El camino parece comenzar a allanarse para la implementación de la reforma al Poder Judicial. El Tribunal Electoral ha dado luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para que continúe con la organización de la primera elección de jueces, ministros y magistrados, efectiva para el 1 de junio del año que viene. El organismo encargado de los comicios no ha perdido un segundo para acatar la resolución y ha anunciado ya la reactivación de los preparativos. Sin embargo, paralelamente a esta resolución han quedado en el aire el centenar de órdenes judiciales que mandatan suspender la ejecución de la reforma, lo que podría abrir nuevos interrogantes jurídicos para los magistrados electorales.
El sentido de los votos no ha causado sorpresa. Ha sido la constante en los casos más polémicos que ha resuelto el colegiado los últimos meses. La presidenta del tribunal, Mónica Soto, y los magistrados Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata han escampado el terreno para que la reforma tenga un obstáculo menos. Mediante una “acción declarativa”, que no es más que dar certeza jurídica al INE para que pueda continuar con la organización del proceso, han terminado con la pausa a la organización del proceso electivo que Guadalupe Taddei, presidenta del instituto, anunció la semana pasada.
“No nos estamos metiendo con las sentencias de amparo, nosotros no podríamos revocar sentencias de amparo, no sería nuestra competencia, como tampoco determinar si los jueces de amparo [...] pueden suspender los procedimientos electorales en curso, hasta donde me quedé, no era competencia de ellos”, precisó de la Mata para argumentar su proyecto. Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez han votado en contra. La primera ha considerado pertinente aplazarlo hasta que el Supremo resuelva los recursos de impugnación que buscan desactivar la enmienda. En tanto, la relación entre la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Poder Judicial y la oposición se mantiene tensa y con pocas posibilidades de una salida en buenos términos. De la Mata no ha reparado en plantear ejemplos para justificar el sentido de su resolución. Ha dicho que así como el tribunal electoral no puede intervenir en casos de divorcios, así los jueces de amparo no pueden entrometerse en temas electorales.
La sentencia aprobada ha eliminado la incertidumbre sobre si se pueden o no detener los preparativos para el desarrollo de un proceso electoral. El tribunal ha resuelto que es constitucionalmente inviable frenar la implementación de las atribuciones del INE mientras exista una norma constitucional, en este caso la reforma judicial, que le imponga ese mandato. En los comicios judiciales se elegirán por voto popular más de 800 cargos judiciales entre jueces, ministros y magistrados.
El INE ha anunciado este mismo miércoles que continuará con el proceso y de paso ha puesto en evidencia la división al interior del instituto. La consejera, Dania Ravel, ha desconocido el anunció que como órgano colegiado debería emitirse por consenso. “Este comunicado de prensa no fue consensuado conmigo, como integrante del Consejo General del INE, por lo que no refleja mi punto de vista e interpretación en relación con la determinación emitida en la acción declarativa”, se lee en su publicación en la red social, X.
