En la zona de grises que yace entre los relatos gubernamentales de México y Estados Unidos, acerca de la realidad binacional, se cuela estos días el viaje de un grupo de parientes de un presunto narcotraficante al norte de la frontera, del que México no se había enterado. 17 familiares de Ovidio Guzmán han cruzado a California estos últimos días, movimiento que ha sorprendido al sur del río de Bravo, parte, al parecer, de un proceso de negociación entre el acusado, preso en EE UU, y las autoridades de aquel país.
Nada se sabe oficialmente, salvo lo poco que ha comentado Omar García Harfuch este martes, en un programa de radio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha reconocido el viaje de los familiares de Guzmán a EE UU, consecuencia “evidente”, ha dicho, de la negociación. El Departamento de Justicia de aquel país acusa de tráfico de fentanilo y otros delitos a Guzmán, en custodia de las autoridades estadounidenses desde septiembre de 2023. Guzmán ha aceptado declarase culpable a cambio de proveer información, acuerdo del que apenas empiezan a conocerse detalles.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha evitado el asunto, al menos de momento. Este martes, en su conferencia de prensa matutina, ha hablado de otro de los nudos de la relación estos días, la crisis del gusano barrenador en el ganado mexicano, y el cierre a las exportaciones desde EE UU, por dos semanas. Varios reporteros le han preguntado por esta plaga, pero ninguno por el caso de los Guzmán, familia que figura en el centro del universo criminal mexicano desde hace décadas, primero con el padre, Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora con Ovidio y sus hermanos.
El sorpresivo cruce fronterizo entorpece el cauce narrativo del Gobierno mexicano, que emplea habitualmente términos como cooperación, entendimiento o diálogo, para referirse a la relación bilateral. Visto lo ocurrido, el movimiento de los Guzmán parece obedecer, en realidad, a estrategias propias del Ejecutivo del país vecino, planes que la Administración que dirige Donald Trump ha elegido no compartir con el equipo de Sheinbaum y Harfuch.
En su entrevista en la radio, el secretario de Seguridad ha enfatizado dos puntos. Primero, que la captura de Ovidio Guzmán ocurrió en México, en enero de 2023, y segundo, que fue llevada a cabo por elementos del Ejército mexicano, operativo que incluso costó vidas de militares. Ha sido su forma de reclamar que México merecía algo más que silencio, teniendo en cuenta, además, los esfuerzos que ha hecho el gobierno para demostrar su compromiso contra el tráfico de drogas, particularmente contra el fentanilo, la última de las obsesiones transfronterizas en la Casa Blanca.
Así, el caso de los Guzmán dibuja de cara al público el aparente desequilibrio en las relaciones entre ambos países, pintadas desde México con palabras afables. La vuelta de Trump a la presidencia en enero obligó al aparato de seguridad mexicano a implementar un operativo permanente en la frontera norte, con cientos de guardias nacionales extra destinados allí. Una exigencia de Trump, como parte de la lucha contra el fentanilo, dada la epidemia de opiáceos y opioides al norte de la frontera.
Ávido de resultados inmediatos, el republicano y su equipo demandaron más. Pronto lo consiguieron. En febrero, el Gobierno de Sheinbaum mandó al norte a 29 criminales para que enfrentaran allí a la justicia, algunos largamente deseados, caso de Rafael Caro Quintero, uno de los presuntos autores del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en la década de 1980, o los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, antaño líderes de Los Zetas.
Trump ha celebrado la entrega de criminales y los operativos en la frontera norte, pero siempre ha jugueteado con posibilidades poco menos que impensables, como el envío de tropas a México, para combatir a los carteles de la droga, algunos de los cuales su Gobierno designó recientemente como organizaciones terroristas. “[Trump] ha sugerido cosas que para nosotros no son aceptables“, decía Sheinbaum la semana pasada en conferencia de prensa.
La colaboración del sur hacia el norte interpela lo que ocurre o deja de ocurrir en sentido contrario. Ovidio Guzmán aparece en documentos del sistema de justicia estadounidense como una especie de diablo moderno, uno de los principales traficantes de fentanilo al país. México logró capturarle, operativos fallidos mediante –el famoso culiacanazo– que dejaron muertos, heridos y sobre todo una sensación de terror en la población, principalmente en Culiacán, la capital de Sinaloa, cuna del cartel al que el Estado da nombre.
“El Departamento de Justicia debe compartir información con la Fiscalía General de la República”, ha dicho Harfuch. En pocas semanas, el diablo moderno que era Ovidio se ha convertido de repente en un activo para las autoridades de Estados Unidos, capaces de negociar con una persona como él, cuyas actividades son responsables de muertes en México, en busca del premio gordo, por ahora desconocido. A la espera de las negociaciones con el otro hermano Guzmán detenido, Joaquín, México quiere saber más.
