Héctor Andrade Chacón
Ha sido un domingo trágico para el periodismo guanajuatense que, como otros sectores de la sociedad resulta víctima de la violencia que se ha enseñoreado en el estado de Guanajuato ante una criminalidad que en alta medida resulta impune y que ha colocado a la entidad como la de más homicidios dolosos en el país y entre los primeros lugares en la comisión de delitos de alto impacto.
La muerte violenta en Celaya de Alejandro Martínez Noguez, conocido como “El Hijo del Llanero Solititito”, es una tragedia que resalta la peligrosa situación que enfrentan los periodistas en México y de forma particular en el estado de Guanajuato. Hace apenas unas semanas fue encontrado el cuerpo de otro reportero, Víctor Manuel Jiménez Campos, tras años de desaparición, sin que hasta ahora la autoridad responsable de la procuración de justicia haya dado respuestas de forma directa sobre su caso.
Alejandro Martínez se ganó la vida como reportero de la llamada “nota roja”, esa información que expone a la sociedad los alcances de la criminalidad o la tragedia, en la ciudad de Celaya y la región Laja-Bajío, uno de los puntos de mayor peligrosidad en México y en el orbe. Su vida ya había sido amenazada con anterioridad y ello llevó a que tuviera que ser “protegido” por elementos policiacos, protección que ayer fue vulnerada.
Tras su asesinato, los lugares comunes se sucedieron entre las autoridades: condolencias, promesas de que se encontrarán a los responsables, que se hará justicia, etcétera. Lo único cierto es que su voz fue acallada mientras realizaba su trabajo y no se sabe más.
No puede soslayarse que la violencia ha dañado a toda la sociedad y que son miles las víctimas en Guanajuato, en diversas formas, de ello. Sin embargo, es preciso puntualizar que los periodistas desempeñan un papel fundamental en la sociedad al informar y mantener a la ciudadanía enterada. Por ello, se enfrentan riesgos significativos y más si el oficio se ejerce en regiones afectadas por la violencia y el crimen organizado.
El crimen demanda recordar a la clase política que la defensa de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas son temas cruciales en cualquier sociedad democrática. Proteger a los periodistas no solo es una responsabilidad del Estado, sino también un derecho colectivo de la sociedad.
Los antecedentes y el momento marcan que poco podrá esperarse de quienes hoy tiene en sus manos la tarea de suministrar la seguridad a la ciudadanía y procurar la justicia. Sin embargo, es importante advertir a quien será la futura gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en su calidad no solamente de jurista o política, sino también como escritora, que el tema tendrá que estar en su agenda y le demandará pronunciamiento claro, todo dentro del espíritu de “Nuevo Comienzo” que busca imprimir a lo que será su gestión.
La violencia contra los periodistas guanajuatenses no solamente se ejerce desde quienes forman parte de la delincuencia, organizada o desorganizada, sino también desde quienes deberían ser los primeros en preservar la seguridad de quienes informan, dentro del propio aparato gubernamental. La luz debe ponerse en ello.
En Guanajuato, la impunidad en los casos de ataques a periodistas es un problema que exige atención. Es fundamental que el Estado continúe trabajando en medidas efectivas para garantizar su seguridad y preservar la libertad de expresión.
Alejandro Martínez Noguez, descansa en paz.
