En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
Política13 de diciembre de 2025 Redacción
Bajo la máxima de que “legislar tiene que ver con proteger el interés colectivo y asegurar que las decisiones que se toman hoy no se conviertan en cargas injustas para las generaciones de mañana”, la diputada Rocío Cervantes hizo un llamado para que el Congreso analice a fondo la conveniencia de autorizar o no al municipio de Abasolo la contratación de dos financiamientos por un monto total de 51 millones 930 mil 696 pesos, a pagar en un lapso de 10 años.
Cervantes Barba asistió a una sesión de la Comisión de Hacienda en la que se discutieron dos proyectos de dictamen a dos solicitudes del Ayuntamiento de Abasolo para contratar uno o varios financiamientos por esa suma total.
Puntualizó que se debe de “garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva”, y remarcó que, al establecerse un plazo de 10 años para su pago, “no sólo comprometería a la administración actual, sino a las tres siguientes”.
Dijo que en los proyectos que acompañan la solicitud de autorización para contratar financiamientos, “no se ven obras de infraestructura social básica” como son perforación de pozos para comunidades que todavía carecen del vital líquido, ni electrificaciones ni introducción de redes de drenaje, ni plantas tratadoras de aguas residuales.
“Por el contrario, los proyectos que acompañan esta solicitud son únicamente pavimentaciones, concretos, caminos.”, añadió y luego comentó que a pesar de que quien hoy preside el Ayuntamiento prometió perforar un pozo cada mes, apenas lleva dos desde que inició su gestión hace ya año y medio.
Cobró sentido la frase que pronunció al inicio de su participación: “El pez por su boca muere”.
Sostuvo, además, en alusión al presidente municipal de Abasolo, que, en campaña y en sus primeras declaraciones después de asumir el cargo, se comprometió públicamente a no repetir el actuar de administraciones anteriores que recurrieron al endeudamiento.
Una “promesa que se rompe y que erosiona la confianza ciudadana en la palabra de su gobernante” y que contrasta con la realidad hoy, que se emitirá un dictamen sobre la procedencia de una solicitud” de contratar financiamientos.
Con relación al plazo para pagarlo, la congresista del GPPRI subrayó que eso significaría hipotecar el futuro de los habitantes de Abasolo durante la siguiente década, y condicionar la capacidad de acción de siguientes administraciones.
Recalcó que las implicaciones que conlleva endeudar un municipio más allá del periodo de gestión en curso son en realidad un tema de responsabilidad, y recordó que 51.9 millones es el monto del capital, sin considerar lo que se tendría que pagar por concepto de intereses.
Es por ello por lo que desde este Congreso no podemos permanecer indiferentes, debemos ejercer un control técnico que garantice que el endeudamiento sea realmente una inversión púbica productiva y no para gasto corriente disfrazado, remató.
Hay que fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, solicitar la rendición de informes periódicos, porque solamente así podremos proteger a las administraciones futuras, evitando que decisiones coyunturales y que son únicamente para salir del compromiso, vengan a perjudicar la vida de diez años del municipio de Abasolo”.
Después de anotar que ningún presidente de Abasolo había solicitado contratar préstamos en los últimos 20 años, y de precisar que la primera solicitud de crédito es por un monto de 22 millones 508 mil pesos y la segunda por 29 millones 422 mil pesos, advirtió que, si se normaliza el endeudamiento, se debilita la disciplina financiera y se perpetúa un círculo de dependencia crediticia que podría obligar a contratar más préstamos.
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Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
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