Ni un mes demoró al gobierno del presidente Donald Trump para recetar a la presidenta Claudia Sheinbaum su primera lección de filtraciones incómodas. The New York Times y la cadena de televisión CNN revelaron ayer que la CIA está volando drones espías sobre territorio mexicano, en violación de la soberanía nacional, para detectar laboratorios de fentanilo. Sheinbaum podría pedir una explicación al Departamento de Estado sobre esta intromisión y exigir que se detengan estos vuelos. Sin embargo, no lo puede hacer. Los mismos despachos periodísticos señalan que esos vuelos son del conocimiento del gobierno mexicano, que a la vez recibe información de inteligencia que recogen sus drones.
Esto quiere decir llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano, contrario a lo que aseguraron la Presidenta y el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno, que en público afirman que no permitirían tales acciones. Una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de la Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deja expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos.
No podía hacer mucho la presidenta para desmentir que conocía de esos vuelos de la CIA y proceder con una protesta diplomática. Optó, como suele hacerlo, por la banalidad para desviar que la atraparon con los dedos en la puerta. “Es parte de esta campañita”, respondió.
Las filtraciones son una herramienta de la política exterior de Estados Unidos, y se utilizan para presionar a otros gobiernos por vías informales, con la salida plausible de que las informaciones no fueron autorizadas. También han sido utilizadas para establecer una posición de fuerza en vísperas de reuniones bilaterales.
Eso se vio recurrentemente en momentos difíciles de la relación bilateral en materia de seguridad, cuando aparecían en la prensa de Estados Unidos filtraciones sobre militares o funcionarios mexicanos vinculados con el narcotráfico. En este ABC de las filtraciones en Washington no puede escapar que las de ayer se dieran en la víspera del viaje de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Economía, Marcelo Ebrard, para hablar de dos temas que Trump vincula con lo mismo: tráfico ilegal de fentanilo.
Fue un golpe bajo a la novatez del gobierno de Sheinbaum, que no entendió las señales que empezaron a enviarle desde Washington desde el 4 de febrero, cuando The Wall Street Journal informó que la CIA estaba cambiando prioridades y que una de ellas sería el combate a los cárteles de las drogas, junto con espionaje sobre sus aliados para negociaciones comerciales. El lunes, The Washington Post adelantó en su edición digital lo del martes, al revelar que la CIA estaba considerando realizar operaciones clandestinas enfocadas en los cárteles de las drogas.
En el caso de México, las filtraciones siempre han cargado detrás una molestia de Washington con el gobierno de México. Su predecesor Andrés Manuel López Obrador lo vivió en la última parte de su sexenio cuando la DEA filtró a tres medios que dos campañas presidenciales suyas habían tenido financiamiento del narcotráfico, pero que las investigaciones fueron cerradas por razones políticas, no porque no tuvieran prueba de ello. Lo que dejó manchado a López Obrador, para utilizar un lenguaje que muchas veces usó, es que sus evidencias mostraron que sí tenían información sobre el narcofinanciamiento, pero que se impuso el criterio del Departamento de Estado, acostumbrado a tratar con todo tipo de regímenes en el mundo en función de sus intereses estratégicos y de seguridad nacional.
López Obrador acusó el golpe y fue notable su descomposición en las mañaneras. Sin embargo, como lo hizo Sheinbaum, ocultó que había autorizado vuelos espía para recoger información de los laboratorios de fentanilo y que recibió la información para que actuara en consecuencia. López Obrador –se reveló ayer– no hizo prácticamente nada por desmantelarlos, aunque hizo algunas detenciones. No se sabe si en el caso de Sheinbaum esté utilizando la información para operaciones en lo que llaman diariamente “acciones relevantes” del gabinete de seguridad, o como en el sexenio anterior, finja demencia.
Las cuatro revelaciones en dos semanas reflejan gran prisa de la administración Trump para saldar cuentas con las organizaciones criminales mexicanas que trafican con fentanilo y la “insatisfacción”, como lo llamó Trump hace 10 días, a lo que está haciendo México en ese campo. Las filtraciones son un apretón de tuercas al gobierno de Sheinbaum, que está obligada a dar una respuesta porque contradice completamente su narrativa pública y la exhibe políticamente. Harfuch y Ebrard llegarán a Washington con el golpe a cuestas y con espacios de maniobra para la negociación disminuidos.
Esto es algo que no ha sucedido en el pasado. Lo que es diferente es que, a partir de lo que han dejado ver las cuatro filtraciones, el gobierno de Trump ha escalado la lucha contra los cárteles en México, militarizando el combate, por un lado, como se explicó la semana pasada en este espacio, y haciendo a un lado, por lo pronto, a la DEA de las funciones primarias contra los cárteles, otorgándole atribuciones ampliadas a la CIA en este campo, que no se veían en América Latina desde el Plan Colombia, que se empezó a instrumentar en 1999.
Las filtraciones colocan a la presidenta Sheinbaum en una situación delicada y vulnerable, tras estos cuatro golpes que el gobierno de Trump escaló en cuestión de días. No se trata de que haya vuelos espía –como las más de dos decenas que tiene el Pentágono en la frontera con México–, sino de dos armas adicionales que están implícitas. Una quedó clara en las revelaciones de ayer: los drones que están volando sobre México no están armados, pero en cualquier momento podría cambiar la orden y dispararlos sobre objetivos específicos. La otra, no menos compleja, es qué tanto está dispuesta la administración Trump a ir filtrando a los medios información comprometedora para ella, con el propósito de arrinconarla y obligarla a concesiones que no habría estado dispuesta a ceder en condiciones políticas normales.
