Ayer, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, pusieron sobre la mesa el costo de revertir la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007: alrededor de 7 billones de pesos.
Para dimensionar la cifra, conviene traducirla a un lenguaje más familiar: equivale a cerca de 20 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, una quinta parte de todo lo que la economía mexicana produce en un año tendría que destinarse a reconstruir el viejo sistema solidario.
Así sea un costo que se distribuye a lo largo de varias décadas, es una cantidad que está fuera de toda proporción y de todo alcance.
Pero si se cree que basta con no revertir la reforma para evitar que se nos venga encima un problema presupuestal por el pago de pensiones, es que no hemos visto la película completa.
Déjeme comenzar por el principio: la reforma de 1997 que creó el sistema de las Afores.
Antes de esa fecha, los trabajadores afiliados al IMSS tenían garantizado su retiro bajo un esquema que se denomina de “beneficio definido”. Es decir, bastaba con cumplir las semanas de cotización requeridas para obtener una pensión vitalicia que se calculaba con el promedio del salario de los últimos cinco años.
Ese esquema de retiro, fijado en la reforma a la Ley del IMSS de 1973, era compatible con una estructura demográfica en la que había muchos cotizantes y pocos jubilados. Se estima que entonces había una proporción de 9 a 10 trabajadores activos por cada pensionado.
Para la fecha en que se aprobó la creación de las Afores, esa proporción ya había bajado a entre 6 a 7 cotizantes por cada jubilado, con una tendencia decreciente que era visible y que, desde entonces, no se ha detenido. Hoy se estima que esa proporción sea de 4 a 5 cotizantes por cada jubilado.
Para los trabajadores que ingresaron a la fuerza laboral y empezaron a cotizar al IMSS después de julio de 1997, ya no existe la opción de retirarse bajo la Ley de 1973: solo pueden hacerlo en el marco del sistema de las Afores.
En principio, quien hubiera trabajado de manera continua desde julio de 1997 hasta hoy ya tendría las semanas de cotización necesarias para retirarse. Sin embargo, como lo más usual es una cotización discontinua, la información disponible indica que la mayor parte de los retiros ocurre ahora, y seguirá ocurriendo durante los próximos años, bajo la Ley de 1973.
Esto significa que la presión del pago de las pensiones será todavía muy grande por algunos años. Y no se trata de una hipótesis: ya está inscrita en las cifras.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, el pago por concepto de pensiones y jubilaciones creció 29 por ciento en términos reales entre 2020 y 2025 y sumó el año pasado 1 billón 611 mil millones de pesos. Ese monto corresponde a las pensiones contributivas del IMSS, el ISSSTE, Pemex y la CFE, y ni siquiera incluye la Pensión del Bienestar para los adultos mayores.
Para ponerlo en perspectiva, ese solo rubro ya absorbe cerca de 17 de cada 100 pesos del gasto total del sector público, su nivel más alto en una década. Y avanza a costa de otras prioridades: la inversión física del gobierno cayó alrededor de 28 por ciento en términos reales en 2025. Cada peso que se va al pago inercial de los retiros es un peso que no llega a la infraestructura, la salud o la educación.
Si esta tendencia se mantuviera hasta el año 2030, el monto pagado en ese año sería de 2 billones 78 mil millones de pesos. Es decir, simplemente por el efecto inercial de los retiros, el Presupuesto de Egresos debería contemplar 467 mil millones de pesos adicionales, a precios de 2025, respecto a los que ya se desembolsan hoy. La cifra nominal será, con toda seguridad, todavía mayor.
A través del programa social que otorga una pensión universal a los adultos mayores, se procuró que las personas de la tercera edad cuenten con, al menos, un recurso mínimo. Pero lo que no hemos atendido como país son las fuentes de financiamiento, tanto para ese programa como para el pago de las llamadas pensiones contributivas.
Quizás en el curso de la próxima década, cuando empiece a crecer la proporción de los retiros tramitados a través de las Afores, la presión comience a aligerarse. Algunos análisis ubican el punto de máxima tensión para las finanzas públicas hacia el periodo 2032-2034.
Sin embargo, tenga la certeza de que en los próximos años, la presión de las pensiones seguirá viva.
El debate sobre la reforma del ISSSTE no debería distraernos del problema de fondo: México todavía no decide cómo va a pagar, al menos a lo que ya se comprometió en las leyes.
