Leticia Aguayo Soto
¿Pesa el tema de la seguridad en las negociaciones comerciales con Estados Unidos? Es una pregunta que flota permanentemente entre analistas, empresarios y entre el público en general.
Le puedo responder con certeza plena que cuando se trata de negociaciones como las que se están realizando esta semana en México, este tema no está presente.
Las discusiones entre los equipos negociadores de los dos países tienen que ver estrictamente con asuntos comerciales y económicos.
Sin embargo, el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, en una reciente audiencia en el Capitolio señaló que al presidente Trump le resultaría difícil aceptar una revisión del T-MEC si México no colabora en todas las áreas con Estados Unidos.
Es decir, la seguridad sí se vincula al tema del comercio, pero no en las negociaciones en sí mismas, sino en la percepción general que tiene Trump respecto a México.
Esta distinción no es menor y conviene entenderla con precisión, sobre todo después de que el pasado 1 de julio Estados Unidos decidió no extender el Tratado en su forma actual hasta 2042, con lo que el T-MEC quedó sujeto a revisiones anuales que mantienen viva la incertidumbre sobre su futuro.
La ronda de negociaciones que se realiza esta semana en la Ciudad de México, con la presencia del propio Greer, tiene una agenda estrictamente económica: acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, asuntos laborales, agricultura y servicios de pago electrónico.
En vísperas de su viaje, Greer declaró ante el Comité de Finanzas del Senado que espera tener antes de que termine el año opciones de acuerdos provisionales con México, aunque anticipó que los temas más complejos, como las reglas de origen y los asuntos laborales y ambientales, seguirán discutiéndose durante 2027.
Cuando el USTR habla de “seguridad económica” no se refiere al fentanilo ni a los cárteles, sino a los controles de exportación de bienes de doble uso (militar y civil), a las reglas de origen y al cierre de los espacios por los que insumos chinos se cuelan a las cadenas de la región.
Pero hay una segunda dimensión, que corre por un carril paralelo: la evaluación política que hace la Casa Blanca de México como socio integral. Y no todo han sido críticas de funcionarios estadounidenses en este terreno.
El secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, declaró ante el Congreso que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido “mucho más cooperativo” que la administración anterior en materia de seguridad.
Incluso el propio USTR reconoció por escrito avances de México en varios rubros, entre ellos la publicación, este mismo mes, de una regulación de exportaciones de bienes de doble uso alineada con los controles estadounidenses.
El contraste lo puso el director de la DEA, Terry Cole, quien en su más reciente comparecencia ante el Senado sostuvo que durante años existió colusión entre narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos, señalamientos que el gobierno mexicano rechazó por falta de sustento.
En Washington conviven, pues, dos narrativas sobre México. Y ninguna de las dos constituye una garantía o una condena. La decisión final pasa por el escritorio de Trump, y su vara de medición es subjetiva y cambiante: lo que hoy es cooperación ejemplar puede convertirse mañana en insuficiencia, según el humor político del momento.
Ahí está el caso de Canadá: apenas esta semana, Trump impuso nuevos aranceles por cerca de 20 mil millones de dólares a productos canadienses, con base en la Ley Arancelaria de 1930, en plena revisión del Tratado.
La lección es clara: la cooperación no compra inmunidad, aunque la falta de cooperación sí garantiza el castigo.
¿Qué pueden hacer entonces los negociadores mexicanos? Lo que está en sus manos: avanzar todo lo posible en los ámbitos de su competencia.
Si el expediente técnico llega limpio al escritorio de Trump —reglas de origen acordadas, controles de exportación armonizados, diferencias laborales y agrícolas resueltas—, el margen para un descarrilamiento por razones extracomerciales se reduce, aunque no desaparece.
El propio Greer lo dijo la semana pasada en el Foro de Seguridad de Aspen: las pláticas con México “van bien” porque los mexicanos son “pragmáticos”. Ese pragmatismo es hoy el principal activo negociador de nuestro país.
La seguridad, en cambio, se procesa en otras mesas: la del Gabinete de Seguridad con sus contrapartes y, sobre todo, la de la relación directa entre las presidencias de los dos países.
Mantener separados los carriles, sin perder de vista que al final convergen en una sola decisión en Washington, es quizá la tarea más delicada de la diplomacia económica mexicana en los próximos meses.
Ni la cooperación reconocida por los propios funcionarios estadounidenses asegura un buen desenlace, ni la subjetividad de Trump lo condena de antemano.
Lo que sí puede afirmarse es que México llegó a esta etapa de la revisión con diversas cartas a su favor, más de las que usualmente se reconocen.
