Héctor Andrade Chacón
Últimamente, en el actuar de los políticos pareciera que la imagen de la disputa por el poder se convierte más en un espejo oscuro de la descomposición pública. El atentado contra la síndica de Cortazar, Damaris Salazar Balderas, y contra su pequeño hijo, no puede leerse como un simple hecho policiaco más en la larga estadística de violencia que lastima a Guanajuato. Tampoco puede despacharse con comunicados tibios, deslindes de ocasión o frases calculadas para salvar la piel política.
Cuando una niña o un niño queda en medio de una agresión armada, el umbral de la vileza ha sido rebasado. No hay cálculo electoral, pleito familiar, diferencia partidista o disputa municipal que pueda normalizar semejante barbaridad. Si la política guanajuatense no entiende eso, entonces no sólo estamos ante un problema de seguridad: estamos frente a una derrota moral.
Cortazar vive desde hace meses una confrontación cada vez más agria. La salida de Diego Armando Estefanía Torres del entorno de Movimiento Ciudadano para incorporarse al PRI, donde hoy encabeza la dirigencia municipal tricolor, abrió una grieta política en el municipio. Esa grieta se vuelve más delicada porque Diego es hermano del alcalde Mauricio Estefanía, militante de Movimiento Ciudadano, y esposo de Damaris Salazar, la síndica atacada.
La política, por sí sola, explica tensiones. No explica balas. No explica que una camioneta donde viajaba una servidora pública municipal y un menor de edad haya sido rafagueada. No explica que el miedo pretenda sustituir al debate. No explica que la ambición, la revancha o la disputa por el control local terminen convertidas en una escena de terror.
Diego Armando Estefanía responsabilizó públicamente a su hermano, el alcalde Mauricio Estefanía, del atentado. Esa acusación tendrá que investigarse con rigor, sin linchamientos anticipados, pero también sin tapaderas. Porque una cosa es la presunción de inocencia, principio indispensable en cualquier Estado de Derecho, y otra muy distinta es fingir que el señalamiento no existe o reducirlo a pleito familiar.
Mauricio Estefanía no puede limitarse a deslizar que no es responsable. No basta con decir “yo no fui”, como si el asunto fuera una travesura política de sobremesa. Él es el presidente municipal de Cortazar. Es la autoridad política del municipio. Y, además, el hecho toca a su propia familia: su hermano, su cuñada y su sobrino.
Por eso resulta políticamente brutal la imagen de un alcalde que aparece más preocupado por deslindarse que por encabezar, desde su investidura, una exigencia implacable de justicia. Más aún si, como ha trascendido, se encontraba de vacaciones cuando el municipio estallaba en una nueva crisis. Hay ausencias que son administrativas; otras son profundamente simbólicas. Y en política, los símbolos también gobiernan.
El presidente municipal de Cortazar debería ser el primer interesado en que se aclare todo. No para defender una candidatura futura, una sigla partidista o una narrativa personal, sino para proteger a la ciudadanía de un municipio que no puede acostumbrarse a que la violencia sea el idioma de la disputa pública.
Lo ocurrido obliga a Guanajuato a levantar la mirada. La violencia política no nace de un día para otro. Primero aparece como insulto, luego como amenaza, después como intimidación, y cuando las autoridades voltean hacia otro lado, termina convertida en ataque armado. Así se pudren los municipios: no de golpe, sino por tolerancia acumulada.
Por eso la Federación tendría que mirar a Guanajuato con la misma lupa con la que ha mirado otros estados donde se sospecha que las municipalidades fueron penetradas por intereses criminales. El llamado Operativo Enjambre no puede ser un espectáculo selectivo ni una herramienta de temporada. Si hay municipios en riesgo, debe entrar la inteligencia federal. Si hay mandos infiltrados, deben caer. Si hay alcaldes, funcionarios, operadores políticos o legisladores vinculados con estructuras criminales, deben ser investigados, procesados y exhibidos ante la justicia.
Cortazar, por su ubicación, por sus antecedentes de violencia y por la gravedad del último episodio, tendría que estar en el mapa prioritario. No se trata de criminalizar a un municipio entero, sino de impedir que la vida pública sea secuestrada por poderes que no aparecen en las boletas, pero terminan decidiendo demasiado.
Y aquí también hay una responsabilidad local que no puede seguir recostada en la hamaca. El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, debe informar con claridad qué ha pasado con las denuncias, expedientes o investigaciones sobre presuntos vínculos de gobernantes municipales, legisladores o funcionarios estatales con el crimen organizado. Durante años han circulado versiones, señalamientos e incluso dichos de alto nivel político sobre posibles investigaciones; lo dijo en su momento el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Pero la ciudadanía sigue sin saber qué hay en firme, qué se investiga, qué se desechó y qué se está encubriendo por omisión, miedo o conveniencia.
La Fiscalía no puede operar como sótano. Menos en un estado donde la violencia política puede contaminar el proceso electoral de 2027. Si hay investigaciones, deben caminar. Si no las hay, que se diga. Pero el silencio ya no es prudencia institucional: empieza a parecer complicidad por desgaste.
Es previsible que este jueves, en la tribuna del Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del PRI, coordinado por Alejandro Arias, en el cual está la dirigente estatal del partido, Ruth Tiscareño, lleve el caso a debate. Y tendría razón en hacerlo. No sólo por tratarse de la familia de su dirigente municipal en Cortazar, sino porque la agresión contra Damaris Salazar Balderas obliga a todas las fuerzas políticas a definirse.
El PRI deberá exigir justicia. Movimiento Ciudadano deberá exigir justicia. El PAN deberá exigir justicia. Morena deberá exigir justicia. Porque si cada partido sólo condena la violencia cuando le toca a los suyos, entonces todos estarán contribuyendo a la degradación del sistema democrático.
También es momento de que Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno, use sus cualidades políticas para algo más que administrar coyunturas. Guanajuato necesita una mesa seria de distensión, respeto y garantías mínimas entre partidos, alcaldes, dirigencias y grupos parlamentarios. No una foto para boletín. No una reunión de café con sonrisas impostadas. Una ruta política real para contener agravios, documentar riesgos y aislar cualquier insinuación de que el crimen organizado ya está metiendo la mano en la vida partidista local.
Las elecciones de 2027 pueden convertirse en un polvorín si el estado llega a ellas con municipios incendiados, alcaldes bajo sospecha, dirigencias amenazadas y funcionarios públicos que creen que el poder se defiende con miedo. La democracia no se rompe solamente con fraudes electorales. También se rompe cuando la gente deja de participar porque tiene miedo. Cuando un candidato se baja porque recibió amenazas. Cuando una familia pública es atacada. Cuando un niño queda en la línea de fuego.
Guanajuato no puede permitirse ese descenso. La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, tendría que tener las alarmas encedidas desde ya y actuar en consecuencia.
El caso Cortazar exige justicia, pero también exige vergüenza. Vergüenza de clase política. Vergüenza institucional. Vergüenza humana. Porque cuando la violencia toca a los niños, ya no estamos hablando de rudeza electoral ni de pleitos entre ambiciosos. Estamos hablando de una política que, si no se detiene a tiempo, puede terminar perdiendo lo último que todavía debería conservar: el alma.
Mientras Guanajuato carga con el peso de las alertas internacionales de seguridad, San Miguel de Allende acaba de recibir una señal política nada menor: el reconocimiento de la Embajada de Estados Unidos al gobierno municipal de Mauricio Trejo Pureco por su colaboración con la comunidad internacional, particularmente con ciudadanos estadounidenses que viven, visitan o transitan por esa ciudad patrimonio cultural de la humanidad.
El contraste es poderoso.
Por un lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Guanajuato en una categoría que pide a sus ciudadanos reconsiderar su viaje, debido a riesgos relacionados con crimen, secuestro y violencia de grupos criminales. No es un dato menor ni debe minimizarse. Guanajuato tiene una crisis de seguridad real, profunda y dolorosa, especialmente en zonas del corredor industrial y del sur del estado.
Pero, por otro lado, la propia representación estadounidense reconoce a un municipio guanajuatense por su coordinación institucional, por la atención a ciudadanos extranjeros y por la capacidad de mantener canales de colaboración con autoridades consulares. Es decir: en medio de una entidad golpeada por la violencia, San Miguel de Allende aparece como un caso de gestión municipal que ha sabido construir confianza.
Eso no ocurre por generación espontánea. Un destino internacional no se sostiene sólo con fachadas bonitas, hoteles de lujo, bodas espectaculares o rankings turísticos. Se sostiene con servicios, coordinación, interlocución, seguridad, respuesta institucional y una relación madura con los distintos sectores sociales. San Miguel vive de su imagen, sí, pero también de su capacidad para no dejar que esa imagen se convierta en escenografía vacía.
Mauricio Trejo Pureco podrá tener críticos, como cualquier alcalde. Pero el reconocimiento de empresarios, colonos, comunidades y ahora de la Embajada de Estados Unidos habla de un gobierno que, por lo menos en esa materia, está haciendo varias cosas bien. Y eso molesta a quienes apostaron por la narrativa del desastre.
Porque en San Miguel de Allende hay una oposición que no critica: dramatiza. No fiscaliza: añora. No propone: descalifica desde la nostalgia del poder perdido. Los hermanos Villarreal, Ricardo y Luis Alberto, han insistido en presentar al municipio como si hubiera caído en ruinas después de su salida de la Presidencia Municipal. El discurso es conocido: antes todo era orden, después todo es caos. Antes había grandeza, después decadencia. Antes ellos, después el diluvio.
Pero la realidad suele tener la mala costumbre de arruinar la propaganda.
Si San Miguel de Allende fuera el desastre que los Villarreal describen, difícilmente recibiría reconocimientos de una representación diplomática tan cuidadosa como la de Estados Unidos. Si el municipio estuviera hundido en el abandono institucional, difícilmente mantendría la confianza de una comunidad internacional que no sólo visita, sino que vive, invierte, consume, exige servicios y tiene comunicación directa con sus consulados.
El caso de Luis Alberto Villarreal es todavía más peculiar. Ha reaparecido en San Miguel después de largas estadías en Aguascalientes, donde ha atendido sus negocios, para volver a dictar cátedra sobre lo que supuestamente ocurre en el municipio. Nada más cómodo que ausentarse de la vida cotidiana local, regresar con cara de salvador y anunciar que todo está perdido porque ya no gobiernan los de antes.
Pero más allá del desastre que los Villarreal quieren dibujar, lo verdaderamente triste para el panismo sanmiguelense es otra cosa: la ausencia de figuras nuevas. El PAN en San Miguel de Allende parece haber perdido músculo social, frescura política y capacidad de renovación. Hoy luce menos como un partido abierto a la ciudadanía y más como una franquicia familiar, administrada bajo los intereses, nostalgias y cálculos de los hermanos Villarreal.
Y así es muy difícil ganar elecciones.
Porque los partidos no sobreviven sólo con apellidos, recuerdos de viejas victorias o liderazgos que se resisten a soltar el timón. Sobreviven cuando forman cuadros, abren puertas, permiten competencia interna, escuchan a la sociedad y aceptan que ninguna familia, por influyente que haya sido, puede confundirse con una institución política completa.
Ese es quizá el mayor problema del PAN en San Miguel: no sólo perdió el gobierno, también parece haber perdido la imaginación. En lugar de construir una alternativa moderna, ciudadana y competitiva, insiste en girar alrededor de los mismos nombres, las mismas heridas y las mismas ambiciones. Y cuando un partido se vuelve patrimonio de grupo, tarde o temprano deja de hablarle a la gente para hablarse a sí mismo.
La crítica democrática es necesaria. La fiscalización es saludable. El contraste de proyectos es indispensable. Pero otra cosa es convertir la política en resentimiento turístico: venir de vez en cuando, tomarse la temperatura electoral, declarar que la ciudad se cae a pedazos y esperar que la gente olvide que San Miguel de Allende sigue caminando, sigue atrayendo visitantes, sigue sosteniendo comunidad internacional y sigue siendo una marca mundial.
El reconocimiento estadounidense no vuelve perfecto al gobierno de Mauricio Trejo. Ningún reconocimiento lo hace. Pero sí desmonta la caricatura de quienes quisieran vender la idea de un municipio ingobernable. San Miguel de Allende tiene problemas, como todos los municipios. Tiene retos de movilidad, crecimiento urbano, servicios, desigualdad y seguridad. Pero también tiene algo que muchos municipios han perdido: una narrativa de confianza hacia dentro y hacia fuera.
Y en política, la confianza vale oro.
Sobre todo en un estado donde otros municipios están atrapados entre la violencia, el sospechosismo y la ambición desbordada. Mientras Cortazar exhibe el rostro más amargo de una política que puede pudrirse si se deja cruzar por el miedo, San Miguel de Allende muestra que la autoridad local todavía puede construir puentes, generar interlocución y ganar respeto más allá de las fronteras.
Ese es el verdadero contraste: no entre partidos, sino entre estilos de gobierno. Entre quienes entienden que gobernar exige cuidar personas, destinos y reputaciones, y quienes creen que la política es una prolongación de sus rencores.
Guanajuato necesita menos políticos incendiarios y más autoridades capaces de sostener paz pública. Menos ambición deshumanizada y más responsabilidad institucional. Menos propaganda del desastre y más resultados verificables. Y en el caso del panismo sanmiguelense, necesita también una reflexión seria: ningún partido puede aspirar a recuperar la confianza ciudadana si antes no se atreve a dejar de ser rehén de sus propios apellidos.
Porque al final, los municipios no se gobiernan con nostalgia, bravatas ni deslindes. Se gobiernan con presencia, coordinación y humanidad.
Y eso, visto desde Cortazar y desde San Miguel de Allende, hoy marca toda la diferencia.
