El Departamento del Tesoro congela los bienes de 22 empresas y personas vinculadas al Cartel de Sinaloa, entre ellas una diputada de Morena

Hacienda ha instruido bloquear administrativamente a siete personas acusadas de presunto lavado de dinero, entre ellas la diputada oficialista Hilda Brown.

Política18 de septiembre de 2025 REDACCIÓN
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Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra el Cartel de Sinaloa. En el marco de su política antidrogas, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha dado a conocer este jueves la congelación de los bienes y propiedades en Estados Unidos de 22 objetivos en México vinculados a esta organización criminal. El comunicado incluye a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, por quien el Departamento de Estado ha ofrecido este martes una recompensa de cinco millones de dólares, acusado de tráfico de drogas y de armas. Junto a este cabecilla del grupo delictivo, también se incluye a otras seis personas, entre ellas la diputada de Morena, Hilda Brown, y 15 empresas con base en Rosarito, Baja California. El anuncio se hace en medio de la visita a México de un alto funcionario estadounidense encargado de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha emitido un comunicado este jueves en el que señala que realizará el bloqueo administrativo a las personas y empresas señaladas, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense, todas las propiedades o bienes de las personas y empresas sancionadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan embargadas y deben ser reportadas a la OFAC. Adicionalmente, en el documento se estipula que cualquier entidad, organismo o empresa que sea propiedad, de forma directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de estos presuntos involucrados en la estructura del Cartel de Sinaloa, también quedan congelados.

El anuncio de las sanciones de Estados Unidos a estas personas y empresas se da en el marco de la visita, este jueves, a Ciudad de México del subsecretario para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, John K. Hurley. En un comunicado, el Departamento del Tesoro ha explicado que la visita de la autoridad tiene el objetivo de abordar la amenaza que representan los carteles de la droga y el financiamiento ilícito. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha confirmado durante su conferencia Mañanera que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión con Hurley en el marco de la relación bilateral y agenda de cooperación antidrogas de ambos países.

Influencia de Los Mayos en Rosarito

El documento hace énfasis sobre Los Mayos y su extensivo control territorial en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los hermanos Alfonso y René Arzate, más conocidos como Aquiles y La Rana, respectivamente, jefes de plaza del Cartel de Sinaloa en Tijuana. Uno de los pueblos controlados por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera a unos 24 kilómetros al sur de la frontera entre EE UU y México, en California.

La OFAC apunta que los hermanos Arzate han utilizado la influencia de Candelario Arcega, un operador político, para “corromper y ejercer” control sobre el Gobierno municipal de Rosarito, específicamente durante la gestión de Hilda Brown, entre 2021 y 2024. La exalcaldesa es ahora diputada por la bancada de Morena, el partido de Gobierno.

“Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar sectores del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en altos cargos dentro del gobierno de Rosarito. Trabajando juntos, González [Jesús, un empresario], Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, dice otro fragmento del documento.

La OFAC menciona que por la proximidad entre ambos territorios, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crucial para el Cartel de Sinaloa en el contrabando de drogas hacia el norte. Asimismo, apunta que René Arzate controla esta comunidad a través de varios socios, entre ellos Mario Herrera y Karlo Herrera. Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González, un magnate empresarial de la comunidad costera y a quien el organismo estadounidense señala como operador financiero de “alto rango” del Cartel de Sinaloa.

“González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares de ganancias ilícitas del narcotráfico en nombre del Cartel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otras figuras de alto nivel, como El Ruso”, agrega el documento.

El comunicado de la OFAC señala a Ponce como seguidor del capo caído en desgracia Ismael El Mayo Zambada, quien en pasado agosto se declaró culpable de narcotráfico en EE UU. También indica que El Ruso es el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos, una de las facciones que se disputa el control del Cartel de Sinaloa contra Los Chapitos, el grupo controlado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Además de designar a las personas clave alineadas con Los Mayos en la red de Playas de Rosarito, la OFAC también ha señalado a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar; Grupo JRCP; Sabor Tapatío; Gotoco Alimentos Procesados ; Grupo Hotelero JJJ; Complejo Turístico JJJ; Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R; Alimentos Y Desvío Insurgentes; Sunset Servicios Gastronómicos; JJ Gonver; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México; Veintiuno Mexicali; Coco Beach Bar; y Cavally Antro & Bar. El comunicado también señala a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha apuntado que la incorporación en la lista de personas bloqueadas es una medida de carácter preventiva, no una determinación judicial y ha especificado que “no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”. “La UIF realizará el análisis de información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes”, detalla el comunicado.

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