¿Jueces narcos?: la irresponsabilidad de Morena

Uno de los riesgos de elegir al Poder Judicial mediante voto popular se ha cristalizado de forma prematura. Los críticos advirtieron que intereses oscuros podrían cooptar candidatos. Se quedaron cortos: hay indicios de que agentes criminales se colaron en las planillas.

Esto no debería estar ocurriendo. No me refiero siquiera a la elección judicial. Si no al enorme desaseo de la misma. Morena tiene en la temeridad una de sus más indeseables características. Ir en el séptimo año de gobierno a nivel federal no se traduce en profesionalismo.

Una cosa es tener los votos, e incluso haber puesto en la plataforma electoral del 2024 la reforma a otro poder de la nación. Otra es estar a la altura. Lo relevante es, si ya lo iban a hacer, por qué la proclividad a desdeñar tanto la experiencia institucional como la diversidad nacional.

México no era —ya no se puede usar en presente ese verbo— un país improvisado o inexperto en organizar elecciones. Tal expertise costó mucho, pero valía cada peso.

De forma que puestos a nombrar jueces por voto popular, además de la mayoría legislativa para hacer el cambio constitucional requerido, se necesitaban dos gramos de responsabilidad para pensar tantito cómo proceder a fin de no terminar metiendo al país en más problemas.

Se pudo y se debió escuchar ex ante al INE y a otros expertos en diseñar elecciones. Se pudo y se debió incluso llamar al propio Poder Judicial, y a barras de abogados, y a colectivos de juristas y de la sociedad civil para recibir sugerencias y armar escenarios.

No digo llamar a esos actores para un “parlamento abierto”, por si luego alegan que hubo foros, etc. No. Llamarlos para lo operativo. Incluirlos en el diseño de una elección que hoy atestiguamos que puede en efecto ser histórica, pero para mal.

En vez de ello, Morena se autoasignó la tarea de eliminar por sorteo, en una tómbola realizada con dispendio de frivolidad, la experiencia de cientos de integrantes del Poder Judicial, a cuyas trayectorias se les puso fecha de caducidad este primero de junio.

Las imágenes de las bolitas del sorteo llevado a cabo en el Senado en enero fueron el preludio de lo que vimos luego y de lo que se teme que ocurra en la elección dentro de cinco semanas: un proceso sin pies ni cabeza, pero, eso sí, con dados cargados.

Tras guillotinar la permanencia de jueces, magistrados y ministros a quienes no se les comprobó falta, negligencia o crimen concreto, el Senado y la Presidencia se arrogaron la facultad de depurar las listas de candidatos a fin de que a la planilla llegara gente capaz y proba.

La verdad sea dicha es muy revelador que justo esta semana el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña reconozca lo que observadores llevan más de un mes advirtiendo sobre ciertos perfiles que nunca debieron alcanzar el título de candidatos.

Revelador de que ni ellos mismos, es decir ni quienes presidieron la criba en el Legislativo, supieron lo que hicieron. Y ante la abrumadora evidencia de errores y horrores, no pueden fingir más su impericia e irresponsabilidad. Hoy piden que otros resuelvan el entuerto.

Nadie sabe a ciencia cierta qué tan bueno fue el trabajo del Poder Ejecutivo con respecto a su lista (del Poder Judicial es aún más difícil sacar un diagnóstico porque quedó trunco en medio de amparos, e inoperancia política de la aún presidenta de la Suprema Corte).

La reserva con respecto al listado del poder presidido por Claudia Sheinbaum deriva de dos supuestos: uno, la tarea fue descomunal y el plazo muy corto; y dos, vayan ustedes a saber cuántos incondicionales pudo colar el exministro Arturo Zaldívar, juez y parte de la destrucción del Poder Judicial que por años le dio de comer.

De lo que no hay duda, en cambio, es que una abrumadora mayoría de los escándalos derivados de la conformación de las listas provienen de los procesos (llamarles trabajo es a todas luces excesivo, pues ese término implica esfuerzo e inteligencia) realizados por el Legislativo.

¿Es necesario repetir que en ese listado había candidatos duplicados, o candidatos que nunca buscaron inscribirse, o unos que carecían de la debida documentación, o que presentaron esta por vías no solo no institucionales sino francamente amateur?

Y claro, cuando surgieron las inconsistencias se llamó al INE, para que les saquen las castañas del fuego, para que les planchen sus enredos. Ni el Instituto Nacional Electoral, heredero de medio siglo de sapiencia antifraudes puede, incluso si quisiera, salvar esto.

Si en Morena no abundara la soberbia, no estaríamos de nuevo en medio del escándalo: hace un mes habrían tomado nota de listados como el realizado por la organización Defensores, que con un peinado de las listas fue detectando demasiados impresentables.

Tiempo hubo, pues, para que el Senado asumiera con autocrítica una más de sus insuficiencias y buscara la forma de limpiar el proceso. Incluso si fuera en términos políticos, de hacer un llamado a que ciertas candidaturas sean visibilizadas porque entrañan riesgo.

Esto —que haya candidatos de alta toxicidad para la sociedad en las listas de una compleja elección, y otros de muy dudosa capacidad—, no debería haber ocurrido.

Si Morena recordara que en el anterior régimen las mayorías priistas no representaban a todo el país, sabría reconocer que hoy su dominio tampoco es, ni suficiente en términos de capacidades, y menos a la hora de prever riesgos democráticos. Pero no se les da.

Si fueran responsables habría sumado ayuda, y no estaríamos aquí.

Y de candidatos que ni se preocupan por ocultar que son bien vistos por el régimen, y que hacen campañas que a todas luces no caben en los presupuestos permitidos por la ley de Morena, ni hablar. Así va la mal llamada elección judicial.