Al exponer motivos que sustentan su iniciativa, afirmó que, en la actualidad, la delincuencia organizada se apoya en drones u otros mecanismos controlados a distancia, en contrapartida de la videovigilancia institucional en prevención del delito.
Política21 de febrero de 2025 Redacción
Para no ir a la zaga de la delincuencia organizada, el diputado Alejandro Arias propuso que se consideren delito contra la seguridad pública el uso de drones o de cualquier artefacto controlado a distancia y de sistemas fijos de videograbación con los que se tiene información para cometer delitos.
Al exponer motivos que sustentan su iniciativa, afirmó que, en la actualidad, la delincuencia organizada se apoya en drones u otros mecanismos controlados a distancia, en contrapartida de la videovigilancia institucional en prevención del delito.
Detalló que esos equipos permiten al crimen organizado tomar grabaciones de audio y video, vigilar actividades de particulares en sus propiedades, negocios o comercios para reportar sus características o ubicación o para preparar, planear o ejecutar daños, agresiones en su contra, de su familia o de sus empleados.
Destacó que, además de drones, se ha detectado que en algunas ciudades ha colocado sus propios equipos de videograbación fija, con los mismos fines señalados, y para vigilar zonas que considera sus espacios, a fin de estar enterados en tiempo real de la posible invasión de grupos contrarios.
“Los drones se han convertido en una de las tecnologías más utilizadas por el crimen organizado”, resumió el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, quien sostuvo que, aunque en nuestro estado no es todavía un problema incontrolable, lo que procede es prevenir para que no ocurra así.
Su iniciativa consiste en adicionar un artículo al Código Penal, el 222 c, para tipificar como delitos el uso de drones y sistemas de videograbación para allegarse información empleada para cometer delitos, con penas de tres a diez años de prisión, decomiso de los aparatos y equipos y multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En uno de sus párrafos se precisa que la sanción aumentará en una mitad del mínimo a una mitad del máximo cuando se realicen acciones para vigilar personas servidoras públicas, instalaciones seguridad pública, de procuración y administración de justicia y de ejecución de sanciones.
Arias Ávila recordó que hoy en día el comercio de drones es tan amplio, que está al alcance de todos, incluso de organizaciones criminales, por lo que es difícil detectar si lo usan para fines recreativos, o bien, identificar si se está cometiendo un delito con ellos.
Subrayó que su propuesta es para proteger a todas y todos los guanajuatenses de la proliferación y expansión del uso de drones y sistemas de videograbación para cometer delitos, y para evitar que estas actividades se realicen también sobre autoridades y en instalaciones públicas.
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