El cóctel de violencia al que se enfrentan las autoridades de México en un fenómeno en el que se mezclan el arraigo del ecosistema criminal en el territorio y las alianzas internacionales de los carteles. La certeza de que antiguos militares colombianos colaboran con grupos de narcotraficantes mexicanos para entrenar a sus sicarios, fabricar explosivos y aumentar su poder de fuego abre un nuevo escenario en la lucha contra el crimen organizado que exige, en primer lugar, una mayor cooperación internacional. La presencia de mercenarios del país sudamericano se remonta a por lo menos 15 años, pero en los últimos tiempos, según ha revelado una investigación de EL PAÍS, esa tendencia se ha acelerado.
La contratación a través de redes sociales y grupos de WhatsApp de soldados retirados de las fuerzas militares de Colombia es un síntoma de la gravedad de la crisis de seguridad que sufren los mexicanos, pero también muestra la escasa voluntad de colaboración de las autoridades del país andino. Según las pesquisas, estos mercenarios, que a menudo han pasado por la guerra de Ucrania, son atraídos por ganancias que pueden superar los 2.500 de dólares al mes. Su asignación de jubilación después de 20 años en el Ejército apenas alcanza los 650. Este es el caldo de cultivo de una alianza letal que les lleva a recalar en el triángulo de la muerte que forman tres Estados fronterizos del centro-oeste de México —Guanajuato, Jalisco, Michoacán— o en el norte del país, en Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Actualmente hay entre 2.000 o 3.000 exmilitares colombianos reclutados en México. Son captados por grupos armados como La Familia Michoacana, Carteles Unidos, Los Viagras, Santa Rosa, pero por encima de todos por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente la organización criminal más sanguinaria y articulada de América Latina, con tentáculos en todos los continentes.
La lucha contra el crimen organizado es la prioridad declarada del Gobierno de Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sin embargo, las autoridades tienen que lidiar con la herencia del último sexenio y con la estrategia fallida de Andrés Manuel López Obrador y, al mismo tiempo, con la escasa voluntad del Ejecutivo de Bogotá, que parece mantenerse al margen del problema, como si no fuera de su incumbencia.
En México se registraron el año pasado 80 asesinatos al día, una cifra insoportable que requiere intervenir sin más dilación. El recrudecimiento de la guerra entre carteles por el control del territorio y el avance de estos grupos en el tablero global muestran lo evidente: que lo hecho hasta hoy es insuficiente, que la estrategia ha fracasado. Sheinbaum debe buscar otras fórmulas, pero el combate contra el narco no solo interpela a las autoridades mexicanas, sino que debe ser una prioridad regional que hoy pasa por fortalecer la cooperación con Colombia.
