Estrictamente Personal. 2019, cuando nació el huachicol fiscal

No pasó desapercibido que en el discurso político del domingo pasado, para celebrar su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ensalzara lo hecho por su predecesor Andrés Manuel López Obrador, y callara el principal logro de su joven administración: el desmantelamiento de una red de corrupción incrustada en lo alto de la Secretaría de Marina y de Aduanas, con la complicidad de empresarios mexicanos y estadounidenses en el contrabando de diésel, que se conoce coloquialmente como huachicol fiscal.

Este tema, ciertamente, es muy delicado para el gobierno actual porque este delito nació en el gobierno anterior –el de López Obrador–, mentor de la presidenta. No escapa tampoco que la investigación sobre el huachicol fiscal, que comenzó con el aseguramiento de un barco en Altamira a mediados de marzo, se encuentra aparentemente estancada. Mejor no seguir buscando, que seguir encontrando.

El panorama no podría ser más complejo: un informe de inteligencia del gobierno señala que el contrabando de combustible nació casi a la par del inicio del sexenio de López Obrador, como consecuencia del desabasto “autoinducido” –así lo llaman– en diciembre de 2018, recién llegado a Palacio Nacional.

La idea, por lo que revela el informe a cuyas líneas generales se tuvo acceso, tenía en la cabeza de López Obrador un principio, pero no su desarrollo ni final. La idea original era que el Ejército y la Marina tuvieran más dinero para comprar su lealtad ante las acciones radicales que estaba tomando, como la orden para no enfrentar al crimen organizado y la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Quería que la Secretaría de la Defensa adquiriera pipas para el transporte del combustible y “resolver” el desabasto, por lo que instruyó al entonces canciller Marcelo Ebrard que las comprara.

En enero de 2019, López Obrador anunció la firma de contratos para adquirir las primeras 571 pipas, que serían entregadas al Ejército y las administraría. Lo que no había calculado el expresidente era que el desabasto se le había salido de las manos al entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Conseguir combustible rápido era la solución, que se la dio, de acuerdo con el informe de inteligencia, Ebrard: un esquema de simulación fiscal, que no le gustaba mucho a López Obrador, porque sentía que iba a impactar en su popularidad. Pero no tenía de otra. Participaron en su instrumentación, según el informe, dos directores de Aduanas, Ricardo Peralta y Horacio Duarte, y para el último tercio del sexenio, una quinta parte de todos los petrolíferos vendidos en México provenían del contrabando.

El contrabando de diésel era inexistente en México hasta 2018, de acuerdo con el registro de exportaciones de diésel de Estados Unidos a México, reportado por la Agencia de Información Energética de ese país, y las importaciones de diésel registradas por la Secretaría de Energía.

Para 2019, las cosas habían cambiado significativamente. El diferencial negativo diario de barriles de diésel de exportaciones contra importaciones era 25 mil en ese año, que subió a 57 mil en 2020, y se elevó drásticamente en 2021, año de elecciones intermedias, a 88 mil. Para 2022, bajó a 15 mil, y en 2023, último año de estadísticas disponibles, se situó en 21 mil.

Durante ese periodo, el contrabando de diésel alcanzó los 74.2 millones de barriles, que sumaron casi 12 mil millones de litros. En total, el IEPS perdido, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que no ingresó al erario, totalizó 71 mil 272 millones de pesos: siete mil 892 millones en 2019, 18 mil 590 millones en 2020, 30 mil 846 millones en 2021, cinco mil 667 millones en 2021 y ocho mil 275 millones en 2023. López Obrador estaba al tanto. Igualmente, Romero Oropeza, quien limitó o canceló las auditorías que realizaba Pemex en las gasolinerías para revisar su comportamiento y verificar lo que se solicitaba y se vendía.

El combustible que entró de contrabando tuvo múltiples utilidades, además de entregarle a los altos mandos de las Fuerzas Armadas dinero que no dejaba huella. En 2021 financió campañas electorales de Morena, y siete gobernadoras y gobernadores llegaron al poder con dinero ilegal. A lo largo del sexenio se utilizó para financiar subrepticiamente tramos de la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base Militar de Santa Lucía.

Abrió oportunidades de negocios surgidos de fuentes ilegales a un grupo de empresarios que crecieron al amparo de los hijos del expresidente y fortaleció las dos ramas del contrabando de combustible que se juntaron en esa estrategia, la de Chiapas y Tabasco, donde aparecen el senador Adán Augusto López Hernández y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, quien es la línea de investigación en la que está enfocado el gobierno de Estados Unidos, dedicada principalmente al lucro, y la que encabezaba el empresario Sergio Carmona, orientada a la parte política, donde se encuentra involucrado el exlíder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, y dos gobernadores, de acuerdo con los expedientes de la DEA que sirvieron de base para procesos abiertos en las cortes federales de Texas.

El reporte de inteligencia tiene como espejo coincidental las investigaciones que realizó la Marina junto con la DEA sobre la red de contrabando de combustible de Carmona, y empata con las informaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en cuanto al detalle del grado de involucramiento de militares, marinos y políticos de Morena de Tabasco y Chiapas, cercanos de López Obrador, que ha utilizado el Departamento de Estado para presionar a Sheinbaum.

La línea sobre la cual camina la presidenta es sumamente delgada. Si bien existen las presiones de Washington, con un énfasis en que no se proteja al senador López Hernández –su principal objetivo en la actualidad–, también hay la creencia en Palacio Nacional de que es importante hacer un control de daños en México, sin ceder ante las pretensiones de Estados Unidos, porque se trata de un tema de gobernabilidad, y que una mala administración de este problema no termine cayendo al gobierno actual la corrupción y el involucramiento en delitos propios del crimen organizado, que fue del anterior.