Claudia Sheinbaum quiere meter a la cárcel a la candidata presidencial de oposición y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de su principal rival política y la principal contrapeso del régimen. Eso es una práctica dictatorial aquí y en China… y en Venezuela… y en Nicaragua… y en Rusia.
El equipo de campaña de Sheinbaum anunció esta semana que emprenderá procesos de denuncia política, administrativa y penal en contra de Xóchitl Gálvez y Norma Piña.
Antier, en la misma mañana, con el respaldo de Mario Delgado, el dirigente nacional del partido en el poder, Morena, el régimen amenazó con las dos denuncias.
Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia convertido en vocero de la campaña de Sheinbaum y paradójicamente mariscal de campo de la guerra contra la independencia del Poder Judicial, advirtió que solicitará juicio político y denunciará penalmente a su sucesora en el cargo, la ministra Norma Piña, actual presidenta de la Corte. ¿El cargo? Atreverse a dar luz verde para que se investigue si Zaldívar -como lo señala una denuncia- presionó a por lo menos 70 magistrados, jueces y secretarios para que sus sentencias se alinearan con sus intereses personales y los del presidente López Obrador. Mario Delgado anunció el respaldo de su mayoría legislativa para desaforar a la ministra Piña, y luego buscar que sea procesada por la Fiscalía General de la República (FGR) por una serie de delitos que le imputa y por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por otros más. Cárcel pues, para la presidenta de la Suprema Corte.
En la misma conferencia de prensa, que resultó en un aviso oportuno de los ímpetus autoritarios de Claudia Sheinbaum, otro integrante del equipo claudista, el cuestionado exdelegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, artillero de la guerra sucia contra Xóchitl Gálvez, anunció una serie de denuncias administrativas que según declaró él mismo, pueden derivar en procesos penales por decisión de la Secretaría de la Función Pública federal y la Contraloría del gobierno de la Ciudad de México (ambos de Morena). Cárcel pues, para la candidata presidencial de oposición.
Sheinbaum escondió la mano y dijo que los casos los está llevando su equipo. Vaya engaño. Esto cuenta con el aval de la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, y de su jefe político, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Si el director general de Segalmex estuviera en el bote, si le hubieran congelado las cuentas y quitado los contratos a Amílcar Olán, si los tres hijos mayores del presidente estuvieran compareciendo ante la FGR, si Pío y Martinazo López Obrador hubieran tenido que enfrentar a la Fepade por los sobres amarillos, si hubiera en la cárcel responsables por el desabasto de medicinas, si Gatell y Bartlett estuvieran al menos fuera del gabinete, podría argumentarse que todo es una investigación independiente e imparcial porque en este país nadie es impune.
Pero no. Esto es un ensayo de dictadura que lleva la firma de quien pretende gobernar México los próximos seis años.
