Este domingo, México llevará a cabo un proceso electoral inédito en el que los ciudadanos decidirán, no solo mediante voto popular a los jueces de las instancias más altas, sino también a los de juzgados distritales. Se deberá enfrentar un complejo sistema de seis papeletas distintas a nivel federal, además de otras en cada estado, para elegir entre 2.681 cargos, la mayoría de los cuales son desconocidos para los votantes.
El partido gobernante, Morena, ha intentado explicar el proceso, ya que su éxito depende de la participación ciudadana. Sin embargo, muchos ciudadanos han sido convocados a la abstención por parte de partidos opositores, lo que podría deslegitimar las elecciones. La elección de jueces es uno de los aspectos más polémicos de la reforma del Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque existe consenso sobre la necesidad de reforma, la falta de acuerdo político ha generado incertidumbre.
Los tres poderes del Estado tenían la responsabilidad de seleccionar a los candidatos, pero a raíz de errores denunciados por la sociedad civil, emergieron aspirantes sin la experiencia requerida, así como jueces vinculados a abusos y al narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum y su partido han intentado frenar estas candidaturas, pero el órgano electoral ha invalidado las impugnaciones.
La desconfianza ha crecido, con más de 300,000 personas solicitando vigilar el proceso, un aumento significativo respecto a las 34,000 del año anterior. Sin embargo, algunos de estos vigilantes podrían tener intereses propios en influir sobre el voto de electores desinformados.
El proceso también ha propiciado debates sobre la legitimidad de los candidatos, destacando a la ministra Yasmín Esquivel, quien enfrentó acusaciones de plagio, pero se mantiene en la contienda. Mientras tanto, en medio de un sistema judicial marcado por la impunidad y la corrupción, la necesidad de reforma es evidente.
Los cambios propuestos, incluidos el cese de los actuales magistrados y la posible creación de un Tribunal de Disciplina, han generado divisiones. La participación de la ciudadanía es vital para legitimidad del proceso; la presidenta ha indicado que incluso una asistencia del 5% podría ser aceptable, mientras que encuestas sugieren que un 60% de participación es esencial para validar el resultado.
La falta de voto de millones de mexicanos en el extranjero y la exclusión de los encarcelados añade otra capa de complejidad. A solo días de las elecciones, poco menos de la mitad de los encuestados conocía la fecha exacta de la votación, y solo un 22,9% expresó intención de participar.
A medida que la fecha se aproxima, las comparecencias de candidatos y el creciente escepticismo continúan marcando el tono electoral. Mientras tanto, la necesidad de una reforma judicial completa no ha sido objeto de debate. Las elecciones del domingo podrían definir el rumbo del sistema de justicia en México, en un contexto de desenfoque y polarización política.
