El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Política13 de diciembre de 2025 Redacción
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron los dictámenes de las siguientes iniciativas formuladas por la Gobernadora del Estado:
Primera y segunda, por la que se expiden la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato; y la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato; ambas para el Ejercicio Fiscal de 2026.
Tercera, iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, para alinearla al esquema federal en la determinación de los recursos a municipios; para reformar la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, a fin de dotar de certeza jurídica y transparencia para el pago de contribuciones estatales y alinear las contribuciones estatales vigentes con las actualizaciones que se dieron en el ámbito federal; quinta, para modificar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el fin de brindar beneficios y facilidades a los contribuyentes y dotar de mayores facultades al SATEG.
Sexta, para reformar el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato y el Código Penal estatal; con la finalidad de generar un avance significativo en la mejora y simplificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como en la eficiencia de los procesos de recaudación de ingresos públicos.
Al hacer uso de la voz, la diputada Rocío Cervantes Barba externó que existen temas muy puntuales sobre los que no se pude hacer un pronunciamiento en atención a los análisis que se realizan respecto a la proporcionalidad y a la equidad en el cobro de los derechos, por lo que en lo particular se reservarán nuevos supuestos que están planteados por encima del 4%.
En su intervención, el legislador Rodrigo González Zaragoza mencionó que la política fiscal debe estar al servicio de las familias, de la competitividad, del desarrollo y no de la carga impositiva sin sentido para proteger la economía de la ciudadanía de Guanajuato que debe ser el eje central de cualquier decisión pública en materia de ingresos.
Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano indicó que la normativa estatal de ingresos para el 2026 se formula en un contexto económico caracterizado por un crecimiento moderado, en el que se establece una actualización general del 4% conforme al criterio inflacionario, además de ajustes superiores en servicios cuyo costo real supera los niveles vigentes, así como la homologación de tasas con disposiciones federales.
En su oportunidad, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero señaló que hay diversas disposiciones que tienen aumentos que se encuentran por encima de la regla general del 4% y que se debe tener un voto consciente sobre el impacto que van a generar los aumentos en la sociedad guanajuatense.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Agregó que el programa de inversión aumenta un 100% con recursos que superarán los 20 mil millones de pesos que fortalecerá al campo, que se enfocará a la protección y fomento del empleo, a la competitividad de la entidad y que priorizará infraestructura estratégica que detone crecimiento, conectividad y mejores condiciones de vida.
Finalmente, se dijo que Guanajuato incrementará su presupuesto para afrontar los retos hídricos del estado, el fortalecimiento de servicios, infraestructura y atención relacionada con la salud, así como aquellos aspectos relacionados con el combate a la pobreza y el tema que engloba a la seguridad.
El legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que la reserva al artículo 24 de la Ley de Ingresos representa un golpe directo al bolsillo de la ciudadanía por el aumento de más del 20% al costo de las placas de automóviles y motocicletas, sumado al incremento del refrendo vehicular y las licencias, por ello pidieron reservar dicho artículo para tener ajustes más razonables y justos. La reserva no fue aprobada por mayoría de votos.
La congresista Susana Bermúdez Cano precisó que el aumento referido a Guanajuato se sitúa en la media nacional y se estaría por debajo de otras entidades, teniendo importancia para entender el motivo de la votación a favor por contribuir a la responsabilidad y contribución.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo dijo que el gobierno estatal debe verificar y justificar el aumento de los costos, por tal razón pidió reservar el artículo 39 calificando negativamente el incremento del costo de las licencias de conducir sin un estudio técnico, además de precisar que no es un incremento proporcional, racional o progresivo en un costo sin explicaciones. La reserva no fue aprobada por mayoría de votos.
En su oportunidad, la legisladora María Eugenia García Oliveros habló sobre el impuesto de la tenencia y apuntó que se debe ver la capacidad contributiva y que ésta surge cuando las necesidades primarias son satisfechas.
Argumentó que en estos momentos el adquirir un vehículo responde a una necesidad, no a un lujo, por lo que subrayó que se recaudaría más dinero con la política de austeridad evitando la corrupción de los de arriba, por lo que estaba en contra.
Finalmente, la congresista Plásida Calzada Velázquez solicitó una reserva al artículo 7 que se relaciona con el cobro por el asentamiento de adopción simple, que si se mantiene se estaría creando una tarifa de cobro para un acto que ya no existe y se violarían los principios de coherencia normativa, unidad de ordenamiento, exhaustividad legislativa y seguridad jurídica. Se acordó hacer una revisión del tema y realizar dicha votación en la Sesión de Pleno correspondiente.
Asimismo, se aprobaron los dictámenes en sentido negativo de las iniciativas de reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, en materia de refrendo vehicular; para modificar la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2025, a fin de que los pueblos y comunidades indígenas de México ejerzan su autonomía de manera más plena; y para reformar a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato con el objeto de que la auditoría Superior del Estado pueda practicar auditorías simultáneas.
Mismo trámite recibieron los siguientes puntos de acuerdo dirigidos a la gobernadora del Estado:
Primero, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las Secretarías del Estado incluya los recursos presupuestales necesarios para fortalecer las Unidades Especializadas en la Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2025; así como para exhortar a los 46 municipios del Estado por medio de sus ayuntamientos y a través de sus auxiliares o delegados municipales realicen campañas de información al respecto de la existencia de las Unidades Especializadas y la forma de contactarlas.
Segundo, para que, en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2026, asigne los recursos necesarios al programa presupuestario E012 Atención médica para que, se aplique como proyecto de inversión QC para impulsar el acceso a la opción terapéutica para la acondroplasia, para garantizar que las niñas, niños y adolescentes con esta condición puedan beneficiarse de este tratamiento.
Al hacer uso de la voz, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor habló sobre el archivo de la propuesta de las auditorías combinadas y manifestó que no se justificaba porque eran un modelo más eficiente que el actual.
La congresista María Eugenia García Oliveros habló sobre las Unidades Especializadas para la Prevención de la Violencia de Género y dijo que eran de reciente creación, además de que tenían un papel fundamental para la atención de ese problema.
Remarcó que no bastaba con su creación, sino que se tenía que hacer difusión y promoción de su existencia, así como de la forma para contactarlas, por lo que externó que la propuesta buscaba ese fin, destinar mayor recurso a las citadas unidades.
En respuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que para eso se llevaron a cabo foros donde se recopiló información de cómo estaban funcionando y recordó que el día de ayer se aprobó un exhorto para pedir a los municipios que destinaran recursos para ese tema.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez, Angélica Casillas Martínez, María Isabel Ortiz Mantilla, María del Pilar Gómez Enríquez, María Eugenia García Oliveros y Rocío Cervantes Barba; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente), Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Juan Carlos Romero Hicks, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
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En el documento se señala que, para el citado ejercicio fiscal, y con base en el incremento inflacionario anual estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica 2026, se considera conveniente aplicar un incremento del 4% sobre los montos vigentes en el ejercicio fiscal 2025.
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