Para el diputado Alejandro Arias, es momento de que el servicio publico de pasaje, a cargo de gobiernos o concesionado, inicie una modernización progresiva de sus unidades para garantizar el abordaje autónomo de personas con discapacidad y de movilidad disminuida.
En sesión de la Diputación Permanente presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que tiene como objetivo que personas con discapacidad y de movilidad reducida puedan subir a un camión de pasaje urbano y suburbano con autonomía, seguridad y dignidad, por sus propios medios.
En su exposición de motivos resaltó que la calidad del servicio público de pasaje -urbano y suburbano- no se mide por la cantidad de rutas ni por la cantidad de personas que moviliza, sino por su capacidad de no excluir a nadie.
Sostuvo que, sin embargo, hoy en día, para miles de guanajuatenses abordar un camión de pasaje, sigue siendo una barrera que algunos sortean con ayuda de un tercero, y no un instrumento de inclusión.
Al respecto, anotó que casi un millón de personas, equivalente al 16% de los más de seis millones que habitan el estado, presentan alguna discapacidad, y resaltó que no se trata de un grupo minoritario, sino de un sector social que exige respuestas legislativas.
Destacó que lo que se propone es una modernización gradual, técnicamente viable y que considere finanzas de municipios y concesionarios y, de hecho, su iniciativa no exige que todas las unidades del transporte público cuenten con rampas o plataforma -mecánicas o eléctricas- para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que viajan en silla de ruedas.
Contempla, de hecho, que en cada ruta haya por lo menos una unidad equipada con sistemas de accesibilidad y, además, que la regulación de la tarifa considere la inversión que se haya realizado para atender esa realidad, así como promoción de créditos para materializar el equipamiento progresivo de vehículos que prestan ese servicio.
Asimismo, que, para garantizar el abordaje autónomo, también se considere la implementación de unidades sistemas de arrodillamiento.
Su propuesta también establece facultades del Ejecutivo del estado y de los Ayuntamientos para que se cumpla con la modernización progresiva que se plantea, y las obligaciones de permisionarios y concesionarios para invertir a fin de que en cada ruta haya por lo menos una unidad con sistema para ascenso y descenso de personas con discapacidad y de movilidad reducida.
