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Opinión10 de julio de 2025 Miguel Allende Foulques
Hay instituciones que, como buenos tequilas, se ganan su prestigio a pulso. El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de ellas. Nacido IFE en 1990 como un árbitro para sacar a México del pantano de elecciones amañadas, hoy está en el ojo del huracán por una razón incómoda: hay quien lo acusa de no plegarse al "oficialismo". La presidente Claudia Sheinbaum lo dijo sin anestesia, retomando una vieja bandera de López Obrador. Pero ¿qué hay detrás de este embate? Vayamos por partes, como en un buen relato.
La Constitución (Artículo 41), diseñó al INE como un engranaje complejo pero preciso: consejeros ciudadanos, órganos técnicos y un Servicio Profesional Electoral —una tropa de funcionarios reclutados a través de exámenes rigurosos, evaluaciones constantes y perfiles psicométricos—. Su labor no es glamorosa: desde actualizar el padrón hasta fiscalizar gastos de campaña o imprimir boletas. Pero es esencial. (No obstante el bajo nivel de compromiso de los nuevos ingresados que, el personal con experiencia ha percibido a partir de la gestión de Edmundo Jacobo).
Le comparto algunos datos que consideró clave:
El INE se constituye por 300 juntas distritales, son la columna vertebral que evita fraudes masivos y operan en territorio, y 32 locales (una por estado).
El modelo ha permitido alternancias históricas en la Presidencia de la República: el PAN en 2000 y 2006, PRI en 2012 y Morena en 2018 y 2024, esta última deja dudas por la intromisión un día si y otro también, del entonces presidente en funciones. Además de las composiciones distintas de ambas cámaras desde 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados.
El dilema: ¿recorte o control?
El gobierno actual argumenta que el INE es "caro" (las elecciones de 2024 costaron 22 mil millones de pesos, a esto habría que agregar los montos de financiamiento público y prerrogativas para los partidos políticos nacionales por $10 mil 444 millones de pesos). Pero el verdadero debate no es económico, sino político:
1. La autonomía pica. El INE ha sancionado a Morena por gastos no reportados, uso ilegal de recursos públicos y propaganda anticipada.
2. La reforma de AMLO buscaba, entre otras cosas, reducir consejeros, eliminar juntas distritales y con ello el servicio profesional electoral, y dar más poder a los partidos. Traducción: menos contrapesos.
Juristas como Diego Valadés (exministro de la SCJN) advierten: "Debilitar al INE es regresar a los años donde el gobierno contaba los votos". Súmele usted la innumerable cantidad de voces que se han adherido, con argumentos sólidos, a la defensa de una de las instituciones que ha sido puntal para dar certeza y confianza a la ciudadanía sobre el valor de su voto. El tema da para análisis y discusiones todas, seguiremos con ello en próximas entregas.
Mientras tanto en el limbo… Hay días que no terminan al caer la noche, sino cuando se acepta que no queda otra salida que la retirada. Así se sintió el pasado martes 8 de julio en la sesión de la Junta General del Instituto Nacional Electoral, donde dos piezas clave del engranaje electoral —Miguel Patiño, Director Ejecutivo de Organización Electoral, y Elena Cornejo, Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica— anunciaron su dimisión. Uno regresa al refugio burocrático del Servicio Profesional Electoral; la otra, se despide alegando razones de jubilación. Esa es la versión que se comunica de manera institucional, tersa, casi quirúrgica.
Pero quien haya caminado los pasillos del INE sabe que esa renuncia fue mucho más que un trámite administrativo. Fue un gesto silencioso de derrota y advertencia. Patiño y Cornejo no ignoraban el tamaño de la empresa que tenían entre manos: intentar organizar una elección con los estándares de excelencia que caracterizaron al INE, en medio del desmantelamiento institucional provocado por la reforma judicial, era como construir una catedral con palillos. Lo sabían. Lo intentaron.
Miguel, con casi treinta años en la burocracia electoral, quiso creer que la experiencia es una forma de blindaje. Elena, curtida en las trincheras del trabajo territorial, aceptó el cargo sabiendo que heredaba un desastre: un área devastada por la gestión de su antecesor, Roberto Cardiel, hoy en un giro tragicómico de la política, convertido en escudero de Edmundo Jacobo en su intento por fundar un nuevo partido. Una ironía que no necesita explicación.
Lo que ocurrió el martes no fue sorpresa. Era el desenlace natural de una crónica que comenzó el día en que se impuso una reforma que privilegia la obediencia sobre la competencia. La elección judicial —ese ejercicio fallido de “democracia” forzada— empieza a cobrar su factura, y el INE, que alguna vez fue sinónimo de confianza, comienza a resentir las grietas.
Lo que sigue es una reacción en cadena. Las oficinas estatales sienten ya el remezón. Algunos se preparan para lo inevitable, ajustando sus planes con resignación. Otros, más hábiles o más cercanos al poder local, ya buscan la forma de no naufragar arrojando mensajes al mar en botellas improbables. En Guanajuato, lo predecible se volvió una costumbre tan incómoda que mejor lo sacaron del guion y no hay sorpresas: la soberbia impera. Dicen que los dados ya fueron lanzados.

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