![Enrique Quintana](/download/multimedia.miniatura.a34a57a1bbf1f856.RW5yaXF1ZSBRdWludGFuYV9taW5pYXR1cmEud2VicA%3D%3D.webp)
Kamala Harris, actual vicepresidenta, quien recibió el respaldo de Biden para reemplazarlo, también genera dudas respecto a su competitividad electoral.
Se plantea que los diputados asignados a la coalición de Morena-PVEM-PT tendrían que obtener el 74% de las curules, aunque su votación haya representado el 56.4% de los votos válidos emitidos.
Opinión16 de julio de 2024 Enrique QuintanaUno de los grandes debates políticos que se presentan hoy en el país es el de la llamada ‘sobrerrepresentación’ y los límites que le impone la ley.
El artículo 54, fracción V, de la Constitución dice literalmente lo siguiente:
“En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación emitida”.
La discusión de fondo es qué es lo que ocurre con las coaliciones en las que diversos partidos postulan a un solo candidato.
La intención de Morena y sus aliados es que la interpretación del artículo 54 sea literal y que por lo tanto a cada partido político que integró la coalición le sea aplicado el criterio constitucional en lo individual, de manera que la ‘sobrerrepresentación’ de la coalición sea la suma de la de cada partido.
Esto implicaría asignar un porcentaje de la votación para diputados por arriba del porcentaje recibido, de tal suerte que se plantea que los diputados asignados a la coalición de Morena-PVEM-PT tendrían que obtener el 74 por ciento de las curules, aunque su votación haya representado el 56.4 por ciento de los votos válidos emitidos.
Es decir, en conjunto, la sobrerrepresentación sería de alrededor de 18 puntos.
El sentido común diría que los asientos en cada una de las cámaras debieran corresponder al porcentaje de los votos recibidos por los partidos. Pero no es así.
Las múltiples complicaciones que a lo largo de los años se han introducido en el sistema electoral mexicano permiten que haya esa divergencia.
Todo comenzó con la representación proporcional.
En la década de los 60 se crearon los llamados “diputados de partido”. Al margen de los resultados distritales, se asignaba un diputado de partido a la fuerza política que obtenía al menos el 2.5 por ciento de la votación total. Por cada medio punto porcentual adicional se adicionaba un diputado.
Posteriormente se crearon los diputados plurinominales o de representación proporcional, que se asignaban en función del porcentaje de la votación obtenida en cinco regiones en las que se dividió al país, aunque los partidos no hubieran ganado ningún distrito.
Pero, al mismo tiempo que se daba entrada a la representación proporcional, limitando las mayorías absolutas que obtenía un partido hegemónico, como era el PRI, se estableció la llamada “claúsula de gobernabilidad”.
La reforma constitucional de 1986, que estableció dicha cláusula, permitía que si algún partido no llegaba al 51 por ciento de las curules y era el que más votos había obtenido, se le asignaran diputados plurinominales para alcanzar ese porcentaje.
Se establecía además un tope del 70 por ciento, como máximo de diputados que podía obtener un partido.
Esa regla estuvo vigente hasta 1993.
Después se han modificado los mecanismos de asignación de las diputaciones plurinominales, pero se dejó en la redacción del artículo constitucional un contrasentido.
Es obvio que la intención del legislador al establecer el límite de 8 por ciento a la sobrerrepresentación era impedir la existencia de mayorías “artificiales”, en las que una fuerza política que ganara muchos legisladores por mayoría relativa tuviera además una adición suficiente para aumentar ese porcentaje.
El sentido del límite del 8 por ciento no era catapultar a una coalición sino limitar a los partidos políticos con mayoría para evitar que se convirtieran en hegemónicos, como lo fue el PRI.
Con esa filosofía, la redacción constitucional debió ampliar la regla para ser aplicable a partidos y/o coaliciones.
Sin embargo, los partidos que hoy están en la oposición, sea por negligencia o porque pensaban que esa redacción les podría beneficiar en algún futuro, la dejaron vigente aun en el momento en que tenían posibilidad de corregir la redacción de ese artículo constitucional por la composición que existía en las cámaras.
Pero, no lo hicieron, pues se equivocaron en todos sus cálculos.
No se ve sencillo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se logre una mayoría que interprete la regla del artículo 54 como algo aplicable a las coaliciones y no solo a los partidos.
No veo a un Tribunal que tenga la fuerza y la unidad para enfrentarse al gobierno, pues su interpretación, haría imposible el llamado Plan C.
Ojalá me equivoque, pero creo que estaremos pagando otro error de los partidos que perdieron en la elección del 2 de junio.
Kamala Harris, actual vicepresidenta, quien recibió el respaldo de Biden para reemplazarlo, también genera dudas respecto a su competitividad electoral.
Morena y el gobierno estarían jugando con fuego si con 85 votos pretenden hacer efectiva la reforma constitucional.
Lo que sí sabemos ya es que López Obrador y los suyos hoy hacen exactamente todo lo que criticaban. Y así sea a salto de mata, intentarán aprobar la reforma judicial.
El peso cotizaba a 16.96 por dólar el 31 de mayo, dos días antes de las elecciones. Ayer, 1 de agosto, estaba en 18.92 a las 8 de la noche. En dos meses el superpeso se ha depreciado 11.8 por ciento. Es la moneda de países emergentes que más ha perdido valor frente al dólar en este bimestre.
Finalmente, AMLO sacó lo que en el fondo más le preocupa, que se publiquen sus presuntas relaciones con el narcotráfico.
Magdalena Gálvez García, quien trabaja en la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), señaló que este taller le ayudó mucho ya que le brindó herramientas para tener un mejor desarrollo personal y una comunicación correcta.
The Wall Street Journal informó que las empresas estadounidenses están aplazando sus planes de inversión en México. La Industria Nacional de Autopartes (INA) confirmó la detención de inversiones provenientes de la industria automotriz como consecuencia de la posible aprobación de la reforma judicial.
Este día, la Diputación Permanente convocó al segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, que se celebrará el próximo 12 de septiembre, a las 10:00 horas. Los legisladores aprobarán, entre otros puntos, reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.
La Comisión de Juventud y Deporte dio por terminados sus labores legislativas, tras aprobar el informe de los trabajos realizados durante la actual legislatura.
Esta mañana, algunos congresos locales ya comenzaron a sesionar para aprobar en fast track (o rechazar) la iniciativa propuesta el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador.