Estrictamente Personal. Siete meses de guerra

En vísperas de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta, su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, decía que la definición del éxito de la nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada sería la pacificación de Sinaloa. Recién había comenzado la guerra interna del Cártel de Sinaloa, que no necesitaba diagnóstico para saber lo que representaría. Existía la experiencia por un fenómeno similar en la misma organización en 2008, cuando la implosión por traiciones de sus líderes comenzó en enero con matanzas que se extendieron por cuatro meses antes de ser controlada. Hoy, la guerra interna en el cártel duplica ese periodo en batallas que no tienen para cuando acabar.

Sinaloa se está convirtiendo en la metáfora de un gobierno que enfrenta a los cárteles, pero no puede con ellos. Todos los días hay un parte policial de acciones, detenciones y decomisos, pero los asesinatos no cesan y cada vez hay más soldados y policías que son eliminados por los criminales.

Cada semana informa el gobierno que el índice de homicidios dolosos ha bajado significativamente, pero choca con el espejo de los escépticos que les recuerda que están comparando peras con manzanas, desinformando a la población con trampas metodológicas que proyectan bajas en ese tipo de delitos mientras el número de desaparecidos se ha ido elevando imparable y significativamente.

La violencia no ha cesado en el país, pero en el epicentro de la atención pública, Sinaloa, claramente el gobierno federal está siendo derrotado.

La guerra comenzó el 9 de septiembre del año pasado en Culiacán, como consecuencia de la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a su padrino, Ismael El Mayo Zambada, que en una operación clandestina el 25 de julio coordinada por el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, fue capturado en Culiacán y trasladado subrepticiamente a Nuevo México. Como resultado de aquella acción, este martes Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín, pospuso su audiencia en Chicago, programada coincidentemente para el viernes, porque está por llegar a un acuerdo con los fiscales estadounidenses para cooperar con ellos.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre y diciembre del año pasado, se cometieron 656 homicidios dolosos en Sinaloa, de los cuales, más de 50% se registraron en octubre y noviembre.

Datos de la Fiscalía General del Estado muestran una tendencia al alza en los crímenes, superando sistemáticamente la cifra de 200 por mes, cerrando el periodo enero-abril de este año en 847 personas asesinadas. Esto es lo que describió el lunes pasado el gobernador Rubén Rocha Moya –otra de las metáforas de la tragedia sinaloense– como “un problemita”.

La guerra del Cártel de Sinaloa comenzó al revés de lo que son las guerras en la capital, en lugar de ser la última en ser afectada por la violencia, por una razón simple: era el santuario de los hijos de El Chapo Guzmán. Pero no comenzó con ellos siendo atacados, sino con ellos tratando de aprovechar la ausencia del jefe, El Mayo Zambada, y atacando la periferia de Culiacán, que es semirural, y la parte baja de la sierra, los bastiones de las milicias mayistas.

Era el intento de los Guzmán por quedarse con el control del cártel, pero no calcularon bien la fuerza de la mayiza. Gradualmente los frenaron y los fueron repeliendo. Les quitaron la iniciativa y poco a poco también les fueron arrebatando Culiacán, de acuerdo con personas con conocimiento de primera mano de sus operaciones.

El lunes, en vísperas de iniciar el octavo mes de guerra en Sinaloa, la violencia se extendió por muchas partes del estado. Informes de la Secretaría de la Defensa citados por El Sol de México –que tiene en Culiacán a un reportero, Juan Veledíaz, con gran acceso a los militares–, la sacudida violenta alcanzó municipios que eran considerados “tranquilos”, como Mocorito, Salvador Alvarado y Guasave, en el norte del estado, donde prácticamente no había enfrentamientos.

De acuerdo con la información del diario, se debió a la presunta alianza entre los grupos que responden a Ismael Zambada Sicairos, apodado El Mayito Flaco, segundo hijo del exlíder del cártel que está disputando el control de la organización con Iván Archivaldo Guzmán, con Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, una fuerza criminal autónoma que controla el norte de Sinaloa y que, hasta ahora, se había mantenido al margen del conflicto entre las dos facciones dominantes del cártel.

Los chapitos no forjaron ninguna alianza con otra organización criminal y, de acuerdo con fuentes del más alto nivel del gobierno federal, las versiones de un acuerdo con el Cártel Jalisco Nueva Generación no eran ciertas. La guerra parecía encontrarse en una especie de empantanamiento hasta este lunes, cuando se experimentó la violencia en regiones que se habían mantenido relativamente al margen de ella, con la participación de El Chapo Isidro, que aumentó la capacidad de fuego de la mayiza y, que por lo que se vio, parece haber modificado la correlación de fuerzas en Sinaloa.

La confrontación ha sido narrada puntualmente por la prensa en Sinaloa, informada y valiente como pocas, cuyos despachos de guerra muestran a dos fuerzas paramilitares irregulares que no se detienen por la presencia de las Fuerzas Armadas ni de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo trabajo de inteligencia le da para detener a criminales y decomisar armas y dinero, y para destruir sus laboratorios de drogas, pero sin mermarles recursos y capacidad de fuego, ni arrebatarles control territorial.

Las fuerzas federales están sentadas en la segunda fila de un conflicto que no pueden controlar. La nueva estrategia centrada en la pacificación de Sinaloa está reducida a palabras y buenos deseos. Quizás, con el reacomodo de las fuerzas criminales que se observa, tras nuevos picos de violencia, la facción ganadora regrese la tranquilidad y la gobernabilidad a Sinaloa. Esa nueva pax narca que añoró el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando estalló la guerra hace siete meses, volverá a definir al gobierno en la lucha contra los cárteles de la droga.