cuando una persona está expuesta prolongadamente a él puede presentar cambios en la pigmentación de la piel, lesiones cutáneas y callosidades en manos y plantas de los pies que pueden ser precursores de cáncer, según la organización. También está vinculado a diabetes, enfermedades pulmonares, renales y cardiovasculares. Los más afectados son niñas y niños que pueden generar problemas cognitivos, como deficiencias en habilidades de aprendizaje, memoria y toma de decisiones que afectarán su desarrollo a largo plazo.

En 2024 hubo 380 habitantes de los municipios de la Cuenca atendidos por insuficiencia renal crónica en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG). 31% son personas menores de 35 años, de acuerdo con la información entregada por transparencia.

Además, los altos niveles de fluoruro no sólo tienen afectaciones en los dientes, pueden provocar fluorosis esquelética que se asocia con enfermedades como osteosclerosis (endurecimiento anormal de los huesos), calcificación de tendones y ligamentos que provocan dificultad en los movimientos, así como deformidades óseas.

En algunas comunidades la gente suele hervir el agua como un mecanismo de eliminación de contaminantes, pero este método sólo es eficaz contra microorganismos. Ni el arsénico ni el fluoruro se eliminan, por el contrario, el agua se evapora, se reduce en cantidad y la concentración de estos elementos aumenta. También sus riesgos.

Para Primitivo Martínez y su familia, originarios del Rancho La Onza, municipio de San Luis de la Paz, el dolor articular llegó a ser parte de su cotidianidad; a su hija le detectaron enfermedad renal a los 25 años. Lorena Vargas, que habita la comunidad de Agustín González, municipio de San Miguel de Allende, cuenta que su hija padece de dolor de huesos y cabeza, además de que toda su familia presenta fluorosis dental, de moderada a grave.

Los municipios de la Cuenca no han analizado todos sus pozos. La información que obtuvimos corresponde sólo a siete de cada 10 de los puntos de suministro de agua de la región. En otros casos los gobiernos los han estudiado esporádicamente. En San José Iturbide, por ejemplo, se halló que el Pozo Cruz de la Mata duplica los niveles seguros de arsénico que la OMS establece en 0.01 miligramos por cada litro. Este pozo reportó en noviembre de 2014 un total de 0.029 miligramos por litro. Sin embargo, es imposible saber los niveles actuales porque la autoridad municipal no ha hecho estudios desde 2015.

Entre el grupo de municipios resalta la denominada Ciudad Patrimonio de la Humanidad: San Miguel de Allende. Un “destino tendencia” que recibe más de dos millones de turistas cada año, que dejan una derrama económica de seis mil millones de pesos (unos 320 millones de dólares), según los datos que publicó el municipio para 2023. Aquí se pueden encontrar hoteles donde una noche cuesta 30 mil pesos (mil 500 dólares), restaurantes de “clase mundial” con cocina de autor y una arquitectura colonial que ha sido capitalizada como “sofisticada y pintoresca”.

Pero más allá del centro turístico se halla el contraste. El agua que lo abastece tiene las mismas características que la que reciben las comunidades rurales de alrededor. Los turistas la usan para asearse, pero tienen acceso real al agua embotellada para beber. Para otras miles de personas, un garrafón de agua purificada es inasequible.

San Miguel de Allende es el único municipio de los siete que reservó la información sobre el arsénico y fluoruro de sus pozos, la cual se le solicitó vía transparencia. “Se advierte que la misma (información) pudiera afectar o causar disturbios (...) Se determina que la información relativa a los análisis podría actualizar o potenciar un riesgo o amenaza”, justificó.

Respuesta completa del sistema operador del agua en San Miguel de Allende:

San Miguel de Allende_UTAIP-0739-06-2025.pdf

El silencio gubernamental

Los dientes de una parte de la población revelan la negación institucional de un problema tan antiguo como desatendido. En los últimos 15 años, los gobiernos federal, estatal y municipales han recibido alertas que reportan la contaminación con arsénico y fluoruro del agua, así como los efectos en la población. Lo han denunciado académicos, activistas y habitantes afectados. Han enviado escritos y organizado caravanas. Pero ningún nivel de gobierno ha establecido acciones que transformen de fondo la realidad de los 743 mil habitantes.

En 2021, el gobierno federal declaró a los municipios que forman parte de la Cuenca Alta del Río Laja —también conocida como Cuenca de la Independencia— como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), uno de los siete sitios más contaminados del país. La declaratoria se hizo a través de un convenio que obligaba acciones interinstitucionales para estudiar los efectos de los contaminantes en la población, y para atender las consecuencias en la salud, sin embargo, el gobierno no ha destinado presupuesto ni emprendido ninguna de las acciones prometidas.

El convenio lo encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sus co-firmantes son la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México (antes Conacyt).

A pesar de estos acuerdos, el trabajo se ha concentrado en la Cuenca del Alto Atoyac (Puebla y Tlaxcala), que es la única área para la que el gobierno ha generado un Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud. Hay algunas otras acciones en la Cuenca del Alto Río Santiago (Jalisco) en materia de saneamiento, la Región de la Cuenca del Río Lerma y la Cuenca del Río Tula (Hidalgo y norte del Estado de México). Mientras que la Cuenca Alta del Río Laja en Guanajuato ha quedado de lado, así como la Cuenca del Acuífero Libres Oriental (Puebla) y la Cuenca del Río Coatzacoalcos (norte del Istmo de Tehuantepec y Jáltipan de Morelos, Veracruz).

La Semarnat desconoció el convenio que obliga al trabajo conjunto en pro de estas áreas en su respuesta a una petición de transparencia realizada para este reportaje, mientras que la SSa se dijo incompetente. Se le preguntó también a la Conagua por su responsabilidad en la custodia del agua y también declaró incompetencia. En el “Macroexpediente” sobre los daños toxicológicos hecho por Conahcyt sólo se encontró un resumen de estudios previos sobre Guanajuato, pero no hay un diagnóstico epidemiológico integral.

Para este trabajo se utiliza la denominación Cuenca Alta del Río Laja por ser el nombre que los entrevistados dieron al territorio al que también conocen como Cuenca de la Independencia, denominación que usó el gobierno federal para declararlo RESA. Sin embargo, administrativamente la Conagua incluye a estos municipios como parte de la Cuenca del Río Laja 1 y Acuífero Cuenca Alta del Río Laja. El uso diverso de los nombres ha sido también un obstáculo para que los gobiernos atiendan regionalmente la problemática.

Se solicitó el posicionamiento de todas las autoridades involucradas en los tres niveles de gobierno, pero sólo respondió la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Guanajuato. “La presencia de contaminantes en fuentes de abastecimiento no significa necesariamente que estén llegando al consumo domiciliario”, señaló. Sobre la declaratoria de RESA dijo que el estado no forma parte del mecanismo, aunque mantiene colaboración con el gobierno federal en materia de agua y salud ambiental. Reconoció que el estado no ha realizado estudios epidemiológicos sobre la relación de los contaminantes y las enfermedades reportadas en la región. Si quieres consultar la respuesta completa, da click aquí.

La resistencia cae del cielo

El camino a San Cayetano, comunidad del municipio de San Luis de la Paz, es de agaves, mezquites y nopaleras. Es también de casas con tubos de plástico que bajan de los techos hasta unas enormes cisternas. Con ellas pueden almacenar hasta 20 mil litros de agua de lluvia, según el tamaño. Este es el panorama que se observa en 28 localidades donde Comunidades Unidas por la Vida y Agua Pastoral Social (Cuvapas), junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha logrado capacitar y concientizar a los habitantes sobre la contaminación de agua de pozos.

La Iglesia de San Cayetano se ha convertido en un oasis para San Luis de la Paz. De la mano del párroco Juan Carlos Zesati, los habitantes iniciaron un éxodo del sistema público de agua hacia la cosecha de lluvia.

La semilla se sembró en 2009, tras un diplomado sobre aguas subterráneas con el que los habitantes entendieron que la Cuenca era una sola, que el agua del municipio San Felipe está conectada con la de San José Iturbide 138 kilómetros debajo; que si en el municipio de Dolores Hidalgo se extraen millones de litros para la agroindustria afecta también al municipio de Doctor Mora donde la explotación de pozos es menor.

Esta zona juega un rol clave en la agroindustria local: los siete municipios producen el 40% de vegetales y frutas de Guanajuato, la mayoría con fines de exportación. En esta producción se gasta la mayor parte del agua subterránea del territorio. Por cada litro de agua que usa la población en su día a día, la agroindustria gasta diez.

La resistencia floreció con el impulso de la iglesia de San Cayetano, a cargo del párroco Juan Carlos Zesati. Ahí se captura toda el agua de lluvia posible, la cual se volvió para cientos de hogares de la Cuenca la forma de tener calidad de vida. Yare Hernández ha notado el cambio en su cuerpo. Tenía un dolor insoportable en las encías. “Los doctores decían que era un problema hereditario. Nunca me dijeron que era el agua. Seguía sus indicaciones pero nada cambiaba. Cambió hasta que empecé a usar agua de lluvia; se me dejó de caer el cabello, se me quitó el dolor”, dice la joven de 22 años, que ha asumido la misión de ayudar a su comunidad dando capacitaciones en Cuvapas.

A decir de las mujeres que conforman esta organización, el cambio de hábitos ha reducido el número de atenciones por problemas gastrointestinales en el centro de salud. También el dolor con el que vivían familias completas.

Cuvapas es sólo un ejemplo de organizaciones construidas por mujeres preocupadas por el impacto del agua en la salud, ellas recorren las comunidades apostando por un cambio de hábitos que mejore la calidad de vida en la Cuenca.
“El gobierno nunca nos va a decir que es el agua lo que nos está dando tantas enfermedades. Es lo que les decimos a las familias: nos estamos enfermando porque nos tomamos el líquido y nos lo comemos. Les decimos ‘háganlo por los chiquitos’, que son los que ya están desarrollando cáncer, insuficiencia”, dice Erika Torres, originaria de Pozo Hondo, una comunidad con altos niveles de arsénico y fluoruro, ubicada en San Luis de la Paz.

La captación de agua de lluvia reduce la sobrecarga a la Cuenca, pero el esfuerzo de los habitantes no basta para darle un respiro. La producción agrícola es la mayor amenaza. “Otros extraen el agua y el costo ambiental y social se lo pasan a las comunidades. Ellos se llevan una ganancia sin pagar ese costo que puede pagarse hasta con la vida”, remarca Zesati.

Esfuerzo a cuentagotas

En mayo pasado, el presidente municipal de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, salió a decir públicamente que el agua de toda la región estaba contaminada. “Veneno puro” la llamó. El problema, amplía dos meses después en entrevista para este reportaje, se ha denunciado desde hace décadas porque “la gente lo vive con sus enfermedades”, pero aún hay negación dentro de los gobiernos, y eso ha sido el primer obstáculo para una coordinación regional.

A él mismo le pasó. Le tomó tres periodos reconocer la realidad públicamente. En su primera gestión (2015-2017) supo de casos de veinteañeros con problemas renales, diabetes y cáncer. Aunque son enfermedades multifactoriales, llamaba la atención que la incidencia se concentrara en ciertas comunidades: Pozo Ademado, Ex-Hacienda de Jesús, La Granja. Los estudios que le entregó la organización Caminos del Agua mostraron que los dichos de los activistas estaban fundados.

“Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria; compañeros vivían con esta enfermedad (fluorosis), era común pero no normal. Todo esto me hizo preguntarme si eso hace al agua a nuestros dientes, ¿qué le hace a nuestros riñones, a nuestros huesos, a nuestro cerebro?”, cuestiona el funcionario.

Castillo
Castillo ha sido alcalde municipal en tres ocasiones. Es de los pocos funcionarios que han hablado públicamente sobre la calidad del agua en la región.

En abril del año pasado, San Diego de la Unión invirtió 110 mil pesos en una planta purificadora bajo el proceso de ósmosis inversa, uno de los métodos más efectivos para eliminar contaminantes como fluoruro y arsénico. En el recibo de agua la gente tiene vales para garrafones de esta agua, son intercambiables en un centro ubicado a unos pasos del Palacio Municipal. Hasta el momento es la única alternativa de potabilización para 238 comunidades.

Dolores Hidalgo inició esta tendencia en 2018 con tres plantas, aunque los pozos que las abastecen ya no operan. San Felipe también estableció plantas para sus tres pozos y también dota de garrafones a quienes paguen puntualmente su servicio de agua mensual. Y San Miguel de Allende creó una para el Pozo de la Esmeralda. En todos los casos, la inversión fue municipal con recurso estatal y, a veces, federal.

Desde 1983, la Constitución establece que los municipios deben operar el servicio de agua potable. Sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales señala que el gobierno federal está obligado a garantizar este derecho humano e intervenir en casos urgentes, como la contaminación del líquido. Pero al momento la falta de trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno ha dejado a la población con secuelas a largo plazo.

Dientes color fluoruro

La cita de las 11 de la mañana está a nombre de Jimena. Entra al consultorio dental una niña de trenza larga que se recuesta sobre un sillón color naranja. A orden de la especialista, muestra los dientes que la acompañarán por el resto de su vida. Tiene nueve años y sus piezas frontales están salpicadas de manchas blancas, indicio de una fluorosis dental leve. Blanca Ramírez, su madre, la lleva diligentemente a su cita cada tres meses. Quiere que su hija sonría con libertad.

En marzo de 2023, una unidad dental móvil del Patronato Pro Niños llegó a El Salitrillo, la comunidad rural que habitan en San Miguel de Allende, Guanajuato. En aquella, su primera consulta, Jimena fue diagnosticada y atendida por el personal de esta organización que brinda servicios médicos y dentales a bajo costo en lugares donde el acceso a la salud es un lujo, y el sistema público es insuficiente o inexistente. Como a ella, a decenas de niñas y niños del municipio les han detectado fluorosis dental.

odontologa copia
La odontóloga Alejandra Rodríguez ha recorrido diversas comunidades de San Miguel de Allende. Ha encontrado manchas blancas, cafés y marrón en los dientes de decenas de niños.

Blanca confirmó con esa visita lo que ya se decía en la comunidad: bebían agua mala. Reconoció los efectos en su propia dentadura, el motivo por el que se incomoda con las fotos y por el que a veces usa cubrebocas. “Desde joven he tenido los dientes manchados. El agua afecta aunque uno tenga higiene. Ahora en la actualidad batallo con las caries, me han hecho endodoncias. Quiero que ella tenga la cultura de cuidar su salud bucal”, dice la madre de 40 años.

El Patronato realizó para esta investigación periodística el informe “Observaciones médicas y dentales relacionadas con el consumo de agua en comunidades de SMA”. En él da cuenta de comunidades que enfrentan un cóctel de dificultades: bajo nivel socioeconómico, falta de acceso al agua potable y a servicios de salud. Esa combinación, señaló uno de los especialistas, está vinculada al “incremento de problemas de salud relacionados con agua contaminada”.

Además de los problemas dentales, el personal ha encontrado ocasionalmente a niñas y niños con diarrea crónica, infecciones gastrointestinales, dolor óseo o articular, afecciones en la piel, retraso en el crecimiento, entre otras. El hallazgo ocasional no es casual, una visita de una unidad móvil a la misma comunidad puede tardar hasta tres años en repetirse, considerando que hay más de 500 en SMA.

Los altos niveles de fluoruro, explica la odontóloga Alejandra Rodríguez, no sólo tienen afectaciones en los dientes, sino en el autoestima de la población que la padece. “Afecta en su expresión, en cómo hablan, en cómo se dirigen. Los niños se sienten intimidados y no se expresan como realmente son”, dice la especialista con ocho años de experiencia en el Patronato.

Desde aquella visita en 2023, Jimena acude a los consultorios de la organización en la cabecera municipal. En su cita de julio, tras la revisión, la odontóloga Rodríguez da su dictamen: Jimena venció las caries y las pastas de protección están bien colocadas. Pero eso sí, le recuerda: “Ya se te cayeron tus dientes viejitos, Jimena. Usa un vasito de agua de garrafón para cepillarte, para que el agua no siga afectando la coloración de tus dientes”, le explica. Su madre interviene y le comenta que, cuando no hay dinero o los garrafones están agotados, no tienen más opción que regresar a la historia conocida: usar el agua que proviene del pozo.

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