Firewall ciudadano: claves y controles. Precampañas: el vacío

Los apellidos ya están a la vista: Navarro, Domínguez, Garibay, Smith. En Guanajuato ya no esperan al silbatazo. Desde mayo, espectaculares de 18 mil pesos al mes, lonas y bardas aisladas han comenzado a poblar la capital y sus alrededores como hongos después de la lluvia. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) mira y no puede hacer nada. No porque no quiera, sino porque la ley le ata las manos: necesita una denuncia para actuar.
Opinión17 de julio de 2026 Miguel Allende Foulques

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Los apellidos ya están a la vista: Navarro, Domínguez, Garibay, Smith. En Guanajuato ya no esperan al silbatazo. Desde mayo, espectaculares de 18 mil pesos al mes, lonas y bardas aisladas han comenzado a poblar la capital y sus alrededores como hongos después de la lluvia.

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) mira y no puede hacer nada. No porque no quiera, sino porque la ley le ata las manos: necesita una denuncia para actuar. De oficio, ni un paso. Así, mientras las bardas se multiplican y los rostros se repiten, el árbitro espera a que alguien grite falta. Y mientras espera, el partido sigue.

Las cifras no mienten. En lo que va de 2026, el IEEG ya acumula siete denuncias por actos anticipados de campaña: cuatro en Dolores Hidalgo, tres en Irapuato. Iguala el total de todo el año pasado. Pero lo que no aparece en los números es lo que no se denuncia: los municipios donde las bardas crecen y nadie pone el grito en el cielo. La presidenta del Consejo General, Brenda Canchola Elizarráraz, lo explica con la paciencia de quien repite la lección: la unidad de quejas decide si procede, y solo entonces se investiga. Mecánica burocrática contra realidad electoral.

Dos casos sirven de termómetro. En Dolores Hidalgo, el alcalde Adrián Hernández y Michel Karine Reyes, presidenta del DIF municipal, fueron denunciados por publicar en Facebook la donación del sueldo de ella. El IEEG dijo: no es campaña, no es uso indebido de recursos; es promoción personalizada. Multa simbólica: 1,414 pesos para cada uno. El denunciante, un regidor suplente, considera la sanción una burla. Y tiene razón. En Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro y su hermana Claudia, también al frente del DIF, fueron denunciadas por la misma infracción. La denuncia fue desechada. El patrón se repite: alcalde-familiar, DIF como vitrina, redes sociales y bardas como campo de batalla. De los aspirantes del municipio de León mejor ni hablamos.

El IEEG ha recibido apenas dos denuncias específicas por pinta de bardas en todo el estado. Dos. En un territorio donde los colores partidistas ya tiñen muros y espectaculares. El instituto pidió a los partidos evitar esas prácticas, pero no puede investigar de oficio. La petición es un papel mojado.

El IEEG no silba. El INE tampoco. En la mesa nacional el INE tampoco pita. Desde junio, Morena, PAN y PRI ya registraron aspirantes a "coordinadores de defensa de la soberanía" y otros títulos que suenan a ópera, pero saben a precampaña. El INE no tiene lineamientos para regular estas actividades. El consejero Arturo Castillo Loza lo ha dicho con una franqueza que duele: "El INE no está arbitrando un partido que empezó hace mucho tiempo". El Consejo General pospuso la emisión de lineamientos para fiscalizar los procesos internos anticipados. La ley no lo prevé, pero una sentencia del TEPJF de 2023 lo permite. Así, más de 300 militantes de Morena recorren el país organizando actos públicos rumbo a las 17 gubernaturas de 2027, mientras el árbitro mira el reloj y no pita.

Castillo Loza propone una solución que parece sensata: fiscalizar desde ahora, y si se acreditan actos anticipados, que esos gastos se sumen a los topes de campaña. La equidad de la contienda depende de ello. Pero la propuesta está en el aire, como las promesas de los aspirantes.

El fenómeno ya tiene nombre: “pre-pre-precampaña”. Una ficción legal que permite hacer campaña sin llamarla campaña, gastar sin reportar, aparecer sin competir. El banderazo se dio medio año antes del inicio oficial. La Constitución no lo dice, pero la realidad lo impone. Los jugadores ya están en la cancha. Los árbitros esperan denuncias. El partido empezó. Solo falta que alguien se atreva a silbar.

Mientras tanto en Guanajuato… La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, ese organismo que suele despertar solo cuando el escándalo causa nauseas, ha decidido moverse. Dos denuncias: una de oficio, otra de un ciudadano con más dignidad que muchos funcionarios. La alcaldesa Smith, fiel a su estilo, se enrolla en su interpretación: tenía permisos, dice. Los padres accedieron. Como si el consentimiento de unos cuantos justificara convertir a un niño en altavoz de una consigna que promueve violencia. ¿Qué es lo que no ve? ¿Será que la soberbia, como las malas hierbas, se transmite por ósmosis?

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