La presunta corrupción en el manejo del Fideicomiso para financiar obras de desarrollo social y de seguridad (Fidesseg) ha escalado a un nuevo nivel de controversia. A pesar de las graves irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), organizaciones empresariales han desplegado una ofensiva legal para, además de evitar la extinción del fideicomiso que ha propuesto la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, las sanciones que pueda determinar el Congreso del Estado ante las irregularidades y abusos, como la devolución del dinero desviado a los fines originales.
De acuerdo con el último informe de la ASEG, las observaciones financieras y de infraestructura se han hecho sobre el manejo de 249 millones 583 mil 303 pesos. De esta cifra, el organismo fiscalizador ha recomendado iniciar procesos para el reintegro de 170 millones 668 mil pesos. Los recursos, en su mayor parte, fueron destinados a proyectos de seguridad, una responsabilidad directa de las autoridades municipales, pero gestionados a través de organizaciones civiles y empresariales que fungen como intermediarias.
Una de las irregularidades más llamativas es el uso de 2.3 millones de pesos por parte de 17 organizaciones para el pago de sueldos a integrantes y familiares, incluyendo esposos, hijos, hermanos y sobrinos. Esta práctica, calificada como "autobeneficio", compromete la esencia misma del fideicomiso, que fue creado para fortalecer la infraestructura en seguridad y desarrollo social.
Destaca el caso del Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, que debe reintegrar 38.5 millones de pesos por el proyecto de modernización del centro de mando C4. Igualmente, la agrupación "León Agradecido" enfrenta el reintegro de más de 34 millones por un proyecto de tecnología en monitoreo urbano, además de otros cinco millones por la compra de mobiliario y equipamiento para aulas de seguridad.
La ASEG también propone la devolución de casi 40 millones de pesos por parte de los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, vinculados al proyecto de actualización del sistema 911. Por su parte, la Fundación Empresarial Guanajuato y Actuando por Guanajuato deben reembolsar casi 30 millones, pues no presentaron dictámenes de validación ni informes finales.
Investigaciones periodísticas han documentado que varias de estas agrupaciones fueron creadas apenas unos meses antes de que naciera el fideicomiso en 2022, pero rápidamente accedieron a recursos millonarios, lo que levanta sospechas sobre una posible estrategia de simulación para beneficiarse del presupuesto público.
El escándalo ha escalado cuando el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Decimosegundo de Distrito, para impedir que el Congreso de Guanajuato remita el dictamen sancionado por el pleno a la ASEG. La medida fue promovida por Michel Sojo Quiroz, representante legal del organismo empresarial, mediante el juicio de amparo indirecto 1257/2024-VII.
Además, otro juicio de amparo (1210/2024-VI) frenó la extinción formal del fideicomiso, publicada el 23 de octubre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado. La iniciativa de cancelación había sido anunciada por la gobernadora Libia Dennise García, al considerar que el Fidesseg había sido desvirtuado en sus fines y presentaba un manejo opaco y discrecional.
En entrevistas recientes, la mandataria estatal ha insistido en que la extinción del fideicomiso no es un acto de confrontación con el empresariado, sino un paso necesario para restaurar la confianza ciudadana y garantizar el uso transparente de los recursos públicos. "No vamos a permitir que se siga abusando del dinero de los guanajuatenses", declaró.
Mientras tanto, las investigaciones continúan y el caso se perfila como uno de los más delicados en la relación entre el sector privado y el gobierno estatal en los últimos años. El futuro del Fidesseg pende de un hilo judicial, pero el debate ya ha revelado una preocupante red de intereses creados, opacidad financiera y posible corrupción con disfraz empresarial.
