La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la primera parte del “Plan B” electoral de López Obrador

Esta tarde, con 9 votos a favor y 2 en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon la invalidez de la primera parte del Plan B de la reforma electoral ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, con base a las múltiples violaciones al proceso legislativo realizadas por la bancada mayoritaria para reformar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron las primeras que entraron en vigor tras su aprobación en diciembre.

Las otras cuatro reformas que integran el paquete del “plan B” serán analizadas en una sesión futura. Se trata de un primer revés judicial contra uno de los proyectos de reforma más importantes para el Gobierno de López Obrador, que con el “plan B” pretendía acotar las facultades del INE —el órgano autónomo que organiza las elecciones— con el argumento de generar ahorros para el erario. Al mismo tiempo, la Suprema Corte ha enviado el mensaje de que será estricta en vigilar que las reformas del Gobierno cumplan con el trámite legislativo establecido en la propia ley.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña votaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B. En tanto la polémica ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagio de su tesis y protegida por el presidente López Obrador, se manifestó en contra del proyecto, también la ministra Loretta Ortiz, igualmente postulada por el presidente, se manifestó en contra del proyecto.

“[Tengo] la convicción de que ningún integrante de la Cámara de Diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas”, ha dicho durante la sesión el ministro Alberto Pérez Dayán, ponente del proyecto que fue sometido a votación del pleno.

El ministro Luis María Aguilar ha añadido: “No se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional. El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible”.

Al concluir que el Congreso incurrió en violaciones al procedimiento legislativo en la aprobación del “plan B”, la Corte no tuvo que entrar a la discusión de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las modificaciones. Sólo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de invalidar las reformas pese al cúmulo de irregularidades descritas durante la sesión. Ambas ministras fueron propuestas al cargo directamente por el presidente López Obrador. El ministro Arturo Zaldívar, que se había distinguido por votar a tono con los intereses del Gobierno en otros asuntos, manifestó este lunes su desacuerdo con el desaseo procedimiental en el que incurrieron los legisladores de la fracción mayoritaria.

La acción de inconstitucionalidad señala que la mala actuación del Congreso derivó en que se aprobara una reforma sin que hubiera deliberación entre las fuerzas políticas representadas y sin que estas conocieran el contenido de lo que avalaron. El ministro Pérez Dayán explicó, por ejemplo, que no se cumplió con el requisito de que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo se incluyeran en la Gaceta Parlamentaria el día anterior y que el dictamen de comisiones legislativas se haya circulado entre los legisladores con 24 horas de anticipación. Al contrario, expuso, la mayoría oficialista avaló —sin justificar debidamente la urgencia— una dispensa del trámite legislativo para hacer que la iniciativa pasara directamente al pleno sin haber transitado primero por comisiones. El ministro ha afirmado que la dispensa de trámites “no es un permiso para aprobar leyes a tientas” y ha señalado que no debe usarse como instrumento para negar a los legisladores el conocimiento de los proyectos en aras de la urgencia.

La ministra Margarita Ríos ha advertido de que la dispensa de deliberación no debe convertirse en un recurso rutinario en la aprobación de leyes. “El trámite urgente es una medida excepcional que limita la capacidad deliberativa del órgano legislativo, por lo que no puede operar como una regla, sino que en todo momento debe ser una excepción para casos donde, de seguirse el trámite legislativo ordinario, pudiera generarse una afectación a la sociedad. Para garantizar que esta medida siga siendo excepcional y no se convierta en regla, es necesario sopesar las razones por las que se decide darle a un asunto un trámite urgente”, ha sostenido.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que estaba a favor del proyecto, indicó que el 6 de diciembre del 2022 se presentó por parte de la diputada de Morena la iniciativa y el 7 de diciembre a la 1 am se efectuó la votación y en este sentido no tuvieron la posibilidad de conocer las iniciativas que estaban votando

Otros ministros han hecho énfasis en que el debido proceso legislativo garantiza que las minorías representadas en el Congreso puedan participar en condiciones de equidad y que las mayorías no incurran en atropellos. “Esta Corte no puede considerar automáticamente que todas las violaciones son irrelevantes solamente por haber sido aprobadas por una mayoría”, ha dicho el ministro González Alcántara. “No respetar las reglas del proceso legislativo es una deslealtad constitucional y desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México”, ha señalado por su parte el ministro Aguilar.

La ministra Yasmín Esquivel ha lamentado que la Corte se pierda en la discusión de “formalismos procedimentales”; ha sostenido que el procesamiento de leyes mediante la dispensa de trámites es una técnica parlamentaria recurrida por todos los partidos y ha pedido a los ministros respetar la división de poderes y no meterse en los asuntos del Legislativo. La ministra Loretta Ortiz ha reconocido que si bien hubo anomalías de trámite legislativo, no considera que sean suficientes para invalidar las reformas.

El proyecto aprobado señala que existe violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal porque el Decreto combatido se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, ya que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó para aprobación en la sesión del 6 de diciembre del 2022

Detalla que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario pues, para su aprobación, se recurrió al trámite de “urgencia u obvia resolución”; sin embargo, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de la exposición de motivos, se advierten las razones para actualizar el supuesto del artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ni las condiciones que, en relación con éste, ha establecido la Suprema Corte en jurisprudencia; y, 213.

El Decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados.

La decisión del Supremo augura una nueva etapa de enfrentamientos con el presidente López Obrador, que ha mantenido un pulso cada vez más tenso con los jueces, a los que acusa de perpetuar con sus resoluciones el régimen de privilegios.