Los representantes de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal no pueden suscribir con los ojos vendados ni justificarse con frases trilladas, ni lamentarse ante las ejecuciones de la ciudadanía sin enfrentar la violencia y atemperar sus efectos, como la impunidad con la que opera el crimen organizado y desorganizado. La ejecución de los suspirantes a cargos de elección popular en Celaya, de Gisela Gaytán, la candidata de Morena a la presidencia municipal, no constituye un hecho aislado ni nuevo en un país bañado en sangre que en durante el sexenio se han cometido más de 183 mil asesinatos.
La victima de la violencia en la Comunidad de San Miguel Octopan del municipio celayense, Gisela Gaytán Gutiérrez, está contabilizada como número 60 de la “violencia política” en los Estados Unidos Mexicanos. El registro de los hechos se viene haciendo desde las precampañas del 2023 a la fecha, es un total que no tiene registrado durante los procesos electorales pasados. Lo que llama la atención porque todavía faltan dos meses efectivos de los comicios dispuestos para el 2 de junio próximo.
En esta oleada de violencia en el estado, la candidata a diputada federal por el Distrito 10, Alda Pacheco Juárez y Laura Gallardo, Coordinadora de la Comisión Operativa municipal de Moroleón, del MC, denunciaron que fueron objeto de un incidente con sujetos que las amenazaron al apuntarles con armas de fuego de grueso calibre; un hecho que requiere de una investigación mesurada de la autoridad porque se desconoce la causa del ataque en contra de las féminas del Movimiento Ciudadano.
También están las amenazas hechas en contra, de Alejandra Gutiérrez Campos, la candidata del PAN a la presidencia municipal de León, quien busca su relección en la plaza más importante del estado de Guanajuato en donde está la tercia mayor de votantes que debe definir la elección en la entidad. La leonesa de la cofradía albiazul desveló que ha recibido varias amenazas en su contra, aunque no precisó de qué consistieron; pero, aseguró que por esos hechos se han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado en donde es titular Carlos Zamarripa; se espera que el fiscal ofrezca información sobre los ataques a las mujeres.
Con los antecedentes debido a la comisión de delitos violentos en todo el territorio nacional, la Federación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y las entidades federativas con los gobernadores, debido a que son los responsables de la seguridad para el proceso electoral 2024, debieron de haber tomado providencias además de haber diseñado una Estrategia para atender a la población y a los aspirantes a los cargos de elección popular; pero el residente de Palacio Nacional y el gobernador del estado de Guanajuato, prefirieron descuidar sus responsabilidades.
Y lo más dramático en este escenario de inseguridad nacional, es que no aparecen las respuestas de los gobiernos para suministrar seguridad con las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, los Cuerpos Policiacos de las entidades y de los municipios (primeros respondientes), mientras se multiplican los diversos ataques o amenazas a autoridades electorales y los buscadores de los cargos de elección popular para la renovación de la presidencia de la República, las Gubernaturas, Ayuntamientos, y legisladores a las cámara del Congreso de la Unión y Cámaras locales.
Los ataques a los suspirantes a cargos públicos se han suscitado desde los inicios de las actividades electorales 2023-2024, pero que también se han venido multiplicando conforme avanzan las diferentes etapas de este proceso. Se desconocen las causas de esos ataques en contra de buscadores de los cargos públicos porque las Fiscalías de la República y las Generales de los estados, no llevan a cabo las investigaciones; se percibe que las causas son del orden político-electoral sin precisarse de qué se trata. Debido a ello se infiere que el crimen organizado no quiere a ciertos aspirantes en los cargos o simplemente elimina a las personas.
Curioso en estas circunstancias tan complejas que están padeciendo el pueblo de México, llamó harto la atención que el Andrés Manuel López Obrador, comentara en una de sus mañaneras que “nunca en la historia habíamos escuchado o visto en la televisión, o leído en los periódicos tanta nota roja, y se los dejo de tarea”, dijo a los representantes de los medios de información que cubren la fuente de presidencia en palacio.
Es menester señalar que en el municipio de Celaya en donde atacaron, matando a la candidata a la alcaldía, Gisela Gaytán Gutiérrez, también asesinaron a balazos, el miércoles 17 de agosto del 2022, a Guillermo Mendoza Suárez, vástago del presidente municipal de esa plaza, Javier Mendoza Márquez, quien por cierto pretende su reelección en el cargo.
Frente a las condiciones se esperaba que el estado de Guanajuato, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, le pusiera más atención al asunto electoral para suministrar seguridad pública a la población y protección a los candidatos, para no salir con la respuesta posterior a la ejecución de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, que “no quedará impune el cobarde ataque que le ha arrebato la vida”, amén de ofrecer su más sentido pésame a los familiares de la joven política.
Como el colofón de la acción gubernamental ante este homicidio doloso, el gobernador panista, Sinhue Rodríguez, informó que había instruido al secretario de Gobierno, Jesús Oviedo; al de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca atender de inmediato este caso y también le exigió al fiscal Zamarripa Aguirre, “presentar ante la justicia a los responsables”.
AL CALCE. De otros hechos relacionados con la violencia política en la entidad. El 25 de mayo del 2021, fue asesinada Alma Rosa Barragán, candidata del MC a la alcaldía de Moroleón, mientras realizada un acto proselitista en el Circuito Moroleón, zona conocida como “La Manguita”. El 26 de febrero del presente año, también asesinaron en el municipio de Huanímaro, al exalcalde priísta, Luis Gerardo Ruiz Arriaga. Los tres órdenes de gobiernos tienen aún mucha responsabilidad en el proceso.
