Porque proteger la apicultura es resguardar una actividad estratégica para cientos de familias rurales y para el equilibrio de los ecosistemas agrícolas, la diputada Rocío Cervantes propuso un Punto de Acuerdo para combatir la comercialización de miel adulterada.
Dijo que proteger la autenticidad de la miel significa defender un producto con miles de años de historia y tradición, pero también, el patrimonio de las familias apicultoras y el derecho de las personas consumidoras a adquirir productos genuinos.
Resaltó además que las abejas, con su labor de polinización, contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la producción de alimentos.
Presentado en sesión de la Diputación Permanente, su Punto de Acuerdo contempla exhortar a responsables de instancias federales y estatales que cuentan con facultades necesarias para prevenir, combatir y sancionar la comercialización de miel adulterada.
Entre las consideraciones que sustentan su planteamiento, destacó el hecho de que la comercialización de miel adulterada, elaborada mediante mezclas de jarabes y azúcares, ponen en riesgo la viabilidad de la apicultura porque se constituye en una competencia desleal que impacta negativamente su rentabilidad.
“A ello se suman los efectos del cambio climático -sequías prolongadas y altas temperaturas- que disminuyen la floración y reducen la disponibilidad de néctar y polen, provocando una menor producción de miel”, así como el uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos, presencia de plagas y enfermedades que afectan a las colmenas, y la falta de acceso a mercados con mejores condiciones de comercialización, agregó.
En ese sentido, Cervantes Barba, quien habló de las bondades de la miel natural, a la que definió como uno de los alimentos más antiguos, al que diversas culturas reconocieron sus propiedades alimenticias, medicinales y ceremoniales, anotó que es indispensable que desde el ámbito legislativo se impulsen políticas públicas que fortalezcan la apicultura.
“Políticas públicas que fortalezcan la apicultura mediante mecanismos de certificación y trazabilidad de la miel, apoyos para la modernización de la actividad, programas de capacitación, accesos a mejores mercados y acciones efectivas para combatir la comercialización de miel adulterada”, puntualizó.
Precisó que sólo mediante una estrategia integral será posible combatir la adulteración de la miel, salvaguardar el prestigio de la miel, garantizar condiciones equitativas para las y los apicultores y proteger el derecho de la población a consumir productos auténticos y de calidad.
Su propuesta de Punto de Acuerdo contempla exhortar a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y de Economía (SE), así como a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Y, en el nivel estatal, a la Secretaría del Campo, con competencia para impulsar esquemas de certificación, trazabilidad, diferenciación de productos, agregación de valor y vinculación comercial que fortalezca la actividad apícola, y para coordinar acciones orientadas a preservar la calidad y autenticidad de la miel.
Y a la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), la cual, a través de instancias competentes en protección contra riesgos sanitarios, participa en la vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria aplicable a los alimentos, así como en acciones de verificación, muestreo y control ante presunción de incumplimiento de las disposiciones en ese campo.
En su propuesta, destaca además que corresponde a la Secretaría del Campo fomentar políticas públicas que protejan a las y los apicultores frente a prácticas de competencia desleal.
