Narcopolítica

La defensa de los Farías Laguna ha solicitado sin éxito que su tío, que fue el secretario de Marina de Obrador, acuda a declarar por el caso de contrabando de combustible.

La acusación afirma que el líder criminal financió actos de corrupción en distintos niveles del gobierno mexicano; exigen le sean decomisados 15 mil millones de dólares.

La presidenta reiteró que “alguien mintió” respecto a la captura de Ismael “El Mayo” y Joaquín Guzmán López en 2024; y destacó que distintas detenciones de narcotraficantes en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, son prueba de que no hay pactos con cárteles.

El gobierno de Donald Trump ha señalado a través de filtraciones periodísticas a los mandatarios de Sonora y Tamaulipas, que niegan cualquier delito. Las sospechas también apuntan a la gobernadora de Baja California.

"Al menos una decena de funcionarios", entre ellos gobernadores y legisladores, se habrían puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos, reporta el medio

Ambos estarían bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado. De acuerdo con la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de alguna investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Formado en inteligencia militar, el general ha sido señalado como el verdadero cerebro detrás de la militarización de la vida pública.

 

Gerardo Mérida Sánchez enfrenta acusaciones por narcotráfico y presuntos sobornos del crimen organizado. Mérida Sánchez ha sido aceptado en calidad de testigo cooperante y, posiblemente, protegido, en caso de que se demuestre que su vida corre peligro, informó una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

 

A casi tres semanas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a 10 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, dos se han entregado ante las autoridades del país vecino, tres solicitaron licencia de su cargo, uno se encuentra técnicamente en funciones y de cuatro de ellos se desconoce por completo su paradero.

 

El senador de Morena sostuvo que los señalamientos en su contra son “mendaces y carentes de todo sustento”.

 

Esta semana, la agencia federal estadounidense dio instrucciones a los fiscales para que comiencen a establecer causas penales por narcotráfico contra funcionarios mexicanos usando nuevos estatutos sobre terrorismo.

 

Washington echa el guante a dos de los exfuncionarios acusados de colaborar con el Cartel de Sinaloa. Su entrega voluntaria a la justicia da la vuelta a la exigencia de pruebas del Gobierno de Sheinbaum. 

 

 El GPPAN acusó a Morena de proteger delincuentes. Los legisladores señalaron que, mientras el PAN trabaja por el estado de derecho, la Cuarta Transformación ha permitido que la violencia avance, priorizando la defensa de personajes cuestionables, antes de priorizar la atención a las víctimas y la paz de los ciudadanos.

 

Manuel Añorve acusó a Morena de deteriorar la relación con Estados Unidos, mientras la panista Kenia López Rabadán exigió explicaciones a políticos sinaloenses señalados por nexos criminales.

Dos líderes de esta facción del Cartel de Sinaloa, Ovidio y Joaquín Guzmán, ya fueron detenidos y colaboran como testigos de las autoridades estadounidenses.

 

Rubén Rocha Moya se desmarca del resto de altos cargos de Sinaloa señalados por la justicia estadounidense y dice que deben responder por sí mismos.

 

De acuerdo con la acusación que hizo pública el Departamento estadounidense de Justicia, Los Chapitos jugaron un rol clave en la elección, en 2021, de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, al presuntamente secuestrar, intimidar y robar boletas, entre otras acciones, para garantizar el triunfo del candidato de Morena.

 

De acuerdo con la acusación hecha pública por Estados Unidos, cuando a principios de 2021 ya estaba en campaña para ser el próximo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “se reunió con los entonces líderes” del Cartel de Sinaloa. El texto describe un encuentro protegido por “sicarios armados con ametralladoras”. “Iván y Ovidio”, dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, le aseguraron que él ganaría las próximas elecciones a cambio de que, una vez electo, colocara “en puestos de autoridad del Gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos”. 

 

 

Se les acusa de “haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”. En el caso de Rocha Moya, afirma que llegó al cargo “después de que “Los Chapitos presuntamente le ayudaron a salir elegido mediante, entre otras cosas, el secuestro y la intimidación de sus rivales”.

La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

 

Martín Camarena de Obeso es socio de una empresa sancionada por la OFAC, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.