Enrique Peña Nieto no fue tocado, pese a las presiones de los radicales sobre López Obrador, que argumentaban que no podría cumplir su oferta de acabar con la corrupción si no actuaba contra el expresidente.
Opinión09 de julio de 2025 Raymundo Riva Palacio
Tras un sexenio de contención, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha comenzado a recorrer, en firme, el camino para lograr lo que anhelaba: procesar y encarcelar a un expresidente de México.
Nunca le permitió el expresidente Andrés Manuel López Obrador ejecutar una orden de aprehensión en contra de Felipe Calderón por el caso de Rápido y Furioso, y mucho menos contra Enrique Peña Nieto, con quien forjó un pacto de impunidad en la primavera de 2018 –a través de intermediarios–, donde la premisa era: si tú no te metes en la elección, no te meto en la cárcel. Calderón parece encontrarse fuera de su alcance, pero con Peña Nieto tiene una nueva oportunidad.
Ayer anunció que iniciaría una averiguación contra Peña Nieto, que comenzaría con la solicitud al gobierno de Israel para que le proporcione información sobre un presunto soborno de 25 millones de dólares por parte de dos empresarios israelíes que vendieron el software Pegasus a México.
Este nuevo señalamiento contra el expresidente surgió la semana pasada cuando The Marker, un reputado diario especializado que se edita en colaboración con The Haaretz, uno de los principales periódicos israelíes, reveló detalles de un litigio entre ellos en tribunales.
The Marker dijo que Uri Ansbacher, dueño de KBH Track, proveedora del software Pegasus, y su socio Avishau Neriah, son los protagonistas de un pleito judicial en donde han surgido declaraciones sobre “lucrativos negocios” con el gobierno de Peña Nieto e “inversiones”, como eufemísticamente se referían a sobornos.
En el laudo publicado por el diario se señala que se dividieron el acceso al gobierno y compartieron la relación con quien se identifica como “el hombre mayor”, que presuntamente es el expresidente. Peña Nieto negó tajantemente los señalamientos.
Es la primera vez que Peña Nieto es tan vehemente sobre una imputación que lo vincula con corrupción. A lo largo del sexenio pasado, la Fiscalía General abrió al menos tres carpetas de investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que durante su gobierno hubo transacciones de tres empresas, una de ellas extranjera, por más de 10 mil millones de pesos, que involucraban a Peña Nieto y a dos familiares con lavado de dinero.
Nada fue más allá de un espectáculo mediático en la mañanera. López Obrador había acordado un pacto de impunidad para el expresidente y un puñado de sus colaboradores, por lo que ofreció a cambio no respaldar la candidatura presidencial del PRI en 2018 y entregarle una lista de funcionarios de su administración con quienes no tendría problema si los metían a la cárcel. La relación la encabezaba Emilio Lozoya, que había sido director de Pemex, seguido de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Peña Nieto no fue tocado, pese a las presiones de los radicales sobre López Obrador, que argumentaban que no podría cumplir su oferta de acabar con la corrupción si no actuaba contra el expresidente.
La molestia subió de tono en el entorno de López Obrador cuando en 2019 apareció en una fotografía en la primera plana de Reforma durante la boda de la hija de su íntimo amigo, el abogado Juan Collado, sentado en la mesa de honor donde estaban el cantante Julio Iglesias y varios ministros de la Suprema Corte.
La puntilla fue en la tercera semana de junio de ese año, cuando aparecieron otras fotografías de Peña Nieto durante unos XV años, bailando con su entonces pareja y con la novia de uno de sus antiguos colaboradores en Los Pinos. López Obrador tomó la decisión de pedirle, a través de intermediarios, que se fuera del país para evitar más presiones. Una semana después de recibir el mensaje, Collado lo montó en un avión privado a Madrid. Peña Nieto dice ahora que se fue por respeto al gobierno de López Obrador, lo cual es mentira.
Pero con nueve mil kilómetros entre Palacio Nacional y el barrio de Valdelagua, donde vivía en Madrid, la presión bajó. No las intenciones de Gertz Manero, ni de su aliado táctico, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que el año pasado, con López Obrador en la antesala del final de su mandato, comenzó a negociar con Samuel Weinberg y su hijo Alexis, un criterio de oportunidad para que imputaran a Peña Nieto –y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, de haber recibido sobornos por más de 92 millones de dólares a cambio de adjudicaciones durante su administración.
Los Weinberg estaban enfocados en la proveeduría de equipo y software de seguridad, incluida la venta de Pegasus, como lo estaban Ansbacher y Neriah, que de acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso The Marker, involucraron al gobierno de Peña Nieto en actos de corrupción que, por la forma como se han establecido los vínculos que aparecen en el laudo, podrían terminar en Peña Nieto.
El expresidente ha negado esta acción ilegal y la ha desestimado buscando la normalización de que es una más de tantas. Tiene razón en el hecho, pero se olvida del contexto.
Ninguna de las acusaciones en su contra avanzó más allá de la orden de aprehensión, porque López Obrador lo impidió. Hoy gobierna Claudia Sheinbaum, con quien no tuvo ningún pacto, ni el respeto a lo acordado fue parte de las peticiones del expresidente cuando entregó el poder.
Peña Nieto arrastra la fama de corrupto por una serie de escándalos durante su administración, la llamada Casa Blanca, la Estafa Maestra y el caso Odebrecht, o de gobernadores cercanos. Al terminar su sexenio, Consulta Mitofsky señaló que 70% de los mexicanos lo consideraban deshonesto, convirtiéndolo en el presidente más impopular en casi 35 años.
El expresidente niega todas las imputaciones de corrupción, pero la batalla de las percepciones la perdió hace muchos años. Sin buena fama pública, en lo que tendrá que enfocarse es en su defensa legal. Gertz Manero tiene muchas municiones sin ningún escudo frente al expresidente, que pueda impedir que una de ellas lo termine de aniquilar.
Los sabotajes realizados por Hugo López-Gatell probablemente fueron parte de las vidas perdidas en la pandemia y el exceso de mortalidad, pero también dejaron en litigio 97 millones de dólares prepagados a COVAX.
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