Atender a fondo el problema de desabasto de agua, que afecta a una quinta parte del país e impide garantizar el derecho al líquido a 21 millones de personas en el país, requiere un diálogo nacional del que surjan propuestas, y que el Congreso apruebe una nueva ley general, planteó la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra (PRI).
“El agua debe ser la prioridad para las políticas de los tres órdenes de gobierno, lograr mayor inversión destinada a infraestructura hídrica que permita una gestión más eficiente, y la realización de una fuerte campaña de sensibilización social para lograr el cero desperdicio”, indicó.
En el contexto de la sequía y la crisis hídrica en México, la legislatura dijo que aun cuando se trata de un asunto de seguridad nacional, en la Cámara de Diputados siguen congeladas iniciativas de todas las bancadas.
“Estamos en falta, por lo que es necesario avanzar en la aprobación de la Ley General de Aguas en México, dejando atrás criterios político-electorales, así como otras iniciativas que van en el mismo sentido. La población no busca culpas, sino soluciones”, indicó.
Además, resaltó que faltan medidas para evitar el desperdicio del agua, pues se ha comprobado que más de la mitad del agua para uso agrícola, que consume 76 por ciento del total disponible en el país, se desperdicia por la deficiente infraestructura; y lo mismo pasa con el abastecimiento público, que si bien recibe 14.4 por ciento, 47 por ciento se pierde por fugas en el sistema hidráulico urbano.
Guerra Castillo citó cifras del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua, para mencionar que al menos seis entidades de la República sufren sequía en el ciento por ciento de su territorio: Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa.
Además, la mayoría de las presas del centro-norte del país se encuentran por debajo del 50 por ciento de su capacidad: la Cuenca de Cutzamala, con sus siete presas; Tuxpan y El Bosque, en Michoacán; Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el estado de México, con apenas 38 por ciento de almacenamiento.
Calculó que se requiere una inversión promedio anual de 86 mil millones de pesos hasta 2032, para infraestructura, así como crear un mercado secundario de aguas residuales para uso industrial, minero y agrícola, y adecuar, a través de un sistema nacional de tarifas, el agua no contabilizada, para dar viabilidad financiera a los organismos operadores.
Consideró que el sector agrícola, donde se destina casi 80 por ciento del agua disponible en el país, al igual que el sector industrial, deberían utilizar aguas tratadas. El agua potable tendría que ser exclusivamente para uso humano, planteó.
