Se dieron a conocer ayer los resultados de las encuestas sobre el Poder Judicial en el país.
Desde luego que no hubo sorpresas.
Entre el 77 y 81 por ciento (según la encuestadora que sea) de la gente respondió que se requiere una reforma al Poder Judicial.
Entre el 68 y el 75 por ciento considera que los ministros deben ser designados por “el pueblo de México”.
Entre el 55 y el 58 por ciento de los entrevistados considera que jueces, magistrados y ministros son corruptos.
Tal vez fue sorpresivo que entre el 49 y 54 por ciento de los entrevistados señalara que no había escuchado de la reforma judicial previamente.
Es decir, casi la mitad de la población interrogada contestó a botepronto.
Pero, sobre la base de esta opinión, Morena va a sustentar la filosofía de la reforma judicial que se haría en septiembre y que parte de la base de que ministros, jueces y magistrados deberán ser electos mediante el voto popular.
Difiero de esta visión. Los cargos del Poder Judicial deberían ser definidos mediante concurso, quizás con la excepción de los ministros de la Suprema Corte, cuya designación, debiera quedar –como se establece hoy– en manos del Senado.
Pero también difiero de aquellas visiones que señalan que cualquier reforma que implique elección popular de ministros, jueces y magistrados es lo mismo.
Aun bajo esa filosofía, hay muchas reformas posibles.
Hay algunas que podrían dañar irremediablemente el sistema de justicia del país, y además crear una crisis económica apenas en el comienzo del nuevo gobierno.
Pero podría haber otras reformas que tuvieran un impacto diferente.
Por ejemplo, la fórmula para elegir a los candidatos a las nueve sillas propuestas para la Corte supone el envío de 30 candidatos. Diez del Ejecutivo, diez del Legislativo y diez de propia Corte.
Si hubiera filtros en la selección para que solamente pudieran estar en estas listas personas con determinada trayectoria, en lugar de los diez años de antigüedad así en genérico (más el título, desde luego), quizás podría mejorarse sensiblemente el perfil de quienes aspiraran a ocupar una posición en el Tribunal.
Ya escuchó las críticas de quienes consideran que la no elección de los ministros es algo irreductible, que no debiera permitirse.
Parto de la base de lo posible, y de acuerdo con todas las evidencias que existen, no habrá manera de impedir la reforma constitucional que establezca esa posibilidad.
Si ese es el caso, me parece que la tarea de la oposición debiera ser buscar aquellas fórmulas que puedan tener un menor impacto en la autonomía del Poder Judicial o en la estabilidad económica y financiera del país.
Ni López Obrador ni Morena son infalibles. Propusieron en el pasado a dos ministros que han resultado de criterio autónomo: Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat.
La virtual presidenta electa, lo último que quiere es que la composición de la Corte genere tal pánico entre inversionistas y mercados financieros y que tengamos a la vuelta del último trimestre de este año una crisis en ciernes.
Por eso creo que, pese al tema de la elección popular, no todas las reformas posibles son iguales.
Por eso tampoco será ocioso, me parece, que los expertos participen en el Parlamento Abierto al que se ha convocado.
Insisto en que el planteamiento de que cualquiera que sea la reforma que resulte será lo mismo, es una filosofía parecida a la empleada en la campaña electoral de la oposición.
La premisa de que el gobierno de AMLO fue un fracaso y que todo estaba hecho un desastre, hizo a muchos darle crédito a las encuestas que les decían que llevaban ventaja o que estaban muy cerca de la votación de la candidata de Morena.
La realidad, al final, fue implacable y estableció que se tomaran decisiones sobre la base de información que estaba complemente errónea.
Pensar hoy que cualquier reforma judicial será un desastre, me parece que será algo equivalente a seguir entregándole la plaza a Morena.
