La presidenta Claudia Sheinbaum no parece dimensionar que su tolerancia al acoso a las libertades por parte de morenistas pudrirá la convivencia.
Opinión30 de junio de 2025 Salvador Camarena
La llegada de Morena al poder no se entiende sin la capacidad que tuvo de articular apoyos de colectivos, comunidades y liderazgos locales. Desde el territorio, asumió la agenda de pobres y olvidados, de víctimas de injusticias, incluidas las de acoso gubernamental.
A 10 años de la irrupción morenista en las urnas, el panorama de los derechos humanos no luce a la altura de las promesas: hay alarmantes casos de violencia en contra de activistas y líderes comunitarios, y aires que despiden tufo a regresión.
Mientras el Congreso obradorista apura leyes que empoderan a la izquierda, dizque heredera de la que fue perseguida por policías políticas, sucesos exhiben que Morena no ha sabido proteger a defensores de agendas que, decían los guinda, eran su leitmotiv.
El lunes, la organización EQUIS Justicia para las Mujeres denunció que sus instalaciones habían sido allanadas. La ONG subrayó que los delincuentes despreciaron algunos objetos de valor y sólo sustrajeron equipos “con información sensible y estratégica”.
Aclararon que no descartan un hecho de delincuencia común, pero al demandar justicia a las autoridades capitalinas subrayaron que el incidente “pone en riesgo la integridad de quienes formamos parte de EQUIS, así como de las colectivas y OSC con las que trabajamos”.
Días después, la Red todos los Derechos para Todas y Todos denunció que la oficina de Ciarena A.C., en Oaxaca, fue allanada. Red TDT demandó protección para Silvia Pérez Yescas, quien ya había sufrido meses atrás un allanamiento domiciliario, y para su equipo.
Ya en el poder, Morena ha tenido relaciones conflictivas con liderazgos comunitarios. Uno de los más visibles por la inconformidad ante la falta de justicia en el asesinato de Samir Flores, en febrero de 2019, quien encabezaba la lucha en contra de una planta de la CFE en Morelos.
Encima, la llegada de Morena a gobiernos de entidades como Oaxaca no ha significado condiciones distintas para los liderazgos comunitarios, como lo consignó en febrero La Jornada, al señalar que es “el estado más peligroso para organizaciones sociales y activistas”.
Tres semanas después, el mismo diario reportó, como una confirmación del deterioro oaxaqueño, “el homicidio del activista Cristino Castro Perea, de 63 años, perpetrado en el municipio de Santiago Astata”, quien contaba con “protección” de la Segob.
Porque salvo cierta apertura de Gobernación hacia las madres buscadoras, la sociedad civil vive con Claudia Sheinbaum la misma hostilidad que con AMLO. Y hay quien teme que la discrecionalidad de la nueva ley antilavado se use para fiscalizar aún más a las ONG.
Sólo por si hiciera falta enfatizar la indolencia oficialista, cabe mencionar las declaraciones de Rosario Piedra Ibarra de la semana pasada, cuando dijo que colectivos de buscadoras (que en público han pedido su renuncia a la CNDH) “están contentos” con ella.
Sheinbaum ha permitido un ambiente político donde los gobernadores de Puebla y Campeche se sienten autorizados para promover iniciativas o denuncias judiciales en contra de periodistas. Igualmente, uno donde ciudadanos son obligados por políticos a “disculparse”.
Los tiempos recios de la censura oficial tocan a la puerta de la mano de la primera presidenta mujer de México. ¿Volverán también la impunidad en allanamientos, atentados y singulares “robos” a activistas y opositores, como antaño? Es pregunta.
La presidenta no parece dimensionar que su tolerancia al acoso a las libertades por parte de morenistas pudrirá la convivencia. Se generará así un ambiente en donde intereses criminales se sentirán cómodos para pasar a los hechos.
Esa permisividad antiderechos significaría no sólo una renuncia a su deber como gobernante, sino traicionar ciertas causas que explicaban su arribo al poder.
No pasa día en que un nuevo escándalo de corrupción y destrucción de la vida republicana e institucional no obnubile a los anteriores, sumados y sumidos en grandes cantidades, uno encima del otro, como la mejor opción de una incapacidad desde el Estado para atender las demandas fundamentales de la población, de lo que debiera ser la sana salud de la nación.
Detrás del dron que sobrevoló en Valle de Bravo estaría una persecución de EU contra cárteles de Michoacán, quienes ahora serían prioridad para Trump.
El riesgo es evidente: que bajo el discurso de "profundizar la democracia" se esconda un intento por modificar las reglas electorales para favorecer al partido en el poder. .
"Nada ha cambiado de fondo en el problema de la violencia e inseguridad en México, salvo que a los cárteles de las drogas ya no se les llama así, sino ‘terroristas’', apunta Raymundo Riva Palacio.
Sheinbaum va perdiendo la batalla, no por falta de recursos, sino porque es parte de su compromiso con López Obrador: cuidar a sus leales y evitar un daño, como lo cree, al movimiento de la ‘cuatroté’.
Las estaciones Bosco y Delta cuentan con módulos para orientar a las personas usuarias sobre rutas, servicios y paraderos. Se rehabilita y da mantenimiento a la infraestructura urbana para crear cruces y espacios más cómodos.
El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, se alojó en la habitación 3205 del hotel The Okura Tokyo, considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón. Los comprobantes en poder de este medio revelan que el actual secretario de Organización en Morena no mintió en el precio de la habitación que ocupó durante dos semanas, pero ocultó otros gastos, como una cena de más de 47 mil pesos en uno de los restaurantes del hotel. El costo de esa cena supera la totalidad del salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, que era de 43 mil 957 pesos.
Durante el periodo 2022-2024, 239 mil 603 personas accedieron a seguridad social, según la Estimación de la Pobreza Multidimensional 2024, elaborada con la metodología oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Una legislación que pretende imponer una concepción moral sobre la sociedad no solo se equivoca, sino que discrimina: Ruth Tiscareño. “Tristemente creo que respecto al matrimonio igualitario en Guanajuato, tenemos que estar regateando el derecho: Silverio Ramírez. Se pretende cambiar la palabra matrimonio por darle gusto a los sectores religiosos: Ricardo Gallardo.
No pasa día en que un nuevo escándalo de corrupción y destrucción de la vida republicana e institucional no obnubile a los anteriores, sumados y sumidos en grandes cantidades, uno encima del otro, como la mejor opción de una incapacidad desde el Estado para atender las demandas fundamentales de la población, de lo que debiera ser la sana salud de la nación.
