La Comisión de Desarrollo Económico y Social aprobó el dictamen de la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, así como al Consejo Nacional de Población, para que, en coordinación con instituciones de educación superior, centros de investigación y personas especialistas en demografía, economía, salud pública, educación, seguridad social y desarrollo urbano, convoquen a un proceso nacional de análisis, diálogo técnico y prospectiva respecto de las implicaciones económicas, sociales, presupuestales y territoriales derivadas del Programa Nacional de Población 2026-2030.
Lo anterior con el propósito de fortalecer la planeación del Estado mexicano y anticipar de manera oportuna e integral soluciones ante los desafíos asociados al envejecimiento poblacional, la disminución de la fecundidad, las transformaciones en la demanda educativa, el cierre del bono demográfico, los cambios en el mercado laboral, la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones, así como la reorganización territorial y demográfica de la población.
La diputada Ana María Esquivel Arrona indicó que los cambios demográficos representan uno de los mayores desafíos para el diseño de las políticas públicas del presente y del futuro. Resaltó que la conversación demográfica ya está transformando la sociedad y dijo que las decisiones que se tomen hoy determinarán la capacidad para responder a esa nueva realidad.
Asimismo, manifestó que las políticas públicas no pueden seguir diseñándose como si la estructura poblacional permaneciera inalterada, sino que deben anticiparse y adaptarse a los cambios que ya están en marcha.
Finalmente, afirmó que no se trata de responder únicamente a las necesidades del presente sino de preparar el Estado para las realidades de las próximas décadas, ya que la evolución demográfica impacta a la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la movilidad, los sistemas de cuidados y las finanzas públicas, por lo que reconocer ese cambio y actuar con visión estratégica permitirá construir políticas centradas en las personas y el mejor momento para anticiparnos era ahora.
Además, se dio cuenta con la propuesta para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que asuma su responsabilidad por las afectaciones ocasionadas a las personas usuarias y a los pequeños negocios derivadas de las interrupciones recurrentes del suministro y de las variaciones de voltaje atribuibles a la prestación del servicio público de energía eléctrica; fortalezca los mecanismos de atención, trámite y resolución de las reclamaciones mediante procedimientos ágiles y accesibles; y garantice la reparación integral de los daños ocasionados. Al respecto, se acordó solicitar información a la autoridad que se pretende exhortar con un plazo de 20 días hábiles.
Finalmente, se aprobó la ampliación de la metodología de análisis de tres iniciativas de reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato que buscan garantizar en la ley condiciones para la pensión a personas con discapacidad permanente; garantizar la asignación directa de recursos públicos a estos pueblos y comunidades y fortalecer la protección social y garantizar condiciones mínimas de dignidad para personas pensionadas y personas con discapacidad permanente.
La primera y la tercera se someterán a consulta previa de personas con discapacidad y la segunda a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Ana María Esquivel Arrona (presidenta), Maribel Aguilar González, Víctor Manuel Zanella Huerta, Carolina León Medina y Sergio Alejandro Contreras Guerrero.
